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Hacienda abre un inspección general a Ferrovial nueve meses después de su traslado a Países Bajos

La investigación se centra en los ejercicios 2017 a 2020. Fuentes oficiales no relacionan este "trámite habitual" con la decisión de la compañía de instalarse fuera de España

Junta accionistas de Ferrovial 2023 con la votacion del traslado de la empresa fuera de España.
Rafael del Pino, en la junta accionistas de Ferrovial 2023Jesús G. Feria.La Razón

Nueve meses después de la salida oficial de la sede social de Ferrovial a Ámsterdam, Hacienda mantiene en su punto de mira a la compañía que preside Rafael del Pino y ha puesto en marcha una auditoría fiscal general al Grupo Ferrovial SE -la matriz que opera ahora desde países Bajos- y a todas sus filiales de los ejercicios 2017 a 2020. Según consta en la memoria presentada a la CNMV, la Agencia Tributaria centrará su investigación en los impuestos de Sociedades de esos cuatro años, las retenciones y el IVA de 2019 y 2020, sobre los que la compañía está en el proceso de presentar "toda la documentación requerida".

Fuentes oficiales consultadas por LA RAZÓN han explicado que "no se trata de ninguna actuación especial", sino que es un "trámite habitual", que se hace continuamente con las empresas. "No hay ninguna causalidad directa relacionada con la salida de Ferrovial a Países Bajos, ya que los ejercicios sobre los que se ha abierto el procedimiento de inspección del grupo fiscal no corresponden con el del traslado y, por tanto, no tienen relación". De esta forma, descartan que se esté investigando el acogimiento de la compañía al principio de neutralidad fiscal utilizado en el proceso de fusión inversa con su filial holandesa, que dio soporte a su salida a Países Bajos.

Fuentes de la compañía han restado importancia a esta inspección, ya que "es normal que las compañías tengan continuas inspecciones. No es nada nuevo. y ésta tampoco lo es". También han descartado que la actuación de la Agencia Tributaria tenga que ver con sus decisiones empresariales por su marcha a Ámsterdam porque, "si fuera así, se habría abierto alguna investigación del pasado ejercicio. Y no es así. No vemos nada extraño en el proceder de Hacienda".

Sí que muestran dudas expertos fiscalistas consultados por este periódico, que reconocen que no hay investigación directa sobre la operación de salida de Ferrovial, pero dentro de que estas inspecciones son "recurrentes" y se hacen de "manera generalizada" a todas las grandes empresas, sí que puede tomarse como un "toque de atención" a la dirección, como paso previo a una investigación de los años 2021-2022 y, sobre todo 2023, al que correspondería la salida de España de la matriz de Ferrovial. En ese caso, Hacienda sí que podría poner la lupa sobre el régimen especial de neutralidad fiscal y, por tanto, buscar en el curso de la auditoría tributaria "algún motivo para impugnar el traslado" y las "correspondientes ventajas fiscales que pudieran haberse conseguido". Pero parece que no es el caso de la presente investigación.

Pese a que Ferrovial ya tiene su sede central fuera de España, durante 2023 tuvo que pagar al Fisco español 305 millones de euros en impuestos -tanto sobre beneficios y otros derivados de su actividad, como recaudados y pagados por cuenta de terceros, lo que supone un 8% más que en 2022. Ese montante total de dividió en 152 millones en impuestos directos (sobre beneficios y otros), un 20,6% más, y 153 millones en impuestos recaudados, el 2% menos, aunque en el conjunto del ejercicio, abonó 509 millones en impuestos derivados de sus operaciones: 169 millones sobre beneficios y 340 en otros impuestos, el 6,2% más. Además contabilizó en su conjunto 518 millones en impuestos recaudados por Ferrovial y pagados a las finanzas públicas por cuenta de terceros. Por tanto, la compañía registró el pasado año 1.027 millones entre impuesto pagados, soportados y recaudados, según recoge en su informe anual.

La compañía presidida por Rafael el Pino está a la espera de la resolución de varios procedimientos y recursos pendientes con Hacienda. El primero tiene que ver con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional anulando el real decreto ley que modificaba el impuesto de Sociedades de la época de Cristóbal Montoro, del que estima un impacto positivo de 86 millones de euros. Otro de los procedimientos en curso es el relativo a la amortización a efectos fiscales del fondo de comercio financiero derivado de las adquisiciones de Amey y Swissport. Si obtiene una sentencia desfavorable estima un impacto negativo de 87,6 millones en la cuenta de resultados del grupo, correspondiente al impuesto sobre sociedades adicional de los ejercicios 2002-2022, y de los que faltarían por pagar 42 millones. Con una sentencia favorable calcula que la Agencia Tributaria española les debería reembolsar 45,6 millones.

Ferrovial también tiene registradas en su balance provisiones de carácter fiscal de 2021, por un importe de 209 millones, 2022 (200 millones) y de 2023 (85 millones), correspondientes a litigios a raíz de inspecciones tributarias en España sobre el impuesto sobre Sociedades e IVA de los ejercicios 2002 a 2017.

La compañía trabaja ya en el diseño de su nuevo plan estratégico y en su próxima incorporación en el Nasdaq, con el foco puesto en Norteamérica, un mercado en el que se centra en la construcción y puesta en marcha de la Nueva Terminal 1 del aeropuerto JFK, al tiempo que explora nuevas oportunidades de crecimiento. Además "sigue centrada en España, Polonia, India, Chile, y Reino Unido", apunta en su informe anual.