El Gobierno fijará un precio máximo para las viviendas que se compren con avales ICO y obligará a que sean residencia habitual diez años

Aquellos que se beneficien de los avales del ICO para la compra de su vivienda deberán mantenerla como residencia habitual durante al menos diez años y verán limitado el precio de la vivienda que quieran adquirir dependiendo del lugar en que esté ubicada, según las condiciones establecidas para la concesión de estas ayudas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros.

El Gobierno ha aprobado hoy el acuerdo por el que se fijan las condiciones para que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau), que dirige Isabel Rodríguez, proceda a la firma con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de una línea de 2.500 millones de euros en avales para la compra de la primera vivienda a jóvenes menores de 35 años y a familias con menores a su cargo.

El acuerdo establece que los avales serán gestionados por el ICO de acuerdo con el convenio que firmarán este banco público y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. De esta manera, se posibilitará la adhesión a esta línea de las entidades financieras.

El préstamo para avalar con esta línea se formalizará mediante un contrato entre la entidad de crédito y el o los adquirientes. Asimismo, el aval se entenderá concedido en el mismo acto de concesión del préstamo y no tendrá ningún coste ni para la persona beneficiaria ni la entidad financiera. Con carácter general, el ICO avalará hasta el 20% del importe del crédito, salvo que la vivienda adquirida disponga de una calificación energética D o superior, en cuyo caso se podrá avalar hasta el 25% de este importe.

Diez años

Vivienda ha explicado que el plazo del aval otorgado por Mivau a la entidad financiera y gestionado por el ICO será de un máximo de diez años desde que se formalice la operación, con independencia de la amortización del préstamo. Durante este plazo, la vivienda deberá ser la residencia habitual de la persona avalada y su arrendamiento estará limitado a que concurran circunstancias que exijan el cambio de vivienda, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral u obtención de un empleo más ventajoso, entre otras análogas.

El plazo para formalizar los préstamos que se acojan a esta línea de avales finalizará el 31 de diciembre de 2025. En todo caso, el propio convenio recogerá que este plazo podrá ampliarse dos años más.

En el convenio entre el ICO y Mivau se establecerá un límite máximo de precio de venta o tasación de la vivienda, que podrá fijarse en función del ámbito territorial, pudiendo ser modificado por acuerdo de la comisión de seguimiento.

Condiciones de los adquirientes

En cuanto a las condiciones que deberán cumplir los potenciales beneficiarios de estos avales, Vivienda ha establecido que deberán ser personas físicas y mayores de edad, con residencia legal en España, debiendo acreditarla de manera continua e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo y unos ingresos individuales inferiores a 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM). En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble. Es decir, los ingresos de los dos adquirientes no podrán superar en conjunto, la suma del límite establecido para cada uno. En este punto, la medida cuenta con factores de mejora en función del número de hijos y de si familia es monoparental.

La norma también prohíbe que se acojan a la medida aquellos que ya hayan comprado una vivienda con anterioridad, salvo excepciones como divorcios y incapacidad.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez ha asegurado que, con esta medida, el Estado se va a convertir en avalista de personas jóvenes y familias que, según los estudios, teniendo buenos empleos y buenos salarios, no tienen capacidad de ahorro para adquirir una vivienda. Además, ha añadido que el objetivo de los avales es "esponjar el mercado del alquiler en zonas tensionadas, con ciudades donde ya es más caro el alquiler que comprar; y atender la realidad en núcleos rurales contribuyendo así a la fijación de población".

La ministra confía en que las entidades de crédito se sumen a la línea dado que ya lo hicieron con anterioridad en circunstancias tan complicadas como la pandemia.

Críticas de Podemos y Sumar

Aunque Isabel Rodríguez ha defendido que estos avales son una buena herramienta para dar solución a un problema complejo, sus socios de gobierno más a la izquierda no tienen la misma percepción. La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha criticado que el PSOE priorice "la compra de vivienda en el ámbito privado", frente al fomento de la garantía del alquiler que quiere impulsar Sumar. La vicepresidenta ha subrayado además que fomentar la compra es una "política fallida". "Es evidente que el fomento de la compra de vivienda, además amparado con el aval del 20% de capitales de rentas públicas, va a tener un impacto probablemente de seguir subiendo el precio de la vivienda", ha advertido.

Podemos también ha trasladado su rechazo a la medida impulsada por el Gobierno. El portavoz de la formación morada en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha denunciado que la medida ya se ha puesto en marcha en comunidades del PP y que parece extraída de la banca y, más en concreto, de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. "Parece que el PSOE, cuando gobierna sin Podemos, vuelve a gobernar con las recetas de la derecha y de la banca", ha señalado Sánchez Serna, para concluir que la iniciativa supone dar dinero público a las entidades financieras.