El error de los trenes de Cantabria y Asturias costará más de 20 millones de euros públicos

El error con las medidas de los trenes de Cercanías de Cantabria y Asturias que Renfe ha encargado al fabricante vasco CAF acabará teniendo un coste que, en principio, no estaba previsto para las arcas públicas. Aunque el Gobierno ha asegurado desde que estalló el escándalo que el hecho de no haber comenzado a fabricar los trenes ha evitado que se malgastaran recursos públicos y que no se había producido ningún sobrecoste en el proyecto, la realidad es que las compensaciones que el Ejecutivo ha tenido que dar a ambas comunidades autónomas para apaciguar los ánimos -y proteger de paso los votos de los respectivos gobernantes, uno socialista, Adrián Barbón; y otro aliado del PSOE, Miguel Ángel Revilla; en las elecciones autonómicas de primavera- tendrán un coste que rondará los 20 millones de euros.

El pasado día 20 de febrero, el mismo en que se conocieron las salidas de Isabel Pardo de Vera como secretaria de Estado de Transportes y de Isaías Táboas como presidente de Renfe por la crisis; el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) anunció que, en compensación por el retraso en la entrega de los nuevos trenes, se iba a extender la gratuidad de los servicios ferroviarios de Cercanías de Asturias y Cantabria más allá del 31 de diciembre de 2023 ahora en vigor hasta la llegada de todos los nuevos trenes. Según los datos del Mitma, la gratuidad este año de los servicios de Cercanías va a costar 7,8 millones de euros en el caso de Asturias y 3,8 millones en el de Cantabria. Es decir, 11,6 millones de euros en total.

En principio, el Mitma se ha comprometido a que el nuevo diseño de los trenes mediante el método comparativo que se ha elegido para subsanar el error esté listo antes de verano, lo que permitirá que a finales de este año o principios de 2024, como tarde, se empiecen a fabricar las primeras unidades. El objetivo es que en los primeros seis meses de 2026 se cuente con los primeros trenes en circulación. Esto, de cumplirse los plazos, implicaría que la gratuidad debería extenderse durante dos ejercicios, 2024 y 2025, lo que implicaría que el coste de la medida se iría por encima de los 23 millones de euros si se toma como referencia el de este año.

Desde el Mitma precisan, en todo caso, que la cantidad de 2023 debe tomarse como una referencia debido a que hay que afinar y terminar de calcular el coste de la medida. Según aseguran, ambas comunidades autónomas tienen un sistema de tarifas "un tanto peculiar" y por eso hace falta hacer el ajuste con más precisión. Cantabria, añaden, está en pleno proceso de integración de sus abonos de transporte o tiene previsto hacerlo.

Junto a la gratuidad de los servicios, el Mitma también se comprometió con ambas comunidades a acometer un proceso de acondicionamiento de los trenes de Cercanías, también a modo de compensación, que conllevará mejoras de accesibilidad y de fiabilidad en estas máquinas. Además, y a pesar de que inicialmente el contrato era para 31 trenes, se realizará una nueva licitación que renovará los trenes hasta 38.

La gratuidad de los servicios, junto con el resto de compensaciones prometidas a ambas comunidades, tendrá no obstante que pasar el filtro electoral. El protocolo firmado por el Mitma y ambas comunidades contempla transferir los recursos presupuestarios necesarios a Cantabria y Asturias para implementarlo. Pero este mismo año hay convocadas elecciones generales y, como reconoció la propia ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tras la firma del mismo, el memorando no es de tipo vinculante, por lo que habrá que ver qué sucede con las medidas en el caso de un hipotético cambio de Gobierno.