Resulta una de las grandes paradojas de nuestro tiempo. Mientras miles de familias se enfrentan a un mercado inmobiliario desbocado, con situaciones tan extremas como los «castings de inquilinos» de Barcelona, donde los aspirantes son sometidos a un riguroso proceso de selección, se calcula que en España hay entre 1,2 y 3 millones de viviendas completamente vacías. Un enorme parque residencial que, por distintas razones, permanece fuera del alcance de quienes más lo necesitan.

Este despropósito, sin embargo, no es fruto de la casualidad, sino la consecuencia de un error de base en la política española de las últimas décadas. Los expertos coinciden en señalar que orientar la vivienda de protección oficial a la venta, en lugar de al alquiler, fomentó la especulación y privó al país de un parque público sólido. Un modelo que sí funciona con éxito en países como Austria o los Países Bajos, donde actúa como un colchón de seguridad para sus ciudadanos.

Ante este bloqueo estructural, surgen voces que plantean soluciones drásticas, convencidos de que los parches ya no sirven. El economista Santiago Niño Becerra ha sido especialmente contundente con una propuesta que resuena con fuerza: “La única solución es levantar ciudades nuevas”. No es una idea peregrina; el Reino Unido ya explora la creación de nuevos núcleos urbanos como vía para descongestionar sus mercados que evidencia la necesidad de buscar alternativas audaces.

La ineficacia de los paliativos frente a un problema de fondo

De hecho, las medidas puestas en marcha por el Gobierno hasta la fecha, como el bono alquiler joven, son consideradas por muchos analistas como meros paliativos que no atacan la raíz del problema. Estas ayudas, aunque bienintencionadas, se diluyen en un mercado con una oferta tan escasa que cualquier inyección de dinero acaba repercutiendo en una nueva subida de precios, perpetuando el ciclo vicioso.

En definitiva, la falta de una estrategia de envergadura aboca a varias generaciones a una incertidumbre constante. La vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un lujo, y las consecuencias a largo plazo son alarmantes. Como bien advierte el economista Gonzalo Bernardos, lo peor que le puede suceder a un jubilado es tener que vivir de alquiler. Una sentencia que resume la angustia de todo un país con una de sus grandes asignaturas pendientes todavía por resolver.