El Gobierno se quita de en medio y abrirá una consulta pública para decidir sobre la opa del BBVA al Banco Sabadell

El Gobierno abrirá una consulta pública sobre la opa del BBVA al Banco Sabadell. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en las jornadas del Cercle d'Economia, en donde ha confirmado que la consulta se abrirá mañana mismo para recabar la opinión de organizaciones, ciudadanos y asociaciones. Según ha dicho, servirá para "tomar esa decisión con todas las garantías". Sánchez ha hecho este anuncio ante el presidente del Sabadell, Josep Oliu, y su consejero delegado, César González-Bueno, y el presidente del BBVA, Carlos Torres, a los que ha recordado que el Ministerio de Economía dispone 15 días para analizar la resolución y elevar la decisión al Consejo de Ministros, que deberá valorar la operación "teniendo en cuenta el criterio del interés general".

En ese punto, el Ejecutivo tendrá que afrontar ahora dos posibles decisiones: aceptar el informe de la CNMC sin imponer nuevas condiciones –lo que aceleraría el final de la operación–, o activar un posible veto, que implicaría una opa sin fusión, que obligaría a BBVA a reflejarlo en el folleto que aprobará la CNMV antes de abrir el periodo de aceptación. En este punto sería ya el turno de los accionistas, que tendrían la opción de admitir o rechazar la oferta. Si un accionista no se pronuncia, equivale a rechazar la operación, lo que perjudicaría a BBVA si la votación se produce en pleno periodo estival. Según la normativa vigente, el periodo de aceptación se puede desarrollar en un plazo de entre 15 y 70 días.

Sánchez ha reiterado en su intervención que el regulador de la competencia ha detectado "algunos excesos de concentración en medios de pago, en depósitos, en créditos a particulares y en pequeñas y medianas empresas", razón por la ha impuesto a la operación el cumplimiento de nuevas condiciones durante los próximos tres años, que se pueden prorrogar hasta dos años más en el caso del mantenimiento de las condiciones crediticias a las pymes.

BBVA ya ha confirmado que cubrirá la mayoría de compromisos crediticios con las pymes con el mantenimiento del volumen de crédito total cuya cuota Cirbe agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%. Un requisito que pasaría a ser de en torno al 50% en aquellas comunidades autónomas en las que la cuota en el segmento de crédito a pymes de la entidad resultante sea superior al 30% con una adición superior al 10% en el caso de Cataluña y Baleares, donde su afectación es mucho mayor.

Una promesa que no ha convencido a las 70 asociaciones empresariales, sindicatos y cámaras de comercio, que han presentado alegaciones y rechazo frontal a la OPA, ni a Banco Sabadell, que han criticado tanto por la metodología empleada como por la falta de exigencia respecto al impacto que la operación pueda tener en la capacidad crediticia de las pymes. Desde el banco catalán critican que aunque la CNMC reconoce explícitamente que "la operación representa una amenaza para la competencia efectiva en la banca minorista y los servicios de pagos», a continuación no se impongan unas condiciones «suficientemente exigentes" para solucionarlo y exigen que BBVA informe con "mayor transparencia" a los accionistas. Entienden que la metodología para analizar del impacto de los dos negocios bancarios en las pymes "no es adecuada" y que, por tanto, "no permite conocer las consecuencias que esta concentración tiene para esos clientes".

Tras escuchar directamente a Sánchez, el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha mostrado "máximo respeto" a la consulta y ha reiterado que la unión con el Sabadell es un proyecto "no solo de crecimiento, sino que conduce a beneficios para todos" en España, en Cataluña y en Europa. Asimismo, ha afirmado que del estudio de la CNMC han resultado unos compromisos que "no solo preservan la competencia, sino que favorecen la inclusión social, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos", especialmente en Cataluña, y que, al igual que siempre han respetado las decisiones del órgano regulador, también lo hacen con las del Gobierno.

Minutos antes del anuncio de Sánchez y en el mismo acto, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, había calificado como "precipitado, insuficiente y decepcionante" la autorización formal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), porque "una resolución de esta magnitud, de este tipo, debería tener un estudio más exhaustivo y más profundo". Sánchez Llibre ha incidido en que, según los cálculos de la patronal, si la operación saliera adelante supondría la pérdida de 70.000 millones de euros en créditos al tejido productivo español. Por ello, ha instado al ejecutivo a dar este paso "por motivos estratégicos y de interés general y territorial" teniendo en cuenta razones de defensa de la competencia, después de que la patronal catalana haya elaborado un estudio de última hora que cifra en esta cantidad la reducción del crédito asociada a la operación. "Pensamos que una resolución así debería de contener un estudio más exhaustivo sobre las consecuencias para el crédito", ha lamentado el empresario.

Una vez conocida la consulta, el presidente de la patronal catalana ha mostrado su satisfacción. "Lo valoramos positivamente porque es lo que hemos pedido. Apelando al interés general y territorial es posible que pueda paralizarse esta operación. Si prospera se van a perder 70.000 millones de créditos a las pymes". A su juicio, "el Gobierno no va a tener más remedio, habiendo escuchado a todos los sectores afectados, que paralizar esta operación que sería muy negativa y nociva para todas las pymes"