Juan Ramón Rallo, economista, siembra la polémica sobre la legislación de la vivienda: “Beneficia a los políticos”

La crisis de la vivienda en España no es un mero fallo de mercado, sino el resultado de lo que algunos analistas consideran una decisión política consciente. Lejos de ser una dinámica económica inevitable, la escalada de precios responde a una intervención deliberada que limita la construcción de nuevas viviendas. Esta restricción artificial de la oferta, según el economista Juan Ramón Rallo, es la verdadera raíz de un problema que asfixia a miles de familias y que distorsiona por completo el acceso a un hogar.

De hecho, para Rallo, la clave para entender el bloqueo del sector se resume en una afirmación contundente: la situación actual "beneficia a los políticos". Esta idea, que ha compartido en el podcast La Fórmula del Éxito se convierte en el eje de un análisis que desvincula la crisis de las simples fuerzas de la oferta y la demanda para situarla en el terreno de los intereses del poder público, que encontraría ventajas en mantener el statu quo.

En este sentido, uno de los principales incentivos para no liberalizar el suelo es puramente fiscal. Un encarecimiento del mercado inmobiliario se traduce directamente en una mayor recaudación de impuestos para las arcas del Estado, una fuente de ingresos que crece de forma paralela a los precios. Esta lógica convierte al propio Gobierno en uno de los actores más interesados en que el valor de los inmuebles no descienda.

El doble beneficio del encarecimiento inmobiliario

Por otro lado, la estrategia no solo tendría una vertiente recaudatoria, sino también un profundo componente electoral. Rallo sostiene que una bajada generalizada de los precios perjudicaría de forma directa al grueso del electorado, compuesto en buena medida por propietarios de edad avanzada. Para este colectivo, su vivienda representa el principal patrimonio de sus vidas, por lo que verían con malos ojos cualquier política que devaluara su principal activo y forma de ahorro.

Asimismo, el economista apunta a un factor adicional que presiona la demanda al alza, un fenómeno que describe como una "inmigración políticamente inducida". Desde su perspectiva, la llegada de nueva población no sería un movimiento casual, sino una estrategia calculada para intentar sostener el sistema público de pensiones, lo que a su vez genera una necesidad de vivienda que el mercado, con la oferta actual, es incapaz de absorber.

En definitiva, esta tormenta perfecta de intereses políticos y demográficos se materializa en una realidad asfixiante para el ciudadano. El resultado tangible es un precio medio que ya alcanza los 2.517 euros por metro cuadrado, una cifra que refleja una escalada anual del 15,3% y que aleja cada vez más el sueño de tener una vivienda en propiedad.