"España tiene una presión fiscal empresarial por encima de la media europea, está entre los países con mayor dependencia de la recaudación proveniente de las empresas y entre los cinco países del mundo desarrollado con mayor carga fiscal empresarial, es uno de los dos países de la UE que más han subido los impuestos sobre las empresas en la última década y tenemos uno de los sistemas fiscales más complejos del mundo". Este es el sombrío panorama fiscal que acosa a las empresas y que les «impide crecer y potenciar la actividad empresarial y económica del país».

Así lo constata en Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su último informe “Competitividad fiscal empresarial 2025: el nuevo indicador de la contribución fiscal empresarial total”, junto a la Tax Foundation, que determina que que España presenta "una estructura fiscal que impone una de las mayores cargas impositivas sobre el tejido empresarial entre los países desarrollados". Esta situación provoca implicaciones directas no solo desde el punto de vista recaudatorio, sino también en términos de eficiencia económica, competitividad e inversión. "En un contexto internacional marcado por la competencia fiscal entre jurisdicciones por atraer capital, talento y actividad productiva, la elevada contribución empresarial al sostenimiento del sistema tributario español constituye una desventaja estructural"·, apunta el informe.

Y las cifras les dan la razón. España está entre los países con mayor dependencia de la recaudación proveniente de las empresas, que contribuyen globalmente de forma directa e indirecta hasta el 48,8% de la recaudación total, frente al promedio de la UE, cuyas empresas aportan el 39,4%. La contribución fiscal total de las empresas españolas con relación al PIB, es de un 17,8%, claramente por encima de la media de la UE, que está en el 14,8%. Además, las españolas soportan un elevado esfuerzo fiscal, ya que su contribución global impositiva se sitúa en el 41,6% del Excedente Bruto de Explotación, frente al 31% de la OCDE.

De este modo, España está entre los cinco países del mundo desarrollado con mayor carga fiscal empresarial en relación al excedente bruto en términos de contabilidad, y es uno de los dos países de la UE que más han subido los impuestos sobre las empre

Para el director general Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo, , "este exceso afecta especialmente a las pymes, que enfrentan altos costes administrativos en el cumplimiento fiscal. La mayor contribución fiscal de las empresas españolas en relación a nuestro entorno es un factor explicativo de nuestro menor nivel de inversión y ocupación, y de nuestro inferior tamaño empresarial, factores ambos que a su vez están explicando nuestra brecha de renta per cápita inferior". En consecuencia, Izquierdo reclama que "seguir subiendo los impuestos sobre las empresas y que se plantee una reforma fiscal que prime la competitividad fiscal de las figuras que gravan".

Según apunta el informe, las compañías españolas no solo pagan impuestos directos, sino que asumen "un rol central como agentes recaudadores del sistema impositivo al gestionar tributos como el IVA, las cotizaciones sociales o las retenciones del IRPF". Esta función dual -como contribuyentes y recaudadores- convierte al tejido empresarial en el "auténtico pilar del sistema fiscal nacional". Por tanto, el esfuerzo fiscal es "excepcionalmente elevado", y no solo a través del impuesto sobre Sociedades, sino también con "la imposición indirecta específica o especiales y las tasas o impuestos locales pagados por las empresas, a lo que hay que añadir el pago de las cotizaciones sociales y los costes directos e indirectos que suponen para la mismas la Administración y gestión de los mismos".

Para el IEE, el dato más significativo para mostrar esta enorme presión fiscal lo centran sobre el Excedente Bruto de Explotación -lo que se refiere a la renta empresarial-. En este caso, el peso de la contribución fiscal, en términos de esta renta empresarial en España, es del 41,6%, magnitud muy superior a la media de la OCDE (31%). "Esto refleja que, en proporción a las rentas empresarial generadas, las empresas españolas están sujetas a una de las mayores cargas fiscales de la UE. Aunque países como Francia (52,5%) o Austria (46,4%) muestran niveles aún más altos, la posición de España en el quinto puesto en este ranking sigue siendo elevada y preocupante".

El Índice del peso de la contribución empresarial fiscal total muestra que, en 2023, España presentaba, en relación a la recaudación, una fiscalidad empresarial un 24% por encima a la del promedio de la UE y casi un 30% más elevada que la media de los países más desarrollados. Este dato sitúa a España entre los países europeos con una mayor contribución de las rentas empresariales a los ingresos públicos, tan solo por detrás de la República Checa, Polonia y Eslovaquia. Según el cálculo de la presión fiscal empresarial, España alcanza el 12,3% en 2023, superando ampliamente la media europea (10,2%) y a economías relevantes como Alemania (9,9%), Grecia (8,1%) o Suecia (6%).

La penalización fiscal de la actividad empresarial en España, en relación a nuestro entorno, tal y como se observa en prácticamente la totalidad de los indicadores, se ha visto agravada en la última década. En este sentido, España es uno de los dos países de la UE, junto a los Países Bajos, donde más ha subido más el peso de la presión fiscal empresarial en relación al PIB entre 2013 y 2023, último dato disponible.

El IEE también analiza el Impuesto sobre Sociedades, que revela que España aplica un tipo nominal del 25%, por encima de las medias de la OCDE (23%) y de la Unión Europea (21,8%). Aunque el tipo nominal no refleja por sí solo la carga efectiva, al incorporar deducciones e incentivos, el tipo medio efectivo ajustado por inflación también sitúa a España en una posición elevada: el 23,3%, frente al 21,9% de la OCDE y al 19,9% de la UE. "Esta realidad fiscal no solo sitúa a España por encima de países tradicionalmente atractivos para la inversión, como Irlanda, Hungría o Bulgaria, sino también al nivel de países con una fiscalidad más exigente como Bélgica o Chile".

Este menor diferencial entre el tipo nominal y efectivo del impuesto sobre las rentas empresariales muestra que el sistema de incentivos fiscales para las empresas que se determina en nuestro marco tributario es menos competitivo que el que se establece en otras economías avanzadas. Esto tiene una incidencia directa sobre los procesos de acumulación de capital, es decir, sobre las inversiones y planes de amortización de la mismas, así como en la I+D+i, factores determinantes de la mejora de la productividad de la economía española y, por ende, sobre la renta per cápita y el bienestar social.

Otro componente fundamental del esfuerzo fiscal empresarial para el IEE son las cotizaciones sociales a cargo del empleador. De nuevo España presenta una estructura fiscal "!particularmente gravosa" para el tejido empresarial. En el caso español, estas representan el 25,8% del total de la recaudación fiscal, muy por encima del promedio europeo del 17,9%. Este dato sitúa a España como una de las economías europeas que más carga social impone a las empresas sobre el factor trabajo, "lo que sugiere una estructura fiscal desequilibrada en la que el esfuerzo recaudatorio se concentra en los costes laborales y es un factor claramente distorsionante para que se reduzcan los desequilibrios que se producen en el mercado de trabajo en España", incide el estudio.

En cuanto a la fiscalidad sobre los dividendos, la economista Cristina Enache incide en que España presenta un tipo de imposición sobre dividendos del 28%, por encima de la media de la UE (24%)."Este dato refleja que España mantiene una presión fiscal considerable sobre los ingresos por dividendos, a lo que ha de añadirse un elevado tipo efectivo sobre las rentas empresariales, lo cual tiene implicaciones negativas no solo en la actividad y en las decisiones de inversión empresarial, sino también en la canalización del ahorro hacia este tipo de activos por parte del accionista; ello condiciona los procesos de acumulación de capital y, por ende, la productividad y la competitividad del país frente a otras jurisdicciones con regímenes fiscales más favorables", señala.

Junto a todo esto, el informe critica también la complejidad normativa del sistema tributario representa un coste adicional significativo para las empresas, más allá de la carga fiscal directa. Los datos revelan que España presenta un sistema tributario notablemente complejo, siendo un 16,5% superior a la UE y un 9,9% superior a la OCDE. Este nivel de complejidad es comparable al de países como Turquía y Armenia, y refleja una carga significativa en términos de costes de cumplimiento para las empresas. Algo "especialmente preocupante para las pymes, puesto que, en términos de coste para estas empresas de menor dimensión, estos pueden suponer casi un tercio de lo recaudado sobre las mismas". En concreto, este coste es, aproximadamente, un 5% superior al promedio de la UE, quedando por encima de economías como Alemania, Bélgica, los Países Bajos e Irlanda.

Más allá de los impuestos que pagan directamente, el IEE también pone énfasis sobre que las empresas "actúan como vehículos fundamentales en el proceso de recaudación fiscal, canalizando ingresos públicos mediante tributos indirectos o retenidos a cuenta de terceros, como trabajadores o consumidores", pero mientras que en los países desarrollados el 85% de los ingresos fiscales totales proceden de tributos que las empresas pagan o recaudan, en el caso de España esta cifra asciende al 89%. "Este dato contrasta con la narrativa habitual que sugiere una baja fiscalidad sobre el capital y evidencia el rol estructural que desempeñan las compañías como principales contribuyentes y financiadoras del Estado", señala Izquierdo.

En conclusión, el director del IEE señala que el panorama tributario español se caracteriza por una "fuerte dependencia de la aportación empresarial", tanto en términos directos como indirectos. Sin embargo, esta estructura se encuentra "tensionada por una alta presión fiscal efectiva. La existencia de esta brecha entre presión y rendimiento impone la necesidad de replantear las prioridades del sistema impositivo español. Aumentar la carga fiscal empresarial en un país donde las empresas ya sostienen el grueso de la recaudación podría producir efectos contractivos en la economía, al erosionar los márgenes empresariales, dificultar la contratación y limitar el crecimiento del capital productivo". Por tanto, concluye que "la sostenibilidad fiscal no debe basarse en un sobresfuerzo de quienes ya mantienen el sistema, sino en la ampliación de las bases tributarias, la mejora de la eficiencia administrativa y la simplificación normativa".