El Gobierno, desesperado tras el "no" de Puigdemont: tres llamadas al PP en 24 horas para salvar los decretos

Tras el «no» de Junts, el Gobierno busca in extremis que su primer examen en el Congreso de los Diputados pase de la mejor manera posible, aunque no sea con la nota deseada –la del «sí» de sus socios. El Ejecutivo tiene que salvar tres importantes decretos (dos de ellos con medidas comprometidas con Bruselas para recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos y uno de ellos con medidas anticrisis) y no tiene aún los apoyos suficientes garantizados para convalidarlos: por ello, en una maniobra a la desesperada, ha acudido al PP para buscar auxilio con tres llamadas en 24 horas de ministros a dirigentes populares.

En concreto, según precisan fuentes del PP y confirman fuentes del Gobierno, el ministro de Presidencia Félix Bolaños ha llamado en dos ocasiones a Cuca Gamarra (secretaria general) y la vicepresidenta Yolanda Díaz ha telefoneado a Borja Sémper (portavoz). Los populares lamentan que el Gobierno sí que haga público que hay contactos entre ellos mientras mