La Corona de la transparencia

Felipe VI no llegó al trono en las circunstancias ideales, esas que todo legítimo heredero desea en una Monarquía constitucional. La abdicación representó el desenlace crucial e inevitable de una secuencia final enrarecida e incómoda en el reinado de Juan Carlos I, que había propiciado, por razones ya conocidas, un desgaste a la institución que había que subsanar con cierta prontitud. Ese último acto de generosidad y responsabilidad del rey padre fue el epílogo de uno de los reinados más sobresalientes de la historia del viejo país, como ha sido reconocido en vida más allá de lecturas tendenciosas e interesadas desde el espectro político y que lo será en el futuro cuando se estudie en los manuales escolares y universitarios. Desde el primer minuto el nuevo Rey asumió que la Corona requería una puesta al día, una modernización que ajustara estándares y prácticas de la primera familia española con las exigencias y umbrales de probidad e integridad propios de las democracias del siglo XXI. Se puede asegurar que Don Felipe diseñó a la perfección los ajustes que convenían a la institución y que los ha ejecutado con destreza y maestría en todos estos años. Que nuestra Casa Real constituye un modelo entre las Jefaturas de Estado de las monarquías parlamentarias o de las repúblicas en la ejecutoria pública de sus miembros resume un consenso reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras. Los esfuerzos del Rey en pos de la transparencia y la ejemplaridad de la institución en todos sus actos y disposiciones se han convertido en un rasgo distintivo del que la nación puede sentirse orgullosa. Han sido notorias y determinantes las reformas en ese ámbito, auspiciadas por la voluntad y la convicción de quien como Don Felipe ha respondido desde el primer día del reinado a su función constitucional y a su compromiso con los españoles. En ese anhelo de excelencia, la fiscalización estricta de las partidas presupuestarias ha sido y es una exigencia. También la de sus obligaciones fiscales. Y por eso ha decidido hacer público su patrimonio personal que asciende a 2,5 millones de euros, procedente de las retribuciones recibidas en los últimos 25 años. Otro acto de responsabilidad del Jefe del Estado que ha interiorizado como ningún otro servidor público que rendir cuentas, que la luz y los taquígrafos, que la sobria naturalidad en esa exposición social e institucional ininterrumpida se traducen en fortaleza, prestigio, confianza y credibilidad. Es la razón de que Felipe VI goce hoy de una popularidad extraordinaria entre los españoles, que reconocen y valoran su seriedad, rigor, sensatez y cercanía en todos y cada uno de los escenarios, en los buenos y en los menos buenos. Como en el manejo prudente y discreto, pero firme, de la cohabitación con un gobierno con ministros que utilizan sus cargos para atacar a su persona y a su familia. Pedro Sánchez acertará si entiende que Felipe VI representa la estabilidad y la robustez de la democracia y que los españoles están con su Rey y responde en consecuencia.