Nueva jornada de huelga de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), amenaza de convocar un paro indefinido, denuncia en las instancias europeas y organismos internacionales y pedida de dimisiones. Este es el panorama que tiene en el corto plazo la Inspección de Trabajo ante el "total abandono" que sufre el organismo por parte del Gobierno, en general, y las ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y Hacienda, María Jesús Montero, en particular. Por ello, los sindicatos de la Inspección -CC OO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess- han anunciado un nuevo calendario de movilizaciones que podrían desembocar en una huelga indefinida a partir de junio ante las "continuas mentiras", los "incumplimientos" y la "incompetencia manifiesta que ha sufrido esta plantilla en los dos últimos años por parte del Ministerio de Trabajo", explicaron a LA RAZÓN fuentes sindicales.

En un comunicado conjunto, las organizaciones reprobaron que el Ejecutivo siga sin dar cumplimiento al acuerdo laboral al que llegaron en 2021, tras haber "desperdiciado un presupuesto asignado y sin gastar, haber sido incapaces de gestionar las ofertas de empleo prometidas y haber sumido al organismo en un caos organizativo que ha desembocado en su total abandono", enfatizaron las mismas fuentes, que denunciaron que "la situación en la institución es cada día más caótica, las carencias se acentúan y es obvia la incompetencia de su actual directora general, Carmen Collado, que es incapaz de dar alguna respuesta, y cuando se le señalan las soluciones que deben adoptarse con urgencia sólo es capaz de encogerse de hombros", arremetieron los sindicatos.

Como parte troncal de la negociación, los sindicatos exigen que se cumpla "de una vez por todas" el acuerdo para reforzar e incrementar la plantilla de la Inspección, firmado en 2021 y que "ha sido sistemáticamente ignorado", lo que ha provocado graves carencias, envejecimiento progresivo de la plantilla y exceso de trabajo. Las organizaciones sindicales argumentan que la anterior Relación de Puestos de Trabajo (RPT) data de hace más de 20 años, por lo que es necesario "dar cumplimiento a la que se acordó" en 2021, para incorporar de manera inmediata los 500 efectivos que se habían prometido de manera urgente y, progresivamente, el resto de personal comprometido, que "ahora mismo, sigue siendo solo otra promesa incumplida". La plantilla de la Inspección está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, que deben atender a más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.

También cargaron contra contra Díaz y Montero por cortar "por completo todas las vías de diálogo", imponiendo una dirección "política" en el Ministerio, que ha impuesto un "absurdo silencio, o peor, la mentira sistemática, para tapar sus fracasos en el interno de este Gobierno que nos llevan a un abandono como jamás se había sufrido en este organismo", provocado por la "torpeza de quienes lo dirigen". Por ello, exigen la inmediata dimisión" de toda la cúpula ministerial, incluida la dirección general y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, "al que no podemos obviar". Creen que es necesario que "otras personas tomen las riendas de la dirección de la Inspección y de la Secretaría de Estado, personas con mayor credibilidad y con mayor implicación en la defensa de las soluciones necesarias para los organismos que dirigen", sentenciaron.

Desde el Ministerio han vuelto a defender su gestión en la Inspección de Trabajo y han recordado las palabras del propio Pérez Rey la semana pasada, en la que expresó su "compromiso nítido" con el refuerzo de la Inspección, a la que aseguró se van a incorporar 600 inspectores y subinspectores nuevos, un 30% más de la plantilla actual, que se suma al aumento del 20% del personal auxiliar. Además, aseguran las mismas fuentes que el presupuesto destinado a la Inspección se ha incrementado en un 41% y que se está impulsando una fuerte digitalización en el organismo gracias a los fondos europeos.

Nada de esto convence a los trabajadores de la Inspección, que tachan estas promesas de "humo". Por ello, van a redoblar sus protestas y paros -los martes y los jueves desde esta semana, de momento-, además de seguir ampliando sus denuncias a nivel internacional. Así, tras su reclamación en la Comisión Europea, en base a los incumplimientos con la Agenda 2030, con la inaplicación del Plan de Recuperación que conlleva el reparto de los fondos europeos vinculados al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, "que se publicó en el BOE y está aprobado por el Consejo de Ministros, pero ni se está aplicando ni cumpliendo", ha explicado Ana Ercoreca, presidenta de Sislass, van a dar un paso más y presentarán otra denuncia en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el incumplimiento de los convenios estatutarios 81, 87, 98, 150 y 151, firmados por el Ministerio de Trabajo, "los que tienen que ver con la negociación de la situación laboral de la plantilla, que es inexistente, y con el incumplimiento del mantenimiento de una plantilla y unos medios adecuados", explica Ercoreca, que incide en que "Díaz presume de negociación de puertas hacia fuera y de puertas hacia dentro lo que da es un portazo a sus propios trabajadores, porque ni siquiera se ha dignado a recibirnos".