La propuesta de la Seguridad Social para las cuotas de los autónomos a partir de 2026 ha vuelto a encender el debate en el colectivo. Además, de rechazar la subida, como ha hecho ATA, las principales asociaciones piden que el nuevo sistema de cotización por ingresos reales venga acompañado de una mejora sustancial en la protección social, no solo en la reforma del cese de actividad -el “paro” de los autónomos-, sino también con el acceso a prestaciones como los permisos por lactancia o el subsidio para mayores de 52 años.

Este lunes, representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones volverán a reunirse con las organizaciones de autónomos después de presentar su propuesta de cuotas para los próximos tres años. Junto a ella, el Gobierno plantea revisar el cese de actividad, una prestación que reconoce que presenta problemas estructurales.

Según datos del propio Ministerio, en lo que va de año se han registrado 11.501 solicitudes de prestación por cese de actividad, de las cuales solo 5.295 fueron aprobadas. Esto significa que seis de cada diez peticiones son denegadas, principalmente por la dificultad de acreditar el cierre efectivo del negocio.

Ante esta situación, Seguridad Social propone flexibilizar los requisitos de acceso, revisando los porcentajes de pérdidas o reducción de ingresos exigidos, creando una prestación extraordinaria para situaciones de emergencia o haciendo adaptaciones para trabajadores del mar o del campo, aunque sin ofrecer por ahora detalles concretos.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha defendido que la reforma de cuotas se enmarca en el acuerdo alcanzado en 2022 para que los autónomos coticen según sus ingresos reales y así puedan acceder a prestaciones más elevadas. Según sus cálculos, un autónomo con ingresos medios podría pasar de cobrar 670 euros mensuales en caso de cese a 1.360 euros, y la prestación por nacimiento se duplicaría, de 970 a 1.940 euros.

Sin embargo, las asociaciones consideran que el Gobierno no ha cumplido la parte del acuerdo destinada a equiparar la protección de los autónomos con la de los asalariados. "El espíritu del Pacto de Toledo y del diálogo social no era únicamente aumentar la contribución, sino acercar la protección social de los autónomos a la de los trabajadores por cuenta ajena. Es en este punto donde la Administración no ha cumplido su parte del acuerdo", reprochaba esta semana la asociación de autónomos ATA, integrada en CEOE, y la más beligerante con la propuesta del Gobierno.

ATA ha hecho llegar a todos los partidos del Congreso un documento donde propone una actualización de las bases de cotización de los autónomos conforme al IPC actual hasta 2031, con una "subida lineal y predeterminada de bases", reconocer automáticamente el cese de actividad cuando este sea definitivo, que la Agencia Tributaria informe al autónomo de sus rendimientos computables a efectos de cotización antes de que Tesorería empiece la regularización, que los pluriactivos coticen en el RETA sin posibilidad de exceder la base máxima como en el pluriempleo y que los autónomos familiares y societarios puedan mantener su base de 2022 para que no se les perjudique en su pensión, entre otras reclamaciones.

También recuerdan que a los trabajadores por cuenta propia se les sigue cobrando la cuota en caso de enfermedad grave diagnosticada los primeros 60 días y sólo le cubren el 75% de la misma a los padres al cuidado de menores y familiares con enfermedades graves, o se les retiene el 50% de exceso de lo cotizado en ambos regímenes sin que ello, cuando están en bases máximas, suponga un incremento de su protección.

ATA reclama además que se aborde el subsidio para mayores de 52 años, actualmente reservado a los trabajadores por cuenta ajena, así como el permiso por lactancia, los permisos ante inclemencias meteorológicas o fallecimiento de un familiar, y una solución para las lagunas de cotización.

Desde UATAE, su secretaria general ha insistido en que el acceso al cese de actividad continúa siendo “demasiado restrictivo”, en comparación con la facilidad con la que los asalariados pueden acceder al paro. Por su parte, UPTA advierte del “vacío de protección” que sufren los autónomos que recurren una denegación de la prestación: mientras esperan la resolución, quedan fuera de la Seguridad Social y sin cobertura sanitaria, de jubilación ni de incapacidad.

Las resoluciones desfavorables de cese, explica UPTA, pueden ser objeto de recurso pero mientras se resuelven los trabajadores autónomos quedan en situación de baja en Seguridad Social y, por tanto, "desprotegidos en materia de las prestaciones básicas de asistencia sanitaria, y por jubilación, incapacidad y prestaciones de muerte y supervivencia". Ante esto, piden que mientras que esos recursos no sean firmes el trabajador autónomo y su familia mantengan esas prestaciones básicas.

Por el momento, la mesa de diálogo continúa centrada en la negociación de las cuotas y aún no ha entrado a debatir de forma concreta las reformas en materia de protección social. El debate seguirá abierto en los próximos meses, con los autónomos reclamando que el nuevo sistema no se limite a recaudar más, sino que también proteja mejor.