Los inspectores contra la Hacienda catalana: fraccionar la Agencia Tributaria es "perverso"

Durísimo recado al Gobierno en funciones que actualmente negocia en secreto un acuerdo de investidura con las fuerzas independentistas catalanas por parte de los inspectores de Hacienda, que denuncian los "efectos devastadores" y "perversos" que se generarían en el sistema fiscal español si se consuma el fraccionamiento de la Administración Tributaria que pretende la formación que lidera el prófugo Carlos Puigdemont, en su intención de crear una agencia tributaria catalana, y que, según fuentes cercanas a la negociación, el Ejecutivo de coalición no descarta llegar a conceder como "moneda de cambio" para conformar Gobierno.

Los inspectores, durante el XXXIII Congreso Anual de Inspectores de Hacienda del Estado que se celebra en Burgos, advierten que esta decisión dejaría mermada la eficiencia del sistema y generaría una "enorme desigualdad", que abriría las puertas a que esta segregación que comience por Cataluña se extienda después a otras regiones. Así lo ha expresado la presidenta de la IHE, Ana de la Herrán, que ha alertado de los peligros que se ciernen sobre este Cuerpo Superior, provocados por el proceso de cambio iniciado por el Gobierno de Pedro Sánchez en el ámbito de la Administración pública, que puede culminar con la fundación de una Hacienda catalana propia tras el traspaso de las competencias de recaudación a la Agencia Tributaria regional para que la Generalitat pueda cobrar todos los impuestos y prever, eventualmente, una "cuota de solidaridad entre Cataluña como nación y el Estado español".

Los inspectores avisan de que "el sistema se quebraría por completo", ya que esta agencia fiscal regional, que actualmente gestiona sólo los impuestos propios y cedidos, pasaría a controlar también los tributos estatales que se devengan en esa comunidad, como por ejemplo el IRPF o Sociedades, pero también tendrían el control de Actividades Económicas, el IVA o el sistema de información único, que los inspectores han bautizado como la "joya de la corona" de la Agencia. Si se llevara a cabo, esta decisión provocaría "situaciones de desigualdad, desintegradoras para la ciudadanía" y afectaría "al deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos".

Los inspectores han recordado la experiencia de las haciendas forales vasca y navarra, cuya situación de independencia fiscal ha desembocado en "enormes dificultades" a la hora de contrastar las bases de datos, una complicación más que derivaría en "grave perjuicio" en caso de que se creasen nuevas agencias autonómicas. Según apuntan, este fraccionamiento supondría "un paso atrás de gigante" en su función principal de aplicar el sistema tributario y la "conculcación de los principios tributarios fundamentales" sobre los cuales se asienta el actual sistema tributario español. "Los Inspectores de Hacienda somos plenamente conscientes de las consecuencias que implicarían para nuestra sociedad la fragmentación de la AEAT en la gestión y recaudación de los impuestos, en la lucha contra el fraude fiscal, y en su función de órgano vertebrador de determinadas ayudas sociales del Estado".

Ante este "asalto" a la Función Pública, la asociación insiste en la necesidad de que la Agencia Tributaria cuente con un estatuto, tal y como estaba previsto en su ley de creación en 1991 y que no se ha llevado a cabo en más de 30 años. Este estatuto dotaría a la Agencia de una mayor autonomía presupuestaria y de recursos humanos, con plena independencia del Gobierno, lo que pasaría por ejemplo porque el director general se nombrara en el Parlamento y por un periodo de cinco años. El documento también incluiría una planificación por objetivos, estableciendo el contenido mínimo de los planes de control, la creación de un nuevo departamento de control o nuevas facultades de investigación, incluyendo la posibilidad de pagar a confidentes.

También han vuelto a reitera la necesidad de un sistema de caja única real, para centralizar la gestión y el control de las retenciones y pagos fraccionados desde la Agencia Tributaria, con independencia del porcentaje de cesión de la recaudación que se ceda a cada comunidad.