El Ministerio de Economía ya depura las respuestas "fake" de la consulta sobre la OPA de BBVA

La polémica consulta pública activada por el Gobierno para recabar información adicional a cualquier persona, entidad, organización o agentes económicos que se haya sentido afectada por la OPA del BBVA al Sabadell y que quiera trasladar cualquier preocupación llega a su fin. Una basada en un formulario con preguntas relacionadas con los criterios de interés general que identifica la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia en su artículo 10.4 y al que se le puede añadir información adicional a través de un buzón, aunque desde el Ministerio de Economía se advirtió que la información recabada no será vinculante.

Desde el mismo día 6 de mayo, cuando se habilitó oficialmente el sitio web para participar, en teoría los participantes, supuestamente identificados con DNI o NIF, han enviado al Gobierno su "opinión" sobre esta operación empresarial gracias a lo que según el Gobierno es la vía hacia la "democracia verdadera", pero que por culpa de una concatenación de errores técnicos puede quedar en una consulta fallida. La causa es que el formulario no tiene filtro, es decir, se ha podido participar todas las veces que se haya querido, se ha podido falsear el nombre y el DNI y poner todo tipo de mensajes aleatorios que nada pueden tener que ver con el asunto de la OPA o firmar con nombres ficticios o de personajes de la historia como Tutankhamon o Napoléon.

Una situación que devalúa el valor de los datos que se puede sacar de esta consulta, pese a que fuentes del gubernamentales aseguran que se van a filtrar cualquier anomalía una vez que se tengan todos los datos y se depurará si una persona ha intervenido varias veces, que lo haya hecho de diferentes formas o con información personal falsa. Un proceso que se puede alargar el proceso por encima de la fecha límite que tiene el Ministerio para elevarlo al Consejo de Ministros. Fuentes del Ministerio de Economía han confirmado que todas las respuestas ya están siendo "depuradas", como sucede en cualquier consulta pública. Una vez se cierre la consulta , seguirá el proceso de depuración y se analizará toda la información y comentarios aportados.

Si el Gobierno ha querido utilizar esta fórmula para cargarse de razones ajenas a cuestiones de competencia para rechazar la OPA, una idea que han dejado clara desde el principio en manifestaciones públicas tanto desde Economía como desde la propia Moncloa, aunque este tipo de consultas pueden dar giros inesperados y no lograr los resultados que se esperaban.

Aunque desde BBVA no se pronunciaron sobre si participarían en esta propuesta y se limitaron a asegurar que respetaban las decisiones del Gobierno, desde Sabadell sí que confirmaron que participarían en la consulta junto a las agrupaciones de accionistas minoritarios y a las asociaciones empresariales catalanas, como Foment o Pimec entre otros, que además de enviar sus consideraciones en la consulta lo hicieron directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una carta en la que le expusieron "poderosas razones de interés general" para rechazar la OPA, entre ellas una excesiva concentración de poder empresarial y financiero, que no hay garantía para mantener un canal de crédito y servicios financieros para pymes; que provocaría la pérdida de empleo y cierre de oficinas bancarias; pérdida de tale. "que es la base de una economía abierta y diversa en una sociedad plural".

Con todo, la última palabra no la tendrá el Gobierno, sino los propios accionistas de la entidad vallesana, que serán los que decidan al final si aceptan o no la oferta de canje del BBVA. Carlos Cuerpo tiene hasta el 27 de mayo para decidir si eleva o no la cuestión al Consejo de Ministros. En este paso, el Consejo dispone de un mes para decidir si aprueba la operación en los términos aprobados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o si pone condiciones adicionales a los compromisos planteados por BBVA. La legislación no contempla que el Gobierno pueda bloquear la operación en este procedimiento. Solo cuando el Gobierno agote su papel será cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto. Tras lo cual, BBVA tiene que decidir el periodo de aceptación de la OPA, que puede ir de 15 a 70 días, según la normativa.

Cuerpo, ha subrayado este viernes que la consulta "no es un referéndum" sobre la operación, en el que haya que votar sí o no a la misma. Lo que se quiere extraer de esta consulta, ha explicado Cuerpo en declaraciones a RTVE, es información "cualitativa, relevante" sobre las razones o motivos de interés general que puedan tener las personas afectadas o involucradas en el proceso, para que el Gobierno pueda tomar una decisión. En los próximos días se acabará de analizar toda la información disponible y el ministro tendrá que aclarar antes del 27 de mayo si eleva o no al Consejo de Ministros esta operación que, llegado el caso, podría imponer nuevas condiciones "con todas las garantías posibles".