Las empresas paralizan inversiones por falta de mano de obra

En el país de los 2,7 millones de parados -registrados oficialmente, pero que análisis independientes elevan por encima de los tres millones- las empresas no encuentran trabajadores. O, para ser precisos, no encuentran el tipo de trabajador que se adecúe a sus necesidades. Y este desajuste entre oferta y demanda está pasando factura a las compañías, que están empezando a congelar e incluso a paralizar inversiones, según alerta Cepyme, la patronal de los pymes.

En un documento titulado "Propuestas de Cepyme para el nuevo gobierno", la organización empresarial alerta de que dos de los principales desafíos a los que se enfrenta el tejido empresarial español es que se garanticen unos costes laborales competitivos, en lo que a las cotizaciones se refiere; y luchar contra el déficit creciente de oferta de mano de obra. Un déficit que, según Cepyme, resta a la actividad nacional en el corto plazo, pero también en el medio plazo ya que, según advierte, "las empresas están posponiendo inversiones o suspendiéndolas porque no encuentran profesionales para llevarlas a cabo y, sobre todo, para poder poner en valor dichas inversiones en el medio plazo".

Las pymes, muy afectadas

Para esta patronal, el problema creciente de las vacantes sin cubrir "resta competitividad a España en sectores tradicionales, pero especialmente en las nuevas actividades. Faltan profesionales en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación y los proyectos vinculados con la transición ecológica y, en general, en los ámbitos de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas". Una escasez que, según añade y lamenta Cepyme, afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas debido a "sus mayores limitaciones para atraer a este tipo de profesionales sin los que resulta imposible que España cierre su importante brecha en cuanto a inversión en I+D+i y que condiciona negativamente su capacidad de crecimiento futuro".

Para lograr adecuar la oferta a la demanda de mano de obra, Cepyme propone acoplar la formación académica y las necesidades de las empresas y avanzar hacia la consecución de "un sistema de educación que promueva un capital humano de calidad". Al mismo tiempo, apuesta por "continuar potenciando las oportunidades que brinda la Formación Profesional, con objetivos múltiples: recualificación de desempleados, formación continua y propiciar una reducción del número de vacantes". También considera que sería necesario actualizar las políticas activas y pasivas de empleo y dar forma a un sistema transfronterizo de circulación de trabajadores que dote de seguridad a trabajadores y empresas.

Freno a las subidas del SMI

En cuanto al otro gran desafío, lograr unos costes laborales competitivos pasa, según Cepyme, por generar un marco competitivo de cotizaciones sociales y, según advierte también, por frenar las subidas del salario mínimo (SMI). En su opinión, es necesario "cesar en la rápida tendencia alcista del SMI llevada a cabo en los últimos años y considerar la productividad de las empresas y su impacto en el empleo a la hora de evaluar nuevas alzas". Para la patronal, se ha puesto un énfasis excesivo en que el salario mínimo alcanzara el equivalente al 60% del salario medio nacional, "cuando eso no se cumple en ningún país europeo". De hecho, añade, el salario mínimo "excede largamente esa proporción en muchas provincias, en particular las afectadas por problemas de despoblación". Ese coste laboral mínimo, advierte la organización, se ha tornado inasumible para muchas pymes, en particular en el sector servicios.

Cepyme también vuelve a incidir en algunas de las reivindicaciones clásicas de los empresarios para dinamizar su actividad, como reducir la presión fiscal empresarial y promover el ahorro y la atracción de la inversión, promover un sistema tributario eficiente, que minimice la cargas que afectan especialmente a las pymes; eliminar los impuestos que no existan o sean minoritarios en nuestro entorno o limitar la implantación de nuevas cargas fiscales de carácter medioambiental y articular un marco fiscal común en este ámbito para todas las Comunidades Autónomas.