La agencia de calificación Moody’s ha recortado el rating de la deuda soberana de Estados Unidos desde AAA a AA+. Aunque el país sigue contando con una elevada calidad crediticia, la pérdida de la máxima nota supone una advertencia clara sobre el deterioro progresivo de la solvencia financiera del Tesoro estadounidense. No es una anécdota ni un capricho de los analistas: es el reflejo de una realidad fiscal insostenible que los mercados no pueden seguir ignorando.

El déficit público de EE UU supera ya el 6% del PIB, y no se trata de un desfase coyuntural motivado por una recesión o una emergencia extraordinaria. Se ha convertido en un desequilibrio estructural, crónico, que coexiste con una economía que sigue creciendo y con un desempleo en niveles mínimos. Si en estas condiciones las cuentas públicas son tan deficitarias, ¿qué margen quedará cuando vuelva la desaceleración?

Por su parte, la deuda pública federal ha sobrepasado los 34 billones de dólares y sigue escalando sin freno. El coste de financiación del Tesoro se ha disparado con la subida de los tipos de interés, lo que agrava aún más el déficit primario y contribuye a retroalimentar el círculo vicioso del endeudamiento. Aunque hoy no se tema un impago formal —la capacidad de emitir moneda es una red de seguridad poderosa—, el sobreendeudamiento sí suele traducirse en problemas de otra naturaleza: inflación, represión financiera o subidas de impuestos que lastren el crecimiento.

La responsabilidad última de esta situación recae sobre la presidencia de Joe Biden, cuyo mandato se ha caracterizado por un desbordamiento del gasto público sin precedentes en tiempos de paz. Sin embargo, la nueva administración Trump no está corrigiendo esa senda. Pese a sus proclamas en favor del recorte del gasto, la realidad es que apenas se han producido ajustes significativos. Y, al mismo tiempo, promete rebajas fiscales que, aunque deseables por sí mismas, no deberían aplicarse sin antes reconducir el déficit.

Estados Unidos necesita una consolidación fiscal urgente, basada en la contención del gasto estructural y en la reforma de sus programas de transferencias. Si no se acometen estas reformas, el recorte del rating por parte de Moody’s será sólo un nuevo aviso de una larga serie que estará por llegar. Los mercados no pueden seguir financiando indefinidamente déficits desbocados sin exigir un precio creciente por ello. Y ese precio puede acabar pagándolo toda la economía global.