La reducción de la jornada labora bajo lupa: multas de hasta 10.000 euros por trabajador

Semana clave para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana sin merma salarial en España. Flexibilizar los actuales márgenes para que las empresas puedan distribuir de manera irregular los horarios, pero hasta un límite, y ampliar la capacidad sancionadora por incumplimientos de la reducción de jornada.

Esas son básicamente las mejoras que ofrece el Ministerio de Trabajo y Economía Social a las compañías para intentar convencerles para que firmen la reforma de la reducción de la jornada de trabajo. A CEOE y Cepyme no les suena del todo mal, pero piden flexibilizar también los plazos, es decir, retrasar la entrada en vigor de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales.

Con ambas propuestas, se ha cerrado la mesa de negociación reabierta emplazándose todas las partes a estudiar lo presentado. Ahora bien, uno de los escollos a tratar tiene que ver con el nuevo control horario digitalizado y en tiempo real que propone el departamento de Yolanda Díaz. Todo ello pasa por un registro "más accesible, fiable y transparente". El objetivo es prescindir del papel, porque es una fórmula de registro fácilmente manipulable y difícil de custodiar, para tender hacia las nuevas tecnologías.

Nuevo baremo sancionador: hasta 10.000 euros por cada infracción

Desde el 12 de mayo de 2019 es obligatorio el registro diario de la jornada de la totalidad de los trabajadores en España, teniendo en cuenta que se debe incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. En caso de incumplimiento, la cuantía de la sanción puede ir desde los 751 euros, si es considerada leve, llegar a los 7.500 euros, si llega a calificarse como grave. Esto en el caso de que se sancione directamente a la empresa.

Sin embargo, este baremo podría aumentar y situarse entre los 1.000 y los 10.000 euros. Es decir, que cada incumplimiento del registro podría conllevar una multa por encima de los 10.000 euros por cada incumplimiento en el caso más grave, informaron a LA RAZÓN fuentes de la Inspección de Trabajo. Por tanto, si en una empresa se detectan diez incumplimientos, el castigo superará los 100.000 euros.

Según justificó a finales de enero de este mismo año, las sanciones en materia de tiempo de trabajo contempladas en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) «no son suficientemente disuasorias para evitar conductas incumplidoras», por lo que endurecerlas «forma parte también de las perspectivas reformadoras» del Gobierno.

Las pymes, en contra de esta medida

Fuentes empresariales ya han manifestado sus dudas sobre esta propuesta, dado el tejido empresarial español, en el que la inmensa mayoría son micropymes de menos de diez empleados. "No sabemos el alcance de esta medida ni cómo lo van a llevar a cabo, pero ahora mismo sería imposible llevarlo a cabo".

Además, alertan de que sería "un proceso muy largo y económicamente costoso para las pymes, si no el Ministerio no dispone de medidas económicas y temporales que favorezcan esta implantación". También alertan de que según se ha planteado "parece que el único objetivo es recaudar a base de multas más cuantiosas. Por eso no vamos a pasar", concluyeron las mismas fuentes.

La Inspección de Trabajo, hasta arriba

Ese es el temor que muestran desde la Inspección de Trabajo (ITSS) ante los planes que ya se preparan en el Ministerio una vez que se apruebe la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. Según confirmaron fuentes ministeriales, los técnicos bajo el mando de Díaz ya trabajan en un plan integral de aplicación de la nueva normativa, que incluye un programa especial de control del registro horario en las empresas.

Sin embargo, "ahora mismo, no se estima que se vaya a aprobar un refuerzo de plantilla para llevarlo a cabo. Todavía es pronto". Fuentes de la Inspección de Trabajo confirmaron a LA RAZÓN que la aplicación de un plan especial de actuaciones en este sentido "será imposible de aplicar con los recursos actuales. Llevamos años reclamando que se mejoren los efectivos de la Inspección y hemos sido ignorados. Solo hemos recibido más trabajo, pese a que está firmado por la propia ministra en el Plan Estratégico. Si ahora nos piden más actuaciones, no será posible llevarlas a cabo".