La inseguridad jurídica: el lastre de la economía española

North (premio Nobel de Economía en 1993) decía que elmal o buen funcionamiento del sistema judicial es la principal explicación de que, en el largo plazo, unas economías se desarrollen y otras no. En otras palabras, en el muy largo plazo, el factor más importante de desarrollo de un país orbita alrededor de que se «ejecuten» de forma correcta sus normas y sus acuerdos. Juan S.Mora Sanguinetti, economista titulado en el Banco de España-Eurosistema presentó hace unos días en el Colegio de Economistas de Madrid la segunda edición de su libro "La Factura de la Injusticia, sistema judicial, economía y prosperidad en España", un libro con el que el autor trata de responder con datos claros y objetivos a los efectos que tiene el funcionamiento de la justicia en la economía de España.

A lo largo del libro Mora-Sanguinetti responde a las preguntas que tantas veces se han planteado en los debates públicos: ¿Es nuestro sistema judicial tan lento o tan «ineficaz» comparado con el resto de países como se dice? ¿Somos uno de los países más litigiosos del mundo? ¿Hay verdaderamente más abogados en Madrid que en toda Francia? ¿Funciona igual la justicia en Sevilla y en Barcelona? ¿Afecta verdaderamente a los bolsillos de los ciudadanos y a la competitividad de nuestra economía?

Mora-Sanguinetti explica que, según un estudio de la OCDE, España se convirtió en la época de la gran recesión en el cuarto país más litigioso de la OCDE. «Recurrimos mucho más a los servicios judiciales de nuestro país comparados con otros países. No es una crítica, litigar es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución. Lo que tenemos que preguntarnos es si no estamos tomando demasiada medicina y de forma inadecuada, de tal manera que los casos que sí necesitan la ayuda de un juez se van retrasando porque otros no tendrían ni que haber llegado al sistema judicial», comenta el autor. Aporta datos al respecto: si en 2019, la justicia en España, en todo aquello relacionado con conflictos entre ciudadanos y empresas, tenía capacidad para resolver solamente 1 de cada 1,8 casos pendientes, en 2020 esta relación era de 1 de cada 2, mientras que el año 2021, ya afectado por la pandemia, registró la congestión más alta de toda la serie histórica, con un resultado cercano a 2. Mora-Sanguinetti sostiene que, si en un futuro se mejorara solo en un punto la congestión judicial se atraería a Madrid 3.400 viviendas más en alquiler o 3.100 a Barcelona. «En un debate nacional sobre si hay que regular el alquiler o no, habría que plantearse que, con mayor seguridad jurídica, tendríamos más viviendas en alquiler», apunta el economista.

Otros efectos negativos

Añade que la congestión judicial afecta también negativamente al sistema empresarial español. «Con un nivel de congestión judicial mucho más adecuado, se podría lograr que el tamaño medio de las empresas lograra un incremento del 0,6% al 2,8% superior, ¿por qué? porque la seguridad jurídica hace que las empresas crezcan más, que encuentren los recursos que necesitan y soluciones más eficaces a sus problemas. No solo sería beneficioso para las empresas grandes, también para los emprendedores sería todo más sencillo. Perdemos hasta un 5 y 7% de emprendedores solo por no estar en el estándar judicial», advierte Mora-Sanguinetti. La seguridad jurídica incrementaría además la tasa de entrada de las empresas del 8,8% al 9,5% y el crecimiento de las empresas pasaría del 1,1% al 2,8%, dice el economista.

La inseguridad jurídica también reduce el crédito que circula en la economía. Según el autor si se lograra mejorar en un punto la congestión judicial, la tasa total del crédito respecto del PIB aumentaría un 0,32%. «La justicia es también que una empresa pueda comprar un ascensor para su industria o una máquina de laboratorio durante la pandemia, también que un ciudadano medio consiga dinero para una hipoteca», apunta Mora-Sanguinetti.

Al mismo tiempo las empresas invierten más si se sienten más seguras. En un estudio publicado en 2021 por Mora-Sanguinetti y De Juán analizando 653.289 empresas se encontró que, definitivamente, la mayor eficacia judicial se relaciona positivamente con la inversión de las empresas españolas. Así, si se lograra una reducción de diez puntos en la tasa de congestión de la justicia se podría lograr un incremento medio de la inversión de 0,1 puntos porcentuales. Si Alicante (que es una provincia altamente congestionada) tuviera la eficacia judicial observada en Álava , la inversión en Alicante aumentaría en 0,8 puntos porcentuales, según Mora-Sanguinetti.

