La sobrerregulación normativa está ahogando la capacidad operativa de las empresas y está empezando a afectar a la propia actividad económica y, además, les impide crecer. Por ello, la patronal CEOE ha vuelto a denunciar el exceso de burocracia y la hiperregulación que sufren, que volvió batir récords el pasado ejercicio, al cerrar como el quinto año con mayor actividad legislativa de la última década. Según los cálculos de su último informe de producción normativa, correspondiente al año 2024, con los 1,298 millones de páginas de normas publicadas en España "se podrían imprimir 811 ejemplares de la Biblia" y su peso neto real equivaldría "al de 13 vacas lecheras".

Los empresarios alertan de que pese a la parálisis parlamentaria por la posición de debilidad del Gobierno y a la fragmentación parlamentaria, el año pasado el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó 719 normas, un 5% más que el año anterior a través de los boletines oficiales, tanto de ámbito estatal como autonómico, en los que se publicaron las 1,298 millones de páginas, una cantidad que apilada "mediría lo mismo que un edificio de 40 plantas, es decir, unos 130 metros de altura, y con la que se podrían cubrir 385,5 kilómetros de distancia, lo mismo que ir de Madrid a Valencia".

Los continuos cambios normativos que se suceden de forma diaria suponen para el tejido empresarial una necesidad continua de adaptación "para mantenerse al día con la legislación vigente, lo que supone una dedicación considerable de recursos y esfuerzos, lo que impacta negativamente en su competitividad". Por ello, CEOE destaca la importancia de contar "con un marco jurídico estable y confiable, fundamental para el desarrollo económico y el bienestar social".

El informe hace una nueva y gráfica equivalencia para hacer ver el grado de burocracia que sufren las empresas, sobre todo las pymes: "Para estar al corriente de todas las actualizaciones legislativas, una persona debería leer, aproximadamente, 3.557 páginas diarias, que equivale a leer El Quijote completo tres veces cada día".

El informe detalla que en 2024 se publicaron 11 decretos leyes, con una proporción del 46% sobre el total de normas con rango de ley, frente al 32% de 2023, lo que refleja una continua y excesiva "justificación de la urgente necesidad para legislar". Las leyes orgánicas experimentaron un ligero aumento, pasando de cuatro en 2023 a seis en 2024, mientras que el número de leyes ordinarias cayó y pasó de 13 en 2023 a siete en 2024. Además, se aprobaron 379 órdenes ministeriales, 20 más de las que salieron adelante en 2023

En cuanto a las páginas del BOE, el Ejecutivo publicó 259.445 páginas, un 8,7% más que el año precedent. Por contra, la producción normativa de las comunidades autónomas sí descendió un 39,8%, con 175 normas publicadas frente a las 291 de 2023. Pese a ello, destaca el incremento de las páginas publicadas en los boletines oficiales de Cataluña (+15%), que le coloca por noveno año consecutivo en la región con mayor producción normativa de España, casi triplicando la media anual del resto de comunidades. Destaca también el subidón que ha sufrido Cantabria (+20%). Le siguen Andalucía, Castilla y León, Madrid y la Comunidad Valenciana.

En total, el año pasado se aprobaron 894 normas, lo que equivale a casi dos novedades legislativas cada día. Junto a ello, el informe apunta que el 46% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en España en 2024 tiene su origen en las instituciones europeas. Según el informe sobre la Adopción de la legislación europea en España, el año pasado la producción normativa en el ámbito europeo generó 2.790 actos jurídicos: 1.399 Reglamentos, 50 directivas y 1.341 decisiones. Esto es un 28% más que el ejercicio anterior, con lo que 2024 se convierte en el tercer año con mayor producción normativa europea desde 2016. La legislación total vigente en la UE asciende a 34.281 normas, de las que 31.303 son directivas, reglamentos, decisiones y normas y 2.978 son acuerdos internacionales.

Esta hiperregulación de las Administraciones Públicas y su excesivo intervencionismo institucional está generando "efectos adversos sobre la actividad económica al introducir ineficiencias en la asignación de recursos y desincentivar la inversión y la innovación, minando el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo empresarial". Así lo advertía el Instituto Juan de Mariana en su último informe «La curva de Laffer regulatoria», en el que alertaba de que "de la misma forma que unos impuestos excesivamente altos minan el potencial recaudatorio, al destruir actividad económica, el exceso de regulación tiene consecuencias negativas que golpean de forma directa al crecimiento al bienestar de los ciudadanos".

Sus analistas califican la sobrerregulación como un "impuesto oculto" con un coste cercano a los 70.000 millones de euros, equivalente a 1.470 euros por ciudadano o 4.410 euros por hogar. La nota cosechada por España en el Índice de Complejidad Regulatoria ha caído de 26,11 puntos en 2015 a 13,17 puntos en 2022, un desplome del 50%, que pone de manifiesto "la evolución a peor de nuestro marco normativo. De un total de 63 economías desarrolladas y emergentes, hemos pasado del puesto 50 a la antepenúltima posición del ranking",

Desde CEOE recuerdan que los recientes informes Letta ('Mucho más que un mercado'), y Draghi ('El futuro de la competitividad de Europa') abogan por una reducción de las cargas administrativas "para recuperar el dinamismo económico en Europa y por un refuerzo del mercado interior europeo como garantía para una mayor competitividad, en un contexto global altamente competitivo". En esta misma línea, la patronal europea BusinessEurope lanzó en enero un llamamiento urgente, con 68 acciones concretas, para reducir de manera integral la creciente carga regulatoria sobre las empresas que operan en la UE. Más del 60% de ellas consideran la regulación como una barrera para la inversión.