Hacienda escamotea 700 millones a las empresas al no actualizar el SMI en los contratos públicos

La negativa de Hacienda a actualizar los contratos públicos con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) o incluso con el IPC, como reclamaban CEOE y Cepyme, impidió un acuerdo consensuado de los agentes sociales y llevó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la aprobación unilateral de una subida del 5% del SMI, pese a que tanto ella como los sindicatos habían apoyado la propuesta hasta el último momento –los sindicatos continúan haciéndolo–.

Esta decisión ha abierto una nueva brecha en el diálogo social, que impedirá hoy a la ministra lograr la foto que deseaba de la firma del acuerdo con todos los agentes sociales. No estarán los empresarios, que aseguran que seguirán luchando para que «se haga justicia de una vez y los empresarios dejen de asumir todos los costes mientras la Administración se lava las manos porque lleva casi una década sin actualizar los contratos públicos».

Tanto fuentes empresariales, como analistas económicos y la propia Hacienda reconocen que hacer un cálculo sobre el coste real de la indexación es «muy complicado», pero expertos consultados por LA RAZÓN –y avalados por la patronal– sitúan el importe que supondría en los contratos públicos la subida del SMI entre 500 y 700 millones de euros. Una cantidad que al no actualizarse impedirá que «empresarios y autónomos con estos contratos puedan repercutir la subida del salario mínimo en sus contratos y tengan que asumirla ellos mismos, al igual que ocurre con la subida de costes».

El volumen total de contratación del sector público bascula sobre un montante anual de unos 100.000 millones de euros, de los cuales el 40% correspondería a contrataciones de servicios y un 7% a concesiones de servicios. La propia Hacienda reconoce en su Informe Anual de Supervisión 2023 –con datos de 2022– una estimación de la OCDE sobre el volumen de licitaciones públicas del 11,52 % del PIB. Aunque fuentes ministeriales reconocen que «no se dispone de cálculos sobre el coste de la actualización de contratos, ni tan siquiera estimativos», los contratos que podrían indexarse dentro de la legalidad serían los plurianuales de servicios intensivos en mano de obra –a los que afecta el SMI–. Para el resto, deberían reformarse las leyes de Desindexación y la de Contratos del Sector Público. «Se trata de que la ley lo permita y luego articularlo», subrayan fuentes empresariales.

En este sentido, el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, recordó ayer que, por ejemplo, una pyme que presta servicio a un ayuntamiento «ha visto cómo en los últimos cinco años los SMI de sus trabajadores han subido un 54%, pero lo que le paga ese ayuntamiento lo ha hecho un 0% y muchos van a pérdidas», con el agravante de que no se pueden romper estos contratos «porque estarían obligados a indemnizar». En su opinión, el Gobierno «debería haber puesto en marcha una mesa de negociación».

Uno de los sectores que ha reclamado con más fuerza esta indexación ha sido el de la construcción. Según la patronal ANCI, el sobrecoste medio acumulado en las obras en ejecución en los tres últimos años, derivado del incremento de precios de los materiales y la energía a raíz de la pandemia y la guerra de Ucrania, oscila entre un 12% y un 22%, «alcanzándose máximos de hasta el 29% en ciertas tipologías de obras».

Sin embargo, el impacto real sobre los contratos es aún mayor debido a los incrementos del coste de la mano de obra. Así, el incremento del índice nacional de la mano de obra en la construcción en el trienio 2021-2023 es igual al acumulado en los catorce años anteriores (2007-2020), «sin que exista posibilidad de revisión en los contratos públicos que están sufriendo este impacto», denuncian desde ANCI, que apuntan que las limitaciones de la revisión excepcional de precios «están impidiendo poder mantener el equilibrio económico del contrato reconocido en la ley, como garantía del interés público y como derecho del contratista a percibir el valor justo de la prestación».