El apoyo a Sánchez no puede ser gratis

La tentación de dejar que el Gobierno, que no se caracteriza, precisamente, por su sentido de la humildad, se cueza en su propia salsa y apechugue con el fiasco de la ley del «sí es sí» debe ceder ante el interés de la Justicia y de la sociedad a la que sirve. Dicho de otra forma, el Partido Popular está obligado a apoyar la contrarreforma del Código Penal planteada por los socialistas, pero sólo en la medida que esta corrija el error de fondo de la norma impulsada por Irene Montero y restablezca los determinantes de la violencia y la intimidación en la tipificación de los delitos sexuales y en la correspondiente gradación de las penas. Por supuesto, siempre desde el reconocimiento de que nada de lo que se haga servirá para impedir que sigan reduciéndose las condenas a los violadores y abusadores que fueron sentenciados antes de la aprobación de la ley, unos 4.000 según los datos disponibles.

Lo ideal sería derogar simple y llanamente la reforma en cuestión y volver al texto legal anterior, entre otras razones, porque se dejarían de poner en duda conceptos como la presunción de inocencia y la carga de la prueba que la ministra de Igualdad, entusiasta, al parecer, del Derecho alternativo, considera un engorro legalista, lo que le ha llevado al enésimo enfrentamiento con sus compañeros de Gabinete, en esta última ocasión con la ministra de Justicia, Pilar Llop, magistrada de larga trayectoria y experimentada jurista en el campo de la violencia de género. Pero aun cumpliéndose estas condiciones, que ya señalamos que son las mínimas exigibles, una parte nada desdeñable de la opinión pública no entenderá que el Partido Popular actúe como salvavidas del inquilino de La Moncloa y del gobierno de coalición, más si, al final, la principal responsable del desaguisado, aunque no la única, se mantiene en el cargo como si nada hubiera sucedido.

Arriesga, pues, el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, un cierto desgaste político que sólo se puede reducir si el PP logra trasladar a sus votantes que la disyuntiva no está en salvar o no Sánchez, sino en garantizar el bien superior de la Justicia y la mejor protección de las mujeres. Para ello, es imprescindible que desde el PSOE se tienda la mano a la oposición, lo que, de momento no ha ocurrido, y sus portavoces sustituyan los habituales epítetos degradantes que dedican al Partido Popular por alguna, siquiera tibia, muestra de reconocimiento. Porque la realidad, que no es posible desconocer, es que el presidente del Gobierno es el último responsable del engendro legal perpetrado por Irene Montero, por más que, ahora, intente sobrevolar el problema y haga parecer que todo es responsabilidad de los extremistas de Unidas Podemos que hicieron caso omiso de las advertencias más informadas. Y si la cosa se le tuerce con sus aliados parlamentarios, no lo duden, también será de Núñez Feijóo.