Los homenajes a etarras nos degradan

El actual gobierno de la coalición socialista y comunista es, sin duda alguna, el más distante y nada afín a las víctimas del terrorismo. Más allá de sus discursos, de sus políticas no se podía esperar otra cosa, y con seguridad han dado esa frialdad por bien empleada tras garantizarse objetivos principales, en este caso, las mayorías políticas que sostienen la gobernabilidad en la nación y en la Comunidad Foral de Navarra. Se las ha marginado del debate público porque son un elemento incómodo para el poder e incluso no se han escatimado críticas desde los ministerios podemitas en un afán deplorable por deslegitimar sus opiniones. Desde el Ejecutivo se las ha engañado con premeditación y alevosía en asuntos tan cruciales como la política penitenciaria con los terroristas, de los que el ministro que aún sigue en su despacho, Grande Marlaska, prometió que los etarras con delitos de sangre no serían beneficiarios de medidas de favor como así ha ocurrido. Hoy, todos los miembros de ETA están en cárceles controladas ya por el PNV o próximas a la comunidad vasca, y se ha desplegado una descarada estrategia de blanqueamiento de ETA con una ley del silencio sobre el pasado, el presente y el futuro. El PSOE ha llegado a exigir a la oposición que no hablé sobre la banda porque ya no existe mientras la vicepresidenta Calviño se jactaba del acuerdo presupuestario con EH Bildu con el argumento de que no importa con quién se acuerda, sino el contenido del compromiso. El Gobierno y sus aliados demandan y extienden un manto de olvido para ocultar que sus socios de hoy eran los terroristas de ayer, y que, si ETA fue derrotada por el Estado, no por un gobierno, no podemos decir lo mismo de su proyecto, que encarnan sus legatarios. Son verdades incómodas, pero necesarias para que la democracia no se deshonre a sí misma y a los que se sacrificaron por ella. Las víctimas son el símbolo y la memoria de aquel tiempo al que la izquierda envuelve en la bruma. Pero siguen en la brega y en esa lucha por la dignidad que pierde el país a borbotones con cada homenaje a un terrorista en el regreso a su localidad sin que el Gobierno mueva un dedo para evitarlo. En los próximos diez años un centenar de terroristas dejarán sus celdas, aunque no es descartable que para muchos la espera se acorte con el nacionalismo vasco como autoridad penitenciaria para flexibilizar la progresión de grado y la concesión de permisos. La AVT ha propuesto a los partidos tipificar la humillación a las víctimas como delito independiente con la esperanza de que el desarrollo jurisprudencial sea más eficiente que el que ha tenido el de enaltecimiento del terrorismo. Cabe esperar que los grupos recojan el guante y respalden una demanda clave para evitar los aquelarres proetarras en las calles, pero con este gobierno y sus socios nos parece imposible. En todo caso, la oposición debería hacer suya la propuesta por interés público, sentido moral y respeto a las víctimas si es que aspiramos a que la democracia se reconozca a sí misma algún día.