Valdecaballeros entra en campaña: Ribera manda expertos a la presa que defiende Vara de la demolición

“Valdecaballeros no se va a tirar, porque para tirarlo tiene que ser por encima de nuestro cadáver”. Así de contundente se mantiene el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ante la cuenta atrás para que el Gobierno decida si mantiene su posición de demoler la presa pacense o la deja en pie. Pero en plena sequía, ¿a qué viene la idea de volar una presa?

Para empezar, la presa de Valdecaballeros (Badajoz) no es una infraestructura hídrica al uso. Se levantó en los años 80 para refrigerar los dos reactores (de 950 MW cada uno) con los que iba a contar la central nuclear del mismo nombre, una infraestructura energética cuya concesión se otorgó a Iberdrola y Endesa. La moratoria nuclear de 1984, con la vizcaína Lemóniz por bandera, dejó paralizado el proyecto. Pero la presa ya estaba levantada. Y ahí sigue, como reservorio del arroyo del Valle y del río Guadalupejo, brazos de agua que desembocan en el imponente embalse de García de Sola, que almacena sobre todo aguas del Guadiana.

En 1994 se entierra definitivamente la central y comienza el baile. Las eléctricas consideran que, desde esa fecha, Valdecaballeros pasa a manos del Estado. De hecho, se auditó el coste de las infraestructuras fantasma levantadas (tanto en Lemóniz como en Valdecaballeros, incluida la presa) y se incluyó un cargo en la factura eléctrica para pagar en cómodos plazos el gasto inservible en el que incurrieron las eléctricas por dicha moratoria nuclear.

¿De quién es la presa?

Durante todos esos años, el ministerio a cargo (ahora Transición Ecológica) delegó la vigilancia y mantenimiento de las infraestructuras en las eléctricas. Y no se hizo nada. Las escasas rentas de los terrenos a ganaderos o el alquiler del emplazamiento para subestaciones iban para el Estado, indican fuentes de Endesa. En 2014 y 2015, el Ministerio trató de subastar los terrenos, pero no hubo interesados y las eléctricas se ofrecieron entonces a demoler la presa. El Estado se negó, aduciendo que no le compensaba tirar los edificios y que el impacto medioambiental era mayor con la demolición.

A finales de 2019, a unas semanas de que decayera el cargo de la moratoria nuclear en el recibo de la luz tras 25 años, el Gobierno transfiere al ejecutivo vasco Lemóniz. La misma orden ministerial hace lo propio con Valdecaballeros a la Junta de Extremadura. Pero no al completo como en el caso de Lemóniz. Se traspasa el emplazamiento, pero no la concesión. Iberdrola y Endesa se ven forzados a mantener esos derechos. La junta se queda con los terrenos y los edificios, pero el derecho de toma de agua y de instalaciones como la presa son de Endesa e Iberdrola.

En enero de 2020, se acaba el cargo de la moratoria nuclear y en 2021 Endesa renuncia a la concesión una vez extinguido el contrato. Concluido el procedimiento el pasado 14 de marzo por la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, el paso siguiente sería el derribo, ya que la actual legislación, tanto europea como nacional, fuerza a la restitución del dominio público hidráulico si las presas son inviables y sin utilidad pública. Y comienzan otra vez los problemas. ¿Por qué?

Vital para la comarca

Porque durante esos 30 años, desde que se decreta la paralización definitiva de Valdecaballeros como central nuclear, los 70 hectómetros cúbicos de la presa abastecen a 2.000 personas. La presa no solo genera riqueza para la comarca como foco de actividad turística y da de beber también al pueblo de Castilblanco, además de al propio Valdecaballeros, sino que también sirve a los ganaderos de la zona.

Los ambientalistas defienden que la estrategia de biodiversidad de la UE fuerza a restaurar el flujo libre de agua, más aún si hay un embalse enorme como el de García de Sola a unos pocos kilómetros de ambas localidades. Piden demoler la presa y que lo paguen las eléctricas. Estas recuerdan que desde 1994 la presa es del Estado, aunque a día de hoy aún figuren como titulares en el registro y que esa legislación del agua es posterior a la presa y no aplica.

Sin embargo, la Junta de Extremadura ha recurrido el procedimiento y el 14 de abril, Endesa. Junta, eléctricas y toda una comarca, unidas para que no se vuele la presa. Todos consideran que es “matar la comarca” por muchos motivos. Para empezar, porque alegan que esos 2.000 vecinos pueden tener problemas de suministro y tendrán que buscar otras opciones y que se destruirá un ecosistema con vida propia desde hace 40 años, además del mayor gancho turístico de la zona.

“Estamos 100% con la Junta. Hay razones ambientales y los alcaldes no quieren que se derribe”, indican fuentes de Endesa. “El coste de mantener la presa es entre cero y nada. De hecho, es casi seguro que el saldo sea positivo ya que es un polo de atracción de la comarca”, añaden.

Ante la negativa taxativa de Vara a volar la presa, Ribera ve ahora “perfectamente posible” mantenerla y el ministerio –que debe responder estos días al recurso- ha pedido hacer una visita, probablemente este miércoles día 17, con miembros de la dirección de aguas y consultores externos para ver si la presa es segura o no... 30 años después.