Ron reclama el archivo y culpa a Saracho de la resolución del Popular

Ángel Ron defiende su gestión al frente del Banco Popular y se desvincula de las causas que llevaron a la resolución de la entidad en julio de 2017 arremetiendo contra la gestión de su sucesor, Emilio Saracho, investigado como él por el hundimiento del banco.

En un escrito remitido al instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, la defensa de Ron sostiene que cuando Saracho se hizo cargo del Popular "no había crisis de liquidez alguna" y resalta que solo dos días antes de la resolución, el Banco de España concedió una línea de liquidez de 9.500 millones, lo que "estaría certificando" que el patrimonio neto del banco "excedía esa cifra"

El perjuicio al inversor, "incluido a mí" (el Consejo de Administración de la entidad suscribió el 18,47% de la totalidad de las acciones en la ampliación de capital de 2016, en total 390346 títulos) -sostiene su abogado- debe buscarse "en causas posteriores a su mandato y ajenas a su gestión". Esa compra de acciones, argumenta, es un indicador "evidente" de la "confianza" del Consejo de Administración en el acuerdo de ampliación de capital.

El folleto expresaba "la imagen fiel de la entidad"

Durante todo el mandato del Consejo que presidía, subraya, la entidad "cumplió holgadamente con los ratios regulatorios y las cuentas reflejaban la imagen fiel de la entidad". No existió, hace hincapié, "incumplimiento regulatorio de ningún tipo". Según señala, las cuentas anuales de 2015, las últimas que se publicaron antes de la ampliación de capital bajo sospecha, así como las cuentas anuales de 2016 "expresaron la imagen fiel de la entidad".

Respecto a otra de las cuestiones controvertidas: la información sobre la situación financiera de la entidad recogida en los folletos informativos que se facilitaron para la ampliación de capital de 2016, Ángel Ron mantiene que "el folleto sí permitía concluir por el inversor que el destino de la ampliación era el incremento de las coberturas contables de los activos del Banco en un importe de hasta 4.700 millones de euros, lo que ocasionaría pérdidas en aproximadamente 2.000 millones de euros que quedarían cubiertas con el aumento de capital a afectos de solvencia".

Sin embargo, un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía concluyó en mayo del pasado año que la captación de fondos por parte del Banco Popular se llevó a cabo mediante "una política comercial muy agresiva" que incluso se plasmó en ocasiones en que los empleados de algunas sucursales llegaron a “presionar” o “coaccionar a aquellos clientes reticentes a la compra de acciones”.

Carga contra su sucesor

La defensa de Ron invoca el informe pericial de los peritos del Banco de España de abril de 2019 que estimó que en diciembre de 2016 el Banco Popular "tuvo mayores pérdidas de las anunciadas y su situación, tanto de coberturas de activos, como de capitalización y rentabilidad era peor que la prevista en la ampliación". Las cuentas de ese ejercicio, insiste, "reflejaban los resultados registrados de acuerdo con una normativa contable que entró en vigor en las cuentas de ese año de forma prospectiva, no retrospectiva".

Respecto a la solvencia del banco, asegura que en diciembre de 2016 "su patrimonio neto era de 11.088 millones de euros y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones, además de la posibilidad de materializar plusvalías por ventas de negocios". Era, "una entidad solvente, viable y estable", defiende aludiendo al testimonio ante el juez de los peritos del Banco de España.

A la hora de buscar las causas de la resolución del Popular, Ron las sitúa en "tres episodios de fuga de depósitos durante el segundo trimestre de 2017" (Saracho fue elegido presidente en febrero de ese mismo año), siendo el que se origina el 31 de mayo de especial gravedad" (en referencia al plan de ajuste anunciado por su sucesor, al que achaca la "destrucción de la confianza" de los accionistas por una comunicación "deliberadamente oscura, inexacta e incompleta"). Las pérdidas de los inversores, subraya, "no se derivan de la insuficiencia del patrimonio del banco para absorber las pérdidas de sus activos, sino de la imposibilidad de atender las elevadas e inesperadas solicitudes de retirada de depósitos".

"Cobertura mediática negativa"

La resolución del Popular se produjo, señala, "por un problema de liquidez" que achaca a la gestión de Saracho en ese segundo trimestre de 2017 bajo "una cobertura mediática negativa". Una actuación que provocó, dice, pese a la "imagen fiel" de las cuentas de 2016, "una fuga masiva de depósitos".

La defensa de Ron, que ejerce el letrado José Antonio Choclán, también señala a Saracho por haber obviado el "Proyecto Sunrise" que presentó al Consejo de Administración el 29 de junio de 2016, tras la ampliación de capital de mayo, para soltar lastre de activos improductivos, tal y como había indicado el Banco de España. El proyecto consistía en crear una sociedad inmobiliaria a la que se le traspasarían una cartera de activos.

"Finalmente este proyecto se abandonó sin que hayamos visto justificación de los motivos de tal decisión, aunque suponemos están vinculados al cambio en la dirección de la entidad", constata con cierto laconismo no exento de reproche a su sucesor.

Porque para Ron, "no había al llegar el sr. Saracho a su puesto crisis de liquidez alguna, menos todavía imputable al equipo anterior". La investigación judicial ha puesto de manifiesto, dice su abogado, que Ángel ron "solo participó en la aprobación de la ampliación de capital de mayo de 2016, no teniendo competencia, conocimiento o intervención en el resto de las cuestiones que se investigan".