La recuperación dispara un 12,27% el absentismo laboral

El número de bajas al mes hasta julio llega a 348.882, frente a las 310.743 de 2014. Los datos equivalen a que 775.246 personas no trabajasen ni un día este año.

Aunque no exista una evidencia científica que vincule el aumento del absentismo laboral con la mejora de la economía y el empleo, la realidad es que ambas variables van de la mano. Cuando la recesión arreciaba con fuerza, las bajas laborales se redujeron a plomo. Ahora, vuelven a subir. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hasta julio, el número medio mensual de bajas –conocidas técnicamente como procesos por incapacidad temporal por contingencias comunes– fue de 348.882, frente a las 310.743 de 2014, lo que supone un incremento del 12,17%. La duración media de los procesos de baja, sin embargo, se redujo a 40,68 días para el mes de julio, frente a los 42,56 días de 2014, lo que representa una disminución anual del 4,42%.

Si se extrapolan, estas bajas equivalen a que 775.246 trabajadores no acudirán a su puesto de trabajo ningún día de este año, lo que representa un aumento del 12,13% con respecto a 2014, cuando esta cantidad ascendió a 691.394 trabajadores. Teniendo en cuenta la afiliación a la Seguridad Social, eso significa que este año el 4,98% de los ocupados no irá a su puesto de trabajo.

Recuperación y bajas

El número de empleados ausentes de sus obligaciones ha evolucionado de forma paralela al ciclo económico. A medida que la economía se recuperaba, su número aumentaba. En 2013, la estadística tocó fondo en 661.765 personas. Pero el año pasado ya remontó hasta 691.394. Y este año se ha desbordado hasta las 775.246.

Mayor absentismo significa también mayor coste económico para las empresas y el Estado. La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) calcula que el gasto necesario para financiar la colaboración en la gestión de la prestación económica de las bajas de las compañías que colaboran con la Seguridad Social ascenderá este año a entre 5.200 y 5.500 millones de euros. La cantidad será entre un 10% y un 15% superior a los 4.747 millones que tuvieron que desembolsar en 2014. Para las empresas, el coste interno derivado del pago de la prestación económica a los trabajadores entre el día 4 y el 15 de estos procesos, las cotizaciones sociales, complementos, mejoras y sustituciones ascenderá a unos 4.500 millones. El coste de oportunidad estimado en relación al PIB puede alcanzar los 54.000 millones de euros. En conjunto, las mutuas calculan que el coste total del absentismo para la economía española ascenderá a más de 64.000 millones de euros, el equivalente al 5,82% del PIB.

Para hacer frente a lo que consideran un problema, las mutuas han propuesto una batería de reformas que han introducido en el documento de la CEOE «15 reformas para consolidar la recuperación. Propuestas empresariales ante las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015». La más importante para sus cuentas es la que pide suprimir la obligación empresarial del pago de la prestación desde el cuarto hasta al decimoquinto día. En su lugar, proponen que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se haga cargo de ello sin que afecte a las cuentas de las mutuas.

Para tener un mayor control sobre las bajas y posibles fraudes, piden que las mutuas puedan emitir el alta médica en los procesos de contingencias comunes, sin perjuicio de que existan mecanismos de revisión a disposición de los trabajadores. Dicha facultad, opinan, debe considerarse también para los médicos de empresa, para los que solicitan que sigan siendo autorizados para expedir recetas médicas de la Seguridad Social.

Fraudes

Las mutuas también quieren que se sancionen posibles fraudes del mismo modo que se penaliza a aquellos que defraudan al Estado con la prestación por desempleo. En este momento, estos supuestos sólo se ven afectados por la extinción de la prestación económica que perciben. Además, quieren ser parte activa en el proceso de bajas en tanto que son parte interesada en las mismas. Las compañías proponen articular un procedimiento que permita una relación fluida entre la empresa, la inspección médica del servicio público de salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas.