La Fiscalía de la Audiencia Nacional se persona en el procedimiento judicial por supuestas prácticas abusivas de las aerolíneas "low cost"

Consumo ha encontrado un aliado de peso en la cruzada que ha emprendido contra las aerolíneas "low cost" por lo que considera prácticas ilegales. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha personado en defensa de los consumidores y usuarios en los procedimientos judiciales contencioso administrativos seguidos con motivo de las sanciones de 179 millones de euros impuestas por el departamento de Pablo Bustinduy a las compañías aéreas Ryanair, Vueling, Easyjet, Norgewian y Volotea por presuntas prácticas abusivas.

A través de una nota de prensa, el Ministerio Público ha explicado que esas prácticas consistían en, por ejemplo, exigir el pago de un suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina o exigir el pago de un sobrecoste sobre el precio del billete por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes y de sus acompañantes.

Fuentes de Consumo han detallado a LA RAZÓN que valoran positivamente el paso dado por la Fiscalía, en la línea que marca su Circular 2/2018, de 1 de junio, sobre nuevas directrices en materia de protección jurídica de los derechos de los consumidores y usuarios.

El Ministerio reitera "la determinación de defender los derechos de las personas consumidoras hasta el final, ante cualquier institución e instancia. Nuestro objetivo es que ningún ciudadano en España ni en Europa tenga que volver a pagar por lo que la ley dice que es un derecho. Nuestra actuación también es en defensa de las empresas que cumplen la legislación y queremos recordar también que el pasado jueves la Organización Europea de Consumidores (OCU), que representa a asociaciones de 31 países europeos, se desplazó a Madrid para reunirse con el ministro Bustinduy y respaldar las sanciones que Consumo impuso a cinco aerolíneas "low cost". Un acto en el que Bustinduy, como adelantó este periódico, confirmó que otros países europeos estudian la idoneidad de seguir los pasos de España respecto a las sanciones impuestas.

Proceso

Consumo multó el pasado mes de noviembre con 178,9 millones de euros a Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.

A pesar de la importante cuantía de la multa impuesta por Consumo y del calado práctico de la misma, la operativa de las aerolíneas denunciadas no ha cambiado por el momento. Desde el primer momento, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) advirtió de que, hasta que la sanción no fuese firme, seguirían aplicando las mismas políticas denunciadas por Consumo.

En este momento, como ha recordado la Fiscalía, la multa está judicializada dado que las compañías han presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el que se han solicitado, además, medidas cautelares para dejar en suspenso la sanción hasta que el tribunal no resuelva por completo la cuestión.

Las compañías defienden que sus prácticas son perfectamente legales y que se ajustan al Reglamento de la UE 1008/2008. Además, han advertido de que si finalmente la sanción se confirmase en los tribunales y las aerolíneas tuviesen que implementar la gratuidad del equipaje de mano en España, los billetes se encarecerían. La medida, aseguran, provocará que desaparezca la tarifa más básica y barata, se transformará la curva de precios y será más caro volar para todos, impactando en mayor medida en unos 50 millones de pasajeros en España que viajan sin equipaje de cabina.