Convenios colectivos

Los trabajadores de los puertos reducen un 70% su actividad

La patronal denuncia huelga encubierta. Los estibadores han convocado paros parciales para los días 20,22 y 24 de febrero

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar,durante la reunión con representantes sindicales del sector de la estiba y la patronal Anesco
El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar,durante la reunión con representantes sindicales del sector de la estiba y la patronal Anescolarazon

La primera reunión entre el Ministerio de Fomento y los estibadores y la patronal sobre la reforma del modelo de la estiba ha terminado sin acuerdo, un encuentro que se ha producido tras la convocatoria de paros los días 20, 22 y 24 de febrero.

Aunque los estibadores no han convocado la primera jornada de paros para protestar por la liberalización del sector hasta el próximo día 20, la patronal (Anesco) cree que ya han comenzado, de facto, las movilizaciones. Juan Aguirre, portavoz de esta asociación, declaró ayer que los trabajadores de los puertos están realizando ya acciones reivindicativas que están provocando «un descenso del 70% del rendimiento de los puertos, con el consiguiente perjuicio para las empresas y para la economía.

Los estibadores rechazaron de plano tales acusaciones. Antolín Goya, responsable del principal sindicato, la Coordinadora de Trabajadores del Mar, negó que se estén realizando huelgas encubiertas o medidas de presión. No obstante, sí reconoció que los estibadores no están trabajando con la misma «alegría». «No es igual levantarse para ir a trabajar cuando está en cuestión su empleo y su trabajo», afirmó. «Los trabajadores se enfrentan a una situación anómala y rara, y ello hace que la gente no trabaje con la misma alegría y ganas que en una situación normal. Pero estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y no avalamos ninguna actividad o reivindicación fuera de lo legal», remachó.

Tanto Aguirre como Goya realizaron sus declaraciones a la salidad de la reunión que ambos mantuvieron con el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, en la que se intentó llegar a un acuerdo sobre la reforma del sector que evite los paros programados para los días 20, 22 y 24 de febrero. El encuentro no sirvió para acercar posturas y terminó como empezó, con cada una de las partes enrocada en su respectiva posición. Los estibadores siguen reclamando que el Decreto Ley que el Gobierno tiene previsto aprobar el viernes próximo para liberalizar el sector incluya un registro de estibadores al que las empresas tengan que acudir para contratar, punto que consideran clave para garantizar sus empleos tras la reforma. Goya aseguró que esta iniciativa no contraviene lo que fija la primera sentencia de la UE, cuando hace un par de años instó a España a liberalizar el sector. «Queremos garantías para todos los trabajadores. No es aceptable que un Real Decreto Ley plantee lo que consideramos un despido encubierto y además costeado por la administración», declaró Goya.

Rechazo de Bruselas

Como ha defendido desde un primer momento, Fomento volvió a poner de manifiesto que la normativa europea sí que impide la creación de tal registro. «El Gobierno está dispuesto a analizar propuestas del sector, pero las líneas rojas son muy claras y una de ellas es el rechazo que la Comisión Europea ha manifestado tanto al registro de estibadores como a que se restrinja la libertad de las empresas estibadoras para contratar estibadores», expuso Gómez-Pomar. Para Fomento, la garantía laboral de los estibadores viene por el certificado de profesionalidad con que contarán para acreditar su formación y experiencia, y con un posterior proceso de negociación colectiva con las empresas del ramo.

Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, las partes implicadas se han emplazado a una nueva reunión el próximo martes, a la que se han comprometido a acudir con nuevos planteamientos para intentar desbloquear la negociación.

La eventual paralización de los puertos causaría graves perjuicios económicos. Estas instalaciones canalizan el 85% de las exportaciones españolas y el 65% de las importaciones.