Efectos de una justicia lenta

Además una justicia lenta cuesta mucho dinero. Buena prueba de ello está en que las grandes empresas (las que forman parte del Ibex-35) provisionan al año 12.000 millones de euros para hacer frente a posibles litigios, explica Mora-Sanguinetti. Esta cantidad es algo más de lo que los Presupuestos Generales del Estado reservaron para todas las infraestructuras en España en 2021 y supera en cuatro veces lo presupuestado para toda la política de investigación y desarrollo de la sociedad de la información e innovación tecnológica de las comunicaciones, añade. «España con una duración de los procedimientos judiciales de 272 días no es un país rápido a la hora de resolver procedimientos, aunque estamos en la media, muy parecidos a países como Francia (con 274 días), y mejor que Inglaterra y Gales (350 días) o que Italia (564 días), lo cual no quiere decir, que debamos estar contentos o satisfechos. Por desgracia, el sistema judicial español, está relativamente estancado desde hace muchos años. En 2002 en España se necesitaban 283 días para un resolver un asunto civil, en 2019 se necesitaba casi el mismo tiempo (285 días), y durante el primer año de COVID la duración se disparó hasta los 354 días».

Si bien la justicia es el único poder central del Estado, rinde de forma completamente distinta según el lugar donde nos encontremos de España, advierte Mora-Sanguinetti. En general se observa que las regiones relativamente más pobladas (Murcia, Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Valencia, etc.) muestran tanto más lentitud como congestión, frente a otras que suelen estar menos pobladas (Navarra, País Vasco, Asturias, Castilla y León, etc.). «Todos los ciudadanos residan donde residan, deberían poder disfrutar de la misma calidad de ese servicio público, aunque su gestión esté usualmente (aunque no siempre) transferida a las CCAA. Además las diferencias de rendimientos tienen una grave implicación económica: los

sistemas judiciales regionales detraen oportunidades de desarrollo local. En igualdad de condiciones un empresario preferiría instalarse en Aragón antes que en la Comunidad Valenciana o Cataluña», dice el autor.

Por otro lado, España gasta un 0,33% del PIB en justicia, algo más, aunque no mucho más, que otros países de su entorno. «La propuesta no es invertir menos en justicia, pero sí gastar mejor. De hecho si fuéramos capaces de hacer ambas cosas, (gastar-invertir más y, además, gastar-invertir mejor) evidentemente tanto más ganaría el sistema judicial en eficacia», dice Mora-Sanguinetti. En este capítulo del libro el economista reflexiona también acerca de si España tiene suficientes jueces y su respuesta es que «no». En 2020 el número de jueces y magistrados era de 5.635. «No se está haciendo un esfuerzo suficiente en la ampliación de la plantilla judicial. Cabe recordar que las sociedades más ricas y más complejas (fenómenos que se podrían aproximar por el PIB o la población) son también más litigiosas. Parece, por tanto, lógico que el número de jueces y magistrados, en igualdad de condiciones, mantenga un crecimiento coherente con esas magnitudes», apunta el autor. Añade que sin perjuicio de poder afirmar que es necesario un esfuerzo en aumentar la plantilla judicial, también puede haber partidas de gasto más «efectivas» para lograr mejoras en la eficacia de la justicia. «Así, se puede observar como a nivel regional, regiones que muestran una eficacia superior a la media (es decir, menos duraciones de los procedimientos o menores tasas de congestión judicial) como el País Vasco o Navarra, también parecen poseer un número inferior a la media de jueces y magistrados per cápita o respecto del PIB», arguye Mora-Sanguinetti.

Mejor regulación

Uno de los ingredientes para mejorar la justicia es el contexto regulatorio. Entre los condicionantes que pueden explicar por qué se litiga tanto en España está la regulación o, más bien, la «complejidad de esta regulación», explica el economista. «Si contabilizamos todas las nuevas normas aprobadas, ya sea a nivel central, autonómico y local se llega a un cómputo de 386.850 normas publicadas en el reciente periodo democrático (1979-2020). Cuando el volumen de la regulación es muy amplio es más normal que la gente no conozca bien sus instituciones lo que va a generar más conflictos entre empresas y la Administración», advierte Mora-Sanguinetti.

El autor plantea además algunas propuestas para mejorar la «calidad» de la justicia, la cual, apostilla, no viene determinada solamente por cómo trabajan los jueces y los magistrados (o por su presupuesto). También viene determinada por aquellos que «demandan» sus servicios (es decir, por cómo actúan los abogados y por la litigiosidad de una sociedad). Por el lado del sistema judicial se necesitan más medios (más presupuesto), pero en esa inversión debería primar la digitalización. Si el abogado y el ciudadano medio realizan ya la compra por Internet y trabajan desde casa, perfectamente podrían relacionarse en los juzgados digitalmente sin mayor problema. Por otro lado, en lo posible, la inversión deberá concentrarse en agilizar y liberar la carga de trabajo de la primera instancia (que muestra peores resultados que en otros países de la OCDE). Todo esto es coherente con lo que nos decía Santos Pastor, ese gran analista económico del Derecho: Se necesitan más medios, pero no de forma indiscriminada».

Otra de las propuestas para mejorar la justicia, apunta Juan Mora-Sanguinetti, es desarrollar más los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, los «ADR» (las mediaciones, las conciliaciones, etc.). «La mejora de la confianza de los ADR aumentarán su uso. También la mejora de la confianza en el sistema judicial propiamente dicho conllevará una menor litigación (menos ciudadanos litigarán «por si acaso ganan»)».

Otras posibles vías de mejora del sistema judicial español, apunta Mora-Sanguinetti, son la especialización de los juzgados, o el resideño de las tasas judiciales, pero sobre todo «invertir más y mejor en educación».

Juan Mora-Sanguinetti es economista Titulado (Senior Economist) en el Banco España-Eurosistema. Es abogado y vicepresidente de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía (TIC) (ENATIC) y además ha sido economista en la OCDE. Ha presentado recientemente la segunda edición de su libro «La factura de la injusticia».

¿Es oportuno este libro?

El buen o mal funcionamiento del sistema judicial es muy importante para la vida de los ciudadanos, incluso de aquellos que no han hecho nunca uso de él. Como muestro en estas páginas, una buena justicia es mucho más que un instrumento de defensa de sus derechos y de sus libertades. También es el instrumento más relevante de prosperidad económica del que dispone una sociedad en el largo plazo. Este libro, utilizando un lenguaje asequible y alejado, de tecnicismos, extrae conclusiones esencialmente de mis últimos 15 años de trabajo en el análisis de la justicia tanto desde mi perspectiva como investigador en economía como de abogado. Si este libro puede ayudar a que, mejorando la comprensión de cómo funciona la justicia, el refrán español «Pleitos tengas y los ganes» deje de ser poco a poco una maldición, me daría por satisfecho.

¿Es lenta la justicia española?

Nos decía Séneca que «nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía». Sin embargo, solo podemos saberlo si lo comparamos con los resultados de otros países. La respuesta ha sido siempre tremendamente difícil de hallar hasta hace pocos años pues prácticamente no existían indicadores internacionales. La conclusión es tan tibia como sorprendente: no, a pesar de los terribles ataques al sistema que hayamos escuchado, la justicia no es lenta a nivel internacional. Se encuentra más o menos en la media, lo cual no significa que debamos estar satisfechos.

¿Son «predecibles» los jueces españoles?

Esta es la pregunta más difícil de responder si es que tiene una respuesta. Una posible contestación proviene del siguiente razonamiento: si el sistema judicial es muy predecible y transparente, las sentencias para un mismo caso deberían parecerse. Cuantos más recursos (apelaciones) llegan a instancias superiores, menor es la predictibilidad percibida por los ciudadanos y las empresas.

¿Se está invirtiendo en tecnología en la justicia española?

Por desgracia, hay numerosos problemas todavía por resolver que pueden poner en peligro la verdadera efectividad de las inversiones. Tal vez el más conocido es la divergencia y, por tanto, limitada interoperabilidad, entre medios tecnológicos de las distintas CCAA. Hay numerosos sistemas de gestión procesal en España, es decir, sistemas informáticos que sirven para hacer el seguimiento de los cosas que están siendo enjuiciados. En concreto hay 10 sistemas (o 9, si no tenemos en cuenta al Ministerio Fiscal). Esto dista de ser de ayuda y no parece para nada lógico si consideramos que la justicia es un poder central del Estado. Convendría establecer parámetros comparativos que permitieran la elección del más idóneo.