El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene muchos puntos oscuros y falta de claridad en gastos y sobrevaloraciones contables y presupuestarias. Así se lo ha reprochado el Tribunal de Cuentas en su última «Declaración sobre la cuenta general del Estado» para el año 2023, el último contabilizado. En ella, saca los colores al Ejecutivo, al que reprocha que haya realizado una sobrevaloración del resultado presupuestario consolidado, mantenga cientos de millones de pagos sin justificar, tenga las cuentas del sistema de previsión social en negativo o que no solucione la falta de contabilización de intereses de demora por cuotas de la Seguridad Social.

Vayamos por partes. En primer lugar, ministerios, organismos públicos e instituciones relacionadas –como Turespaña– de la Administración Central –la que depende directamente del Gobierno– mantienen pagos pendientes de justificar por 1.347 millones. Son pagos que no se han acreditado debidamente a que han ido destinados o cuya aprobación debería haberse producido y no lo ha hecho, pese a haber pasado dos años o más en la mayoría de los casos, ya que se incluyen facturas de ejercicios anteriores. Estos pagos deberían justificarse en un plazo de tres a seis meses, según la legislación vigente de pagos externos.

El Tribunal de Cuentas también ha lanzado una advertencia sobre el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social, que suma ya siete ejercicios consecutivos en negativo –los que lleva Pedro Sánchez en el Gobierno–, que se ha tenido que financiar a través de préstamos del Estado por un importe acumulado a finales de 2023 de 116.166 millones de euros, un 7,75 % del PIB.

Otro de los puntos oscuros tiene que ver con la sobrevaloración del resultado presupuestario consolidado, que el Tribunal de Cuentas estima en 3.211 millones por una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos, a lo que hay que sumar otra sobrevaloración, en este caso de deudores tributarios y no tributarios, por una valor de 9.536 millones, y la infravaloración de deudores de la Seguridad Social, en este caso por los organismos autónomos dependientes del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, el Sepe y el Fogasa, por 2.617 millones; y, finalmente. la falta de contabilización de intereses de demora por cuotas de la Seguridad Social, por un montante de 754 millones.

El tribunal supervisor afeó al Gobierno que sigue «sin adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo» y le instó a «subsanar esta situación y modificar la normativa relativa a los plazos de rendición de cuentas».

En concreto, el organismo presidido por Enriqueta Chicano sugiere a las Cortes Generales que insten al Gobierno a subsanar esta situación y modificar la normativa relativa a los plazos de rendición de cuentas para poder elaborar la Declaración sobre la Cuenta General en el plazo más cercano posible al ejercicio al que se refiere.