La “Ley Rider” europea instará a que los gobiernos hagan inspecciones de oficio contra las empresas de plataforma

La directiva europea para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales, también conocida como “Ley Rider” europea, no estará lista hasta principios de 2024. Así lo auguró Estrella Durá, eurodiputada de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, durante un debate organizado por Just Eat en el que también participó Laura De Lucas, miembro del gabinete de la eurodiputada del Partido Popular Europeo Rosa Estaràs, que finalmente no puedo asistir al encuentro. Durá reconoce que la directiva solo cuenta con el apoyo de una minoría de países y esto retrasará considerablemente la normativa.

El pasado 2 de febrero, el Pleno del Parlamento Europeo dio luz verde a la directiva que ahora pasa a las negociaciones legislativas con los Estados miembros. Cuando cada Estado fije su postura negociadora comenzará el diálogo entre los países y la Eurocámara y de ahí saldrá la directiva europea que cada país deberá transponer. Este proceso se prolongará al menos durante un año, prevé Estrella Durá, debido a que solo un “número limitado de países” apoya la directiva, principalmente, los gobernados por partidos de izquierdas. “Lo más probable es que hasta finales de la legislatura europea no tengamos un acuerdo, es decir, a principios de 2024”, ha señalado la eurodiputada socialista.

Según datos de la Comisión Europea, más de 28 millones de personas en la UE trabajan a través de plataformas laborales digitales y se espera que asciendan a 43 millones en 2025. De los 28 millones actuales, más del 90% son autónomos y la Comisión estima que 5,5 millones podrían estar mal clasificados. De ellos, se prevé que la norma consiga regularizar la situación laboral de entre 1,72 y 4,1 millones de falsos autónomos.

Criterios para demostrar la laboralidad y sanciones

La directiva recoge que cuando exista duda sobre la calificación de los trabajadores de plataforma, se presumirá que son empleados, salvo que la empresa pruebe lo contrario. Es decir, serán las empresas quienes deban demostrar que sus empleados son trabajadores autónomos. Para determinar la situación laboral de los empleados, la directiva contempla una serie de criterios como tener que la empresa establezca salario fijo, un horario y tiempo de trabajo definidos, sistemas de calificación, seguimiento o supervisión del trabajador, reglas sobre apariencia o conducta, opciones restringidas para trabajar para cualquier tercero o libertad restringida para elegir un seguro de accidentes o un plan de pensiones. Si se cumplen dos de estos criterios, se considerará demostrada la laboralidad del empleado. No obstante, para el PP, estos criterios no son lo suficientemente claros y puede conllevar una reclasificación errónea de trabajadores de plataforma que sí son autónomos.

Esta es una de las principales diferencias de la directiva europea con la “Ley Rider” europea, que no establece ningún criterio, solo la presunción de laboralidad de los repartidores de plataforma. Además, la normativa europea no quedará solo limitada a la figura de los repartidores y los conductores de VTC, sino que afectará a todos aquellos profesionales que trabajen bajo las órdenes de una plataforma tecnológica, incluidos limpiadores, mensajeros o personal de catering de empresas como Deliveroo, Uber, Uber Eats, Glovo o Helpling. La directiva europea recoge también sanciones concretas contra las empresas incumplidoras, otra de las lagunas de la “Ley Rider” española.

Inspecciones de oficio y análisis en profundidad si se detecta un caso irregular

Pero quizás el punto de la directiva más reseñable es que obligará a las empresas a informar de la situación laboral de sus trabajadores y a las autoridades competentes de cada país a realizar inspecciones de oficio para conocer la situación laboral de los empleados de plataforma. Además, si se detecta un único caso de mala clasificación en una empresa, durante el mes siguiente la Inspección de Trabajo deberá analizar todos los contratos de esa compañía. De esta manera, “la directiva quiere proteger tanto el modelo asalariado como autónomo, pero quiere que se establezcan normas claras y se estudien los casos de cada empresa”, defendió Estrella Durá.

En cuanto a la transparencia algorítmica, el texto contempla prohibir que los sistemas automatizados tomen decisiones importantes, como despidos o cambios de horarios, y establece que cualquier medida que afecte significativamente a las condiciones de trabajo deberá quedar bajo supervisión humana. La norma también quiere obligar a las plataformas a brindar información a los trabajadores sobre cómo se está utilizando el monitoreo y cómo afecta su relación laboral, salud, seguridad y condiciones de trabajo, así como sobre la cancelación de cuentas, la promoción o la asignación de tareas. Además, la directiva quiere prohibir que las plataformas puedan procesar datos de los trabajadores relacionados con la etnia, orientación sexual, religión, vinculación a sindicatos y otros datos sensibles. Este es el aspecto de la normativa sobre el que hay mayor consenso entre diferentes países y signos políticos, ya que esta transparencia también será de aplicación a los trabajadores autónomos para que gocen de protección. Además, la directiva reconoce el derecho de negociación individual de los trabajadores autónomos, otra de las deficiencias de la “Ley Rider” española, que solo contempla la negociación colectiva de los “riders” asalariados.

Patrik Bergareche, director general de Just Eat España, considera que esta directiva va a aportar seguridad jurídica al sector del 'delivery'. “Si distintos operadores interpretamos las leyes de distinta manera hacemos que la seguridad jurídica quede quebrada”, dijo haciendo referencia a competidores como Glovo y Uber Eats que operan con autónomos. “La ‘Ley Rider’ es imperfecta y la propuesta de la directiva europea tiene la capacidad de arreglar las externalidades que la normativa española ha dejado en el tintero”, concluyó durante su intervención previa al debate.