Ribera debe rectificar no solo en las formas

Hoy, lunes, las ministras para la Transición Ecológica y de Industria, Teresa Ribera y Reyes Maroto, respectivamente, reúnen a la Conferencia Sectorial de Energía, de la que forman parte los consejeros autonómicos del ramo y la Federación de Municipios, para abordar los contenidos del real decreto de ahorro energético y, según los distintos portavoces gubernamentales, tratar las dudas que han generado las medidas propuestas entre los consumidores, los sectores de la hostelería y el comercio, y algunas administraciones públicas, notablemente, los gobiernos de Madrid, País Vasco y Castilla y León.

Se trata de una clara rectificación del Ejecutivo, que hace ahora lo que debía haber hecho al principio, consultar y acordar las medidas con las administraciones encargadas de implementarlas, pero que no debería quedarse en la mera formalidad ni, por supuesto, en una de esas maniobras mediáticas para salir del paso tan frecuentes en los usos de este Gobierno. No. Lo que se impone es una revisión a fondo del decreto o, al menos, una exposición clara y no sujeta a las interpretaciones de cada administración de las normas, medidas y sanciones que contempla y que, como denuncian hosteleros y comerciantes, adolecen de seguridad jurídica, en el exacto significado del término.

No es cuestión ahora de entrar en el fondo del real decreto, del que ya hemos comentado sus principales carencias, pero sí de reclamar a los ministerios implicados que aprovechen la Conferencia Sectorial para algo más que lavar su deteriorada imagen y especifiquen tanto las reglas generales como las excepciones. Y, por supuesto, que abandonen esos aires de improvisación, que llevan a variar en dos grados centígrados, una cantidad notable en cómputo de gasto energético, los termostatos de algunos establecimientos. Nada peor, que volver a las prácticas de la pandemia de coronavirus, cuando el Ejecutivo central descargó en las comunidades autónomas la responsabilidad de afrontar la pandemia.

Con todo, lo más desalentador de este asunto es la certeza de que las medidas de ahorro energético del real decreto van a quedar superadas de sobra por la caída de la producción industrial, que es la que recurre al gas en mayor porcentaje, a medida que se intensifiquen las consecuencias de una crisis económica que nadie parecer querer ver en La Moncloa. También, la constatación de las incongruencias de nuestra política energética, que grava los costes de producción de las industrias, mientras subvenciona los combustibles a la población en general, como en la crisis petrolera del 73 del pasado siglo.

Nadie en su sano juicio puede oponerse al ahorro de la energía, que debería ser una estrategia constante y no coyuntural, pero sí a una manera de actuar de este Gobierno, que copia lo que hacen otros sin reparar en las circunstancias propias.