La UE pide unificar las normas de los rescates

Las soluciones dadas a los bancos italianos y al Popular han abierto el debate. Luis de Guindos asegura no tener «ni idea» de las denuncias interpuestas contra la resolución del BCE.

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, reconoció ayer la incertidumbre que puede ocasionar en la zona euro las diferentes legislaciones nacionales a la hora de abordar la insolvencia de una entidad financiera. Aunque tras las crisis económica la zona euro ha establecido una serie de mecanismos comunes que permiten la resolución ordenada de una entidad sin recurrir al dinero de los contribuyentes europeos, las últimas experiencias con la banca italiana han demostrado que el actual marco regulador europeo no abarca todos los casos.

«Realmente necesitamos acelerar el proceso de armonizar gradualmente los marcos de insolvencia entre países», aseguró el presidente del Eurogrupo antes de que comenzase la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de los países que comparten la divisa europea. En esta cita, representantes de la Junta Única de Supervisión –dependiente del Banco Central Europeo–, de la Junta Única de Resolución y de la Comisión Europea informaron a los ministros sobre su actuación en la liquidación de Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza y el rescate público de Monte dei Paschi di Siena. En el caso de las dos primeras entidades, los organismos europeos han considerado que su menor tamaño (no constituyen un riesgo sistémico para la zona euro en su conjunto) permiten que sean las propias autoridades italianas las encargadas de proceder a su liquidación según su marco regulatorio nacional. De esta manera, ha recaído sobre Roma dictaminar qué inversores asumen pérdidas y cuáles no. Una decisión que contrasta con el tratamiento recibido por parte del Banco Popular, cuya venta por un euro al Banco Santander fue realizada después de que el BCE dictaminara que la entidad era insolvente y fueron las entidades europeas las encargadas de pilotar la operación. De esta manera, la entidad española fue la primera en actuar como conejillo de indias del nuevo marco europeo de resolución, sin acudir al dinero público, lo que conllevó la pérdida de su dinero por parte de accionistas y bonistas junior.

A pesar de los interrogantes que han suscitado las liquidaciones de las dos entidades italianas, Dijsselbloem negó discrecionalidad en esta decisión ya que «siempre fue sabido» que las entidades de menor tamaño se regirían por las legislaciones nacionales. El político holandés sí reconoció que estas diferencias entre países tienen un «gran impacto» sobre los bancos y, por eso, es necesario debatir si «las normas sobre ayudas de Estado, que aplican en cualquier caso, no deberían ser ajustadas ahora que nos encontramos en una nueva era». El ministro de finanzas italiano, Pier Carlo Padoan, defendió que las crisis de los bancos vénetos «han sido gestionadas en una fase de transición muy difícil con el menor coste posible para el contribuyente y la economía» lo que, consideró, «refuerza la Unión Bancaria, no la debilita».

En la misma línea que su homólogo italiano a pesar de le diferente receta utilizada, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, también defendió ayer la resolución del Banco Popular y pidió «no adelantar acontecimientos» sobre posibles demandas por parte de los accionistas y los tenedores de deuda junior (los principales perjudicados tras verse obligados a asumir pérdidas). En el último informe de la troika sobre España, publicado el pasado viernes, sobre las situación derivada del rescate financiero del año 2012, los «hombres de negro» europeos, pedían «seguir de cerca cualquier riesgo derivado de los potenciales costes de litigios» tras la adquisición del Banco Popular por parte del Santander. A pesar de que numerosos inversores han anunciado su intención de acudir a los tribunales, Luis de Guindos, aseguró ayer que el Gobierno no tiene «ni idea» de cuantas denuncias están en marcha. En este sentido, el titular de Economía español aseguró que en esta operación «la estabilidad financiera ha prevalecido por encima de otras consideraciones».

Sobre la última reforma fiscal anunciada por el ejecutivo, de Guindos defendió su compatibilidad con los compromisos de déficit público suscritos con nuestros socios europeos. “Nuestro objetivo de déficit para este año es del 3,1% del PIB y el año que viene, con el crecimiento que hemos proyectado del 2,6%, esperamos estar claramente por debajo del 3%, en el 2,2%”, explicó el ministro a la vez que recordaba que esta rebaja impositiva sólo afecta a las rentas más bajas.

Sobre si Bruselas está informada de estos cambios, el ministro defendió que “estamos en un estadio muy previo de la negociación presupuestaria de 2018” y que la medida “se incluirá” en el borrador presupuestario que todos los países deben remitir a la Comisión Europea antes del 15 de octubre para que el organismo comunitario de su aprobación.