La última semana han sido un hervidero de críticas políticas, sindicales y sociales ante la propuesta del Gobierno de elevar las cuotas de los trabajadores por cuenta propia a partir de 2026. Lo que parecía un ajuste técnico del sistema de cotización ha sido calificado por organizaciones como ATA de “sablazo” y ha provocado rechazo incluso en componentes del propio Ejecutivo.

En mitad de ese contexto y del aluvión de opiniones en contra, el asesor fiscal José Ramón López ha compartido en vídeo un análisis punzante pero que va más allá: no basta con pensar en el efecto inmediato; si todo sigue así, dice, “poca gente va a querer ser autónomo”. Su advertencia merece un examen pausado, porque apunta al corazón del modelo laboral.

Del enfado a corto plazo al problema en el horizonte

“Creo que la gente se está quedando con que pobres autónomos a los que les suben la cuota… eso es cierto, pero el problema va mucho más allá”, arranca el asesor fiscal en su comentario. A partir de ahí, desgrana una visión con tres capas: la estructura económica, el efecto disuasorio para nuevos emprendedores y los riesgos patrimoniales que recaen sobre el autónomo.

Para él, el modelo español depende de que haya emprendedores: “Sin autónomos ni empresas no hay trabajadores”, sostiene. Y argumenta que para quienes ya están en ese esquema, el alza de cuotas pasa como algo asumible o al menos resignado. Pero para quien esté pensando en dar el paso, el coste y el riesgo pueden convertirse en barreras insalvables: “Esto crea barreras de entrada al que quiere emprender...”

Efecto dominó: menos autónomos, menos empresas, menos empleo

Uno de los puntos más acusados por José Ramón López es el efecto estructural a mediano plazo. Si menos personas optan por emprender por miedo a cuotas crecientes, eso puede ralentizar la creación de sociedades y empleo. La cadena que describe sería simple: menos autónomos implica menos empresas y, por tanto, menos contrataciones y una menor actividad económica general.

Y no lo dice en abstracto: él entiende que el Estado, históricamente, ha buscado aumentar recaudación mediante cotizantes. Pero avisa: “Subir sistemáticamente la cuota que pagan los autónomos es peligroso.” Es un mensaje de desequilibrio: lo que se gana por recaudar ahora podría perderse por erosionar la base del sistema.

López añade un arma más al debate, menos mencionada en los titulares: la responsabilidad patrimonial del autónomo. “Cuando uno se hace autónomo, si tiene deudas, responde no solo con el patrimonio de la actividad, sino con todo su patrimonio”, subraya. En su visión, esto multiplica el riesgo de emprender bajo un régimen de cargas crecientes.

Ese temor a exponerse con bienes personales (vivienda, ahorros u otros activos) puede desalentar la entrada de nuevos profesionales a la fórmula del autónomo. Dicho de otro modo: no es que cobres mucho o poco, es que arriesgas demasiado.

El debate de la cuotas de cotización de autónomos a partir de 2026

Para comprender el carácter del debate, conviene mirar los números. La propuesta del Ministerio de Inclusión plantea que, a partir de 2026, las cuotas subirían entre 17 y 206 euros mensuales, según el tramo de ingresos de cada profesional. En los tramos más bajos, quienes declaren hasta 670 euros mensuales verían pasar su cuota a 217,37 euros mensuales. En el extremo superior, los rendimientos más elevados afrontarían hasta 796,24 euros.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subraya que el nuevo sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia, insistiendo en que la reforma “responde al pacto firmado en 2022” que establecía que los autónomos debían cotizar en función de sus ingresos reales. El objetivo, según ha señalado, es mejorar su acceso a las prestaciones sociales y avanzar hacia una mayor equidad con los asalariados.

Saiz ha subrayado que, con el nuevo esquema, un profesional con ingresos medios podría duplicar las ayudas que recibe en caso de cese de actividad, pasando de unos 670 euros al mes a unos 1.360 euros. También aumentaría significativamente la prestación por nacimiento o adopción, que se elevaría de 970 a 1.940 euros.

Pese a estos cálculos, las asociaciones de autónomos acusan al Ejecutivo de haber incumplido la parte social del acuerdo. Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), la Administración ha centrado su esfuerzo en incrementar las aportaciones, pero no en igualar los derechos entre los trabajadores por cuenta propia y los asalariados. “El espíritu del diálogo social no era sólo subir cuotas, sino acercar la protección de los autónomos a la del resto de empleados”, criticó esta semana la organización, integrada en la CEOE y una de las más críticas con la propuesta gubernamental.

En un documento enviado a los grupos parlamentarios, ATA propone una alternativa de reforma gradual: actualizar las bases de cotización conforme al IPC hasta 2031 mediante una subida lineal y previsible. Además, plantea que el cese de actividad sea reconocido automáticamente cuando la baja sea definitiva, y que la Agencia Tributaria comunique al trabajador sus rendimientos computables antes de que la Tesorería inicie la regularización de cuotas.

La asociación recuerda igualmente que, a día de hoy, los trabajadores por cuenta propia siguen abonando su cuota íntegra durante los primeros 60 días en caso de enfermedad grave, y que el subsidio que perciben quienes cuidan a menores o familiares enfermos sólo cubre el 75 % de la aportación. También denuncian que se sigue reteniendo el 50 % del exceso cotizado en situaciones de doble régimen, sin que ello se traduzca en un incremento proporcional de la protección.

ATA insiste, además, en que la equiparación real pasa por abrir el subsidio para mayores de 52 años a los autónomos, ya que actualmente sólo lo pueden solicitar los asalariados. Reclama igualmente la inclusión del permiso de lactancia, los permisos por fallecimiento de familiares o condiciones meteorológicas adversas, y la creación de una fórmula que cubra las lagunas de cotización que siguen afectando a quienes atraviesan periodos sin actividad.

En palabras de la patronal, estas medidas no sólo garantizarían un sistema más justo, sino que servirían para mantener el equilibrio del modelo laboral español, que depende en buena parte de los más de tres millones de autónomos registrados.