Yolanda Díaz gana la batalla final a una Calviño en retirada

El Gobierno en funciones mantiene cerrado a cal y canto el Parlamento, pero no las mesas de negociación al margen de luz y taquígrafos, optando de nuevo por la táctica de los hechos consumados. Así lo demuestra el último pacto de Gobierno firmado entre PSOE y Sumar, que sorpresivamente ha sentado las bases de lo que será la política económica, fiscal y laboral del próximo Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Un Ejecutivo que mantiene las mismas tensiones y continuos encontronazos internos que tuvo en la anterior legislatura entre los ministros de ambas formaciones.

Los más enconados los que han protagonizado Nadia Calviño y Yolanda Díaz, vicepresidentas primera y segunda, que han tenido un último asalto esta semana, con el pacto de coalición, tras el que Calviño parece batirse en retirada, en una secuencia que se ha repetido varias veces durante los últimos cinco años y que han reincidido ahora, cuando la líder de Sumar ha vuelto a imponer dos nuevas medidas laborales con el rechazo de la titular de Economía: la reducción de la jornada de trabajo y la reforma del despido. En esta Calviño ni siquiera ha ofrecido gran resistencia pública, como sí ha hecho en otras ocasiones, en las que intentó hacer valer su estatus como mano derecha del presidente Sánchez y como garante de la ortodoxia económica, alejada del populismo del que se ha nutrido la líder de Sumar.

«Pero una cosa es lo que se firma y otra lo que llega o puede finalmente hacerse», explican en el entorno de Calviño, que tiene claro que este tipo de medidas tienen que ser consensuadas por todas las partes, incluidos los empresarios. «No tiene ningún sentido hacer una medida que tenga carácter general sin tener en cuenta sectores y empresas. Esto habrá que hacerlo en el diálogo social, porque son decisiones que tienen que hacerse de manera que se proteja la productividad y el crecimiento económico, para que se puedan seguir mejorando las condiciones laborales pero también los márgenes empresariales», dijo Calviño al día siguiente de la firma.

Pero está claro que Díaz ha conseguido su objetivo de que se reduzca jornada máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales de forma progresiva, reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. «Eso está negro sobre blanco», aseguran desde Sumar.

Respecto a la reforma del despido, se ha retomado tras quedar fuera de la reforma laboral. Aunque el texto del acuerdo se limita a apuntar que se van a «establecer garantías para las trabajadores frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral», sienta las bases para endurecer el despido, algo a lo que Calviño se ha opuesto siempre durante los últimos cuatro años.

Por tanto, la firma del nuevo pacto de Gobierno del futurible Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez si la matemática del voto les da la mayoría del Congreso –a expensas de lo que pase en sus opacas negociaciones con los independentistas de Junts y ERC–, ha dejado claro que la todavía vicepresidenta económica piensa ya más en su más que probable nombramiento para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que en recrudecer su larga lista de enfrentamientos con Yolanda Díaz, que han sido muchos y, con el tiempo, han ido cayendo del lado de la líder de Sumar. Pese a ello, fuentes cercanas a la vicepresidenta primera aseguran que, ante el pacto, mostró a Sánchez sus reticencias a varias medidas, que pueden complicar aún más la tensa relación que mantiene el Gobierno con los empresarios, y que podría romper definitivamente el fino hilo del que pende la mesa del diálogo social que, por cierto, no se ha convocado para tratar medidas tan importantes.

Pero, al margen de estos dos puntos del acuerdo en concreto, varias medidas anteriores ya provocaron algo más que fricción entre ambas ministras y que, ahora, con Calviño pensando más en su futuro europeo que en el patrio, ha aprovechado Díaz para dar impulso a medidas que la titular de Economía había frenado. Tal es el caso del Estatuto del Becario, que Calviño logró parar ante las quejas generalizadas de los empresarios y del sector educativo por la imposibilidad de hacerlo efectivo en el corto plazo, y que ahora, si la coalición llega a gobernar, se aplicará «sí o sí», como ya advirtió Díaz.

Calviño también paró el intento de Díaz de convertir el Observatorio de Márgenes Empresariales en una plataforma para marcar los límites de la negociación colectiva sobre los beneficios empresariales, algo a lo que siempre se opuso la vicepresidenta primera. La situación ahora puede cambiar si Calviño no ejerce de balanza.

Díaz ya logró salirse con la suya en medidas tan importantes como la subida del salario mínimo o el tope a los alquileres. En el primer caso, ha logrado que el SMI se eleve un 45% en apenas tres años y ha prometido que alcanzará por ley el 60% del sueldo medio. Calviño intentó que esta subida fuera más suave, para no tensar aún más los costes laborales tras la subida de las cotizaciones, pero Sánchez avaló a la ministra de Trabajo. Al igual que hizo con el tope a los alquileres y con muchos puntos de la reforma laboral en los que chocaron. La probable salida al BEI acabará con un combate que parece haber ganado a los puntos la líder de Sumar, bajo el arbitraje de Sánchez