El cínico subterfugio de la razón de Estado

No es Núñez Feijóo el que castiga a los ciudadanos con su negativa a convalidar, sin condiciones, los reales decretos del Gobierno, como pretende el secretario general del PSOE, Santos Cerdán, en un cínico intento de apelar a la razón de Estado y a una supuesta corresponsabilidad de la oposición cuando es el Gobierno, con sus prácticas legislativas dudosas, el único responsable del entuerto. En cualquier caso, si tan importante es para el bienestar de los ciudadanos la convalidación de las medidas anticrisis, nada más lógico que abrir una negociación en serio con los populares, en lugar de exigirles a voces desde lo alto del muro levantado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hagan lo que algunos de sus socios de investidura se niegan a hacer.

Por otra parte, y no nos cansaremos de insistir en la denuncia, no es posible otorgar carta de naturaleza a una manera de gobernar a base de «decretazos», que hurtan a la ciudadanía el examen parlamentario de las decisiones gubernamentales, y que pervierten el espíritu de nuestro ordenamiento constitucional, basado en la separación de poderes. Entendemos que para el Ejecutivo es muy cómodo convertir el Congreso en una mera cámara de resonancia de su gestión, pero entre los deberes de la oposición se encuentra el de controlar las desviaciones de poder del gabinete de turno.

Sabía, además, el presidente del Gobierno que la inclusión en ese cajón de sastre legislativo que es el decreto «ómnibus» de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que puede retrasar años la aplicación de la amnistía iba a ser recurrido por los principales interesados en la medida de gracia, es decir, Carles Puigdemont y demás compañeros mártires, con lo que no puede llamarse a engaño.

Pero en lugar de debatir el asunto de manera independiente, lo subsume en un batiburrillo de normas que, entre otras cosas, puede suponer la pérdida de la cuarta entrega de los fondos comunitarios. Creemos que ha llegado el momento de que en La Moncloa se acepte la realidad de su posición de debilidad parlamentaria y el hecho de que sus socios de investidura tienen agendas propias que muy poco tienen que ver con los intereses generales de España. Le toca, pues, a Sánchez negociar con los independentistas de Junts y con un nuevo actor sobrevenido, el que representa la escisión de Podemos, si quiere que el Congreso convalide sus decretazos.

Y, a futuros, si desde La Moncloa se pretende recurrir a la geometría variable parlamentaria, por lo menos se debería dejar de ningunear al PP y establecer los normales cauces de diálogo que existen en cualquier democracia que se precie. Aunque a Sánchez se le venga abajo el cordón sanitario contra las derechas, con el que pretende mantenerse en el poder el resto de una legislatura que se le va a hacer muy, muy larga.