La rebelión de los altos funcionarios de la Administración contra el Gobierno de Pedro Sánchez se extiende sin freno entre la mayoría de asociaciones que agrupan a este colectivo de empleados públicos. La última en manifestarse ha sido la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Apsital) para protestar y rechazar de plano el acuerdo político firmado por el Gobierno y Junts para transferir a la Generalitat de Cataluña la gestión integral de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Por ello, Apsital protagonizó una protesta -en la que también participó Fedeca, la federación que agrupa a casi la totalidad de las asociaciones de altos funcionarios- contra "la ruptura del régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, además de ser manifiestamente inconstitucional".

Esta asociación recuerda que el Tribunal Constitucional ya declaró que la selección de funcionarios pertenecientes a los cuerpos nacionales de Secretarios, Interventores y Depositarios de Fondos de Administración Local y su adscripción a plazas determinadas "son competencia del Estado", pues pertenece al núcleo de las bases de la regulación que menciona el art. 149.1.18.ª de la Constitución, siendo igualmente básico "todo aquello que preserve la existencia de ese cuerpo y ello permitirá proscribir lo que lo haga desaparecer o lo menoscabe".

Junts y PSOE han aprovechado la tramitación de la nueva Ley de Función Pública para que Cataluña asuma la gestión integral de los funcionarios de la Administración Local con habilitación estatal, correspondiente a secretarios, interventores y tesoreros municipales. Este acuerdo se presenta bajo una disposición adicional específica, que atribuye a la Generalitat las "facultades de creación, clasificación y supresión de puestos; aprobación de la oferta de empleo público; procesos de selección, nombramiento y procesos de provisión, y gestión administrativa integral de estos funcionarios".

Apsital ya mostró su oposición al pacto alcanzado el pasado 14 de enero entre el ministro de Función Pública, Óscar López, y el consejero de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en virtud del cual la Administración autonómica asumiría los procesos de selección de la próxima convocatoria pública de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, mediante una encomienda de gestión. "Ya advertimos que encubría una cesión competencial en claro fraude de ley y era el primer paso para legitimar la plena transferencia de atribuciones, como así se ha producido", explicaron a LA RAZÓN fuentes de Apsital.

La de ayer ha sido la primera protesta pública "de las muchas más que vendrán" y que se realizón, además de en Madrid, en varias capitales de provincia y ante muchos ayuntamientos para parar un acuerdo que permite "una cesión inconstitucional, contraria a la sentencia 25/1983 del Tribunal Constitucional, que afirma que el Estado ostenta la titularidad de esta gestión", recuerdan desde Fedeca. Desde Apsital aseguran que "la mayor ganancia de imparcialidad de los funcionarios encargados del control jurídico y económico en las entidades locales se logra con una selección centralizada, alejada de los poderes políticos territoriales y de su influencia en los procesos de selección".