Los españoles alargan cada vez más su vida laboral, aunque en la mayoría de los casos no sea por gusto, sino por evitar perder parte de la pensión por miedo de los coeficientes reductores que se aplican a la jubilación anticipada. Así, la edad media efectiva de jubilación superó en 2023 por primera vez en un cierre de año los 65 años de media (65,1 años), frente a los 64,8 años de 2022. En el caso de las jubilaciones anticipadas, la edad media se quedó en los 63,2 años, frente a los 63 años de 2022 o los 62,3 de 2018.

Sin embargo, este tipo de jubilaciones antes de la edad efectiva representaron el pasado ejercicio el 34,3% del total de altas, muy lejos ya de cifras que superaban el 43%, como ocurría en 2018. La culpa de la fuerte bajada del número de jubilados anticipados voluntarios la tiene la última reforma de las pensiones impulsada por el ex ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que en 2021 elevó sustancialmente los coeficientes reductores en los dos primeros meses en los que se puede pedir y en los tres meses inmediatamente anteriores a alcanzar la edad ordinaria. Por contra, la reforma estableció también incentivos económicos a la jubilación demorada, con el objetivo de acercar la edad real de jubilación a la edad legal. En 2023, esa edad legal quedó fijada en 66 años y 4 meses, una cifra a la que se irán sumando dos meses cada año hasta 2027.

En este contexto, las jubilaciones demoradas –aquellas en las que los trabajadores prolongan voluntariamente su vida laboral una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación– prácticamente se duplicaron en 2023, alcanzando el récord del 8,1% del total, frente al 5,4% de 2022, gracias a los nuevos incentivos de demora incluidos en la reforma: por un lado, añadir un porcentaje del 4% adicional sobre la cuantía de la pensión correspondiente y, por otro, elevar la cantidad que se abona en un pago único con el retiro. Ambos tipos de incentivos pueden compaginarse y combinarse a elección del interesado.

Lo que no se ha resuelto es el mantenimiento de los coeficientes correctores para las largas carreras de cotización de más de 40 años, y que afecta a más de 800.000 pensionistas, que reclaman que desaparezcan este tipo de rebajas en sus pensiones.

El departamento dirigido por Elma Saiz propuso esta semana a sindicatos y patronal reformar los coeficientes reductores para el acceso a la jubilación anticipada en actividades penosas y peligrosas, y que se tengan en cuenta factores como la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos que se puedan causar.

En la última década, la edad media efectiva de jubilación ha subido en casi un año, ya que en 2013 se situaba en 64,33 años. Según los datos de Seguridad Social, el año pasado 326.949 personas accedieron a la jubilación en el sistema, una cifra levemente menor que en 2022 (327.872). Dentro de estas jubilaciones, las demoradas crecieron un 50%.