El Banco de España reclama al Gobierno un plan en 2023 para reducir la deuda y el déficit

“La compleja situación actual exige políticas económicas coherentes entre sí, destinadas a preservar la estabilidad macroeconómica”. Así, de contundente se mostró el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en su última conferencia, en la que puso deberes a cumplir por el Gobierno este año: “Una política monetaria concentrada en garantizar la estabilidad de precios; una política fiscal que combine la necesaria reducción de los desequilibrios fiscales existentes con el apoyo a las rentas de los hogares y empresas más vulnerables y una mayor aportación al crecimiento potencial de la economía; un pacto de rentas que distribuya equitativamente entre empresas y trabajadores los costes del encarecimiento de los bienes importados y, de esta forma, evite presiones inflacionistas adicionales; y unas políticas de oferta que permitan reducir nuestras dependencias energéticas y aumenten la productividad y el empleo potencial. Todo ello, combinado con una profundización en el proyecto europeo”.

En su última conferencia ofrecida en el homenaje al economista Enrique Fuentes Quintana en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas -en un acto presidido por Benigno Pendas, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en el que también intervinieron los economistas Juan Velarde, José Manuel González-Páramo y Julio Segura Sánchez-, De Cos ha vuelto a advertir de la complicada situación provocada por la guerra en Ucrania, que ha disparado los costes energéticos y de muchas materia primas y productos de primera necesidad. Así, estima que cerca del 75% del incremento de la inflación del área del euro de 2022 habría sido causado “por los efectos directos e indirectos de los precios energéticos y de los alimentos”. Esta “situación de incertidumbre” ha provocado una revisión generalizada a la baja de las perspectivas de crecimiento económico. Para el BCE, el crecimiento esperado del PIB del área del euro se situaría en el 0,5% en 2023 (3,4% en 2022), y se elevaría a tasas cercanas al 2% en 2024 y 2025. En paralelo, se han producido sucesivas revisiones al alza de las proyecciones de inflación. Tras una inflación promedio del 8,4 % en 2022, las previsiones del Eurosistema anticipan un 6,3% en 2023, cifra muy superior al 5,5 % que se estimaba en septiembre o al 3,5 % que se proyectaba en junio.

Para De Cos, este contexto macroeconómico ha generado un “deterioro” del entorno de estabilidad financiera. “La combinación de una inflación más elevada y un menor crecimiento económico esperado, junto con el aumento de los tipos de interés, afecta negativamente a la capacidad de pago de hogares y empresas”. Por ello, reclama que las medidas deben ser ahora “muy selectivas” y concentrarse en los hogares de rentas más bajas -que son los que más padecen el incremento de la inflación- y las empresas más vulnerables frente al encarecimiento de las materias primas. “Se evitaría, así, un impulso fiscal generalizado, que generaría una presión adicional sobre la inflación”, incidió el gobernador.

Esta actuación sobre la política fiscal debería ser compatible con el inicio de un proceso de consolidación fiscal, ya en 2023, en los países más endeudados o con un elevado déficit público estructural, como España, que “permita reducir las vulnerabilidades fiscales actuales y aumentar los márgenes de maniobra futuros”. También pidió que los fondos que lleguen de Europa se utilicen para “aplicar reformas estructurales”, que deben facilitar la “reasignación de recursos entre sectores y empresas que exige la adaptación a la perturbación energética” a través de los fondos NGEU.

Además, volvió a reclamar un “imprescindible” pacto de rentas en el que los agentes económicos “asuman como inevitable la pérdida de renta que implica el encarecimiento de las materias primas importadas”. Por ello, y como ha venido defendiendo en sus últimas declaraciones, para De Cos sería “deseable” alcanzar el citado pacto, en el marco del diálogo social, que acuerde el “reparto de costes entre empresas y trabajadores”, de forma que todos “asuman una parte alícuota de la pérdida de renta real”, con compromisos plurianuales respecto a los incrementos salariales y la evolución de los márgenes.

Asimismo, ha alertado sobre la rentabilidad del sector bancario, sobre la que se observan “señales de deterioro de la calidad de los activos”, cuya magnitud dependerá de la materialización de los riesgos para el crecimiento económico. En este contexto recordó De Cos que se hace necesario que las entidades “utilicen el incremento de los beneficios que se están produciendo en el corto plazo para aumentar su capacidad de resistencia”. Además, las entidades deben mantener una “estrategia prudente en sus políticas de provisiones y de planificación de capital”, y una vigilancia estrecha de la evolución macroeconómica que les permita “reaccionar con rapidez” si finalmente se materializan los riesgos anunciados.