El Tribunal de Cuentas Europeo avisa: sólo se ha usado un tercio de los fondos de recuperación

El Tribunal de Cuentas Europeo está preocupado por la lentitud con la que los gobiernos de la UE están gestionando los planes de recuperación: a finales de 2023, los países de la UE habían utilizado menos de un tercio de los fondos de recuperación del covid previstos de la UE. Sus auditores advierten de que muchas cantidades del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE, dotado con 723.800 millones de euros, pueden no llegar a absorberse y muchas reformas estratégicas pueden no efectuarse si persiste el retraso en las solicitudes, en los desembolsos y en la ejecución de los proyectos comprometidos con Bruselas. El tirón de orejas del Tribunal de Cuentas Europeo va para todos los 27 y también para la Comisión Europea, a la que le pide que implemente mecanismos para recuperar los fondos concedidos a Estados miembros que no culminen las medidas antes de la fecha límite, agosto de 2026.

A España ya se le atragantaron algunos de los 61 hitos y objetivos para recibir el cuarto pago, de 10.000 millones, que llegó el pasado mes de julio con retraso y con 158 millones retenidos por un incumplimiento. Con el quinto desembolso, correspondiente al primer semestre de 2024 y valorado en 7.200 millones, ocurrirá lo mismo. A estas alturas del año aún no ha sido solicitado formalmente y de los 24 hitos que exige la Comisión Europea para este pago, la ley de servicios sociales y la reforma fiscal están en el aire.

A cierre de 2023, España contaba con un 46% de la financiación desembolsada (la media de la UE era del 37%) y había cumplido el 29% de los hitos, por encima del 19% de la media de la UE, según el informe “La absorción de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia” presentado este lunes por el Tribunal de Cuentas Europeo. Actualmente, contando con el cuarto desembolso, España es el país que más transferencias de la UE ha recibido, con un total de casi 48.000 millones de euros, pero ha sufrido retrasos en la presentación de solicitudes de pago a la Comisión y ha reducido objetivos y aplazado la finalización de otros (cinco de las 10 medidas analizadas por el Tribunal sufrieron modificaciones).

La parálisis legislativa por la convocatoria de elecciones y la demora en la formación de Gobierno ha jugado un papel relevante en estos retrasos que entrañan un gran riesgo. España puede perder hasta 4.125 millones por hito incumplido. En concreto, la Comisión Europea valora en 275 millones cada hito del Plan de Recuperación ligado a los fondos de la UE, pero puede aplicar multiplicadores, hasta por 15, según su importancia. En total, el Plan de Recuperación puede llegar a movilizar 162.900 millones de euros para España en el periodo 2021-2026, de los cuales el mayor pago, de 35.200 millones, se reserva para el segundo semestre de 2026, con el riesgo de que si los retrasos en las solicitudes y en el cumplimiento de los hitos se agravan, al acumularse, buena parte de estas cantidades queden en papel mojado.

“La absorción oportuna del MRR es fundamental: ayuda a evitar cuellos de botella en la ejecución de las medidas hacia el final del período de vigencia del Mecanismo y reduce el riesgo de gastos ineficientes y erróneos”, afirma Ivana Maletić, miembro del Tribunal responsable de la auditoría. “Estamos señalando los riesgos, ya que los países de la UE habían utilizado menos de un tercio de los fondos previstos (a cierre de 2023) y habían realizado menos del 30% de los avances hacia la consecución de sus hitos y objetivos predefinidos”, añade. El Tribunal de Cuentas Europeo reclama a Bruselas que preste más orientación a los Estados miembros, que haga un seguimiento para evitar financiar medidas no finalizadas, que amplíe la fecha límite (agosto de 2026) para cumplir los objetivos antes que dejar proyectos estratégicos sin cumpliry que, para tales casos, incluya en la regulación del MRR mecanismos para recuperar los fondos concedidos a Estados miembros que no completen las medidas comprometidas en última instancia.

Como nota positiva, el Tribunal de Cuentas Europeo señala que la prefinanciación de hasta el 13% del importe que los Estados miembros podrían recibir permitió que se pagaran rápidamente más fondos al principio, lo que era coherente con el objetivo de respuesta a las crisis. Sin embargo, los auditores critican el ritmo de utilización de la mayor parte de los fondos desde entonces. Al final de 2023, sólo se habían transferido 213.000 millones de euros de la Comisión a las arcas nacionales de los Estados miembros. Además, advierten de que estos fondos no han llegado necesariamente a los perceptores finales, como son las empresas privadas, las empresas públicas de energía o las escuelas. De hecho, casi la mitad de los fondos del MRR desembolsados a los 15 Estados miembros que facilitaron la información necesaria, entre ellos España, aún no habían llegado a los perceptores finales.

Al final de 2023, los Estados miembros habían presentado el 70% de sus solicitudes previstas (73 frente a las 104 previstas). España, por su parte, solicitó el 80%, por encima de la media de la UE, pero por detrás de Croacia, República Checa, Dinamarca, Alemania, Italia, Letonia, Malta, Portugal y Eslovaquia que sí solicitaron el 100%. Más en detalle, España experimentó retrasos en la presentación de solicitudes de pago, en comparación con el calendario indicativo, en 2022 y 2023, de hecho, a finales de 2023 no presentó nada. Sólo cumplió a tiempo en el último trimestre de 2021. Los principales motivos de los retrasos, comunes a todos los Estados miembros, fueron la inflación, la escasez de suministro, la incertidumbre sobre las normas medioambientales y la insuficiente capacidad administrativa.

En cuanto a la financiación, se solicitó un 16% menos del dinero esperado por los Estados miembros. En concreto, el valor total de las solicitudes de pago ascendía a 228.000 millones, frente a los 273.000 millones inicialmente previstos; del importe se habían abonado 182.000 millones a los Estados miembros a finales de 2023. Además, por diferentes razones, siete países no habían recibido fondos por el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos.

El Tribunal de Cuentas Europeo insiste en el riesgo de que los 27 no puedan agotar o absorber todos los fondos europeos de recuperación antes de agosto de 2026, año en el que los Estados miembros tienen previsto completar los hitos y objetivos relacionados con el 39% de las inversiones y el 14% de las reformas previstas. Sin embargo, el Tribunal subraya que los incentivos para hacer el trabajo duro son muy bajos. En el caso de Rumanía, debe completar un 40% de sus medidas comprometidas para recibir poco más del 10% de los fondos, lo que puede llevar a que elija perder ese porcentaje de los fondos a cambio de no tener que ejecutar un mayor monto de medidas. Al final de 2023, se había presentado para su pago menos del 30% del total de más de 6.000 hitos y objetivos.

Reformas a medias

España está teniendo varias dificultades para cumplir con algunas medidas. El objetivo intermedio de renovar 231.000 viviendas residenciales al final de 2023 se retrasó debido a que la demanda de obra de renovación fue inferior a lo previsto a causa de la inflación y, en particular, del fuerte aumento de las materias primas. Por ello, en el proceso de modificación de su plan de recuperación y resiliencia, España propuso aplazar un año la fecha límite del objetivo intermedio y reducir también de 510.000 a 410.000 el número total de obras de renovación que debían completarse en el contexto de la medida. Por otro lado, el plan nacional de recuperación y resiliencia de España contenía una serie de reformas específicas para modernizar la administración pública del país reforzando su marco de contratación pública que también se retrasaron.