Sólo es una mesa de socios políticos

Es comprensible la prevención que despierta en la mayoría de los ejecutivos autonómicos, incluso, los regidos por socialistas, la pompa y circunstancia que rodea la anunciada ronda de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña –que desde la plaza de San Jaume se pretende vestir con los ropajes de la bilateralidad–, tanto por lo que supone de trato de favor como por el momento en que se produce, cuando están abiertas las negociaciones para la reforma de la financiación autonómica, complejo expediente que enfrenta a las regiones más pobladas y con mayor PIB, con las de la España «vaciada», que demandan políticas de cohesión territorial más acusadas. Más aún, cuando la opinión pública asiste perpleja a peripecias como la de la ampliación del aeropuerto barcelonés de El Prat, con el rechazo a una inversión pública multimillonaria, que tiñe de sospechas políticas lo que es una infraestructura absolutamente imprescindible para el desarrollo económico y social de Cataluña, y aun de España. Prueba de que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez es consciente del malestar y la desconfianza que despierta entre sus propias filas la mesa de diálogo con la Generalitat son los contactos y reuniones que se mantienen paralelamente con los gobiernos regionales socialistas, como el de la Comunidad Valenciana, una de las que sufren la financiación más baja, como ayer mismo reconocía la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Sin embargo, no parece que ese mar de fondo autonómico, bien reflejado en la actitud admonitoria del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, pueda fundamentarse en hechos, al menos, a día de hoy. En primer lugar, porque no existe tal bilateralidad, más allá de excesos declarativos, ni es posible abrir un diálogo con la Generalitat de Cataluña que desborde el marco autonómico. Lo saben unos representantes políticos convocados a una mesa que no tiene más función, por importante que sea, que dar continuidad a los acuerdos de investidura y a la estabilidad gubernamental. En definitiva, una reunión de socios políticos que tienen intereses comunes, aunque sean coyunturales, y que, al mismo tiempo, como es notable en el caso de ERC, tienen que lidiar con resistencias internas, en el fondo, más simbólicas que reales. De hecho, nadie espera que se produzca una ruptura del bloque parlamentario ni, por supuesto, que no se materialicen concesiones presupuestarias a los gobiernos nacionalistas que tienen, una vez más, la llave de los Presupuestos Generales.