El insólito optimismo del Gobierno español

Mientras el norte de Europa prepara a su población para afrontar un inmediato futuro marcado por la escasez energética y las subidas de precios, y en países como Alemania, el gobierno socialdemócrata se apresta a reducir la carga fiscal de los ciudadanos, en España ha bastado que el IPC de agosto dé una pequeña tregua de cuatro décimas para que los distintos portavoces gubernamentales lancen las campanas al vuelo y presuman del éxito de sus medidas de control de precios.

Y, sin embargo, no puede considerarse una buena noticia un IPC del 10,4 por ciento, con una inflación subyacente disparada al 6,4 por ciento, tres décimas por encima de la de julio, y la más alta en los últimos treinta años. Tampoco parece haber motivos para el optimismo cuando agosto ha cerrado con uno de los precios de la electricidad más altos desde que hay registros y, para hoy, miércoles, se prevé superar un nuevo hito en la materia con el megavatio hora por encima de los 476 euros. Y todo ello, pese a que el coste del gas natural está topado y se mantienen las subvenciones a los combustibles líquidos.

Pero, con todo, es que ese optimismo gubernamental convive perfectamente con la política de excusas, en la que la responsabilidad siempre es de otros. De la oposición, por supuesto; de Vladimir Putin, de la escasez de chips o de la insolidaridad de banqueros y empresarios de la energía, que en el relato del Gobierno se enriquecen con la crisis, pese a que operan en unos sectores absolutamente regulados por normativas estatales.

Las gentes del común, sin embargo, tienen una percepción más exacta de la situación y actúan como cabe esperar: reduciendo el consumo y procurando ahorrar, los que pueden, para hacer frente a las dificultades que se avecinan. Porque no es sólo que las medidas tomadas por el Ejecutivo no estén dando resultados brillantes, es que la mayoría se sustentan en una política de subvenciones y control artificial del mercado que a la larga repercutirán fiscalmente sobre los bolsillos de los españoles, además de seguir alimentando una espiral de deuda pública a la que no se le ve solución de continuidad.

Sólo falta que las presiones populistas de los socios del Gabinete cristalicen en nuevos decretos leyes, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para que a la espiral de deuda se le sume la inflacionaria y la caída del mercado de trabajo. Y no parece tampoco que, ante las próximas citas electorales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se arriesgue a abrir una crisis política interna. No nos cansaremos nunca a la hora de señalar que la solución pasa por un cambio drástico de las actuales políticas, con reducción del gasto público, incremento de la producción eléctrica y, por supuesto, rebajas impositivas que alivien las cargas a las familias y empresas. El modelo alemán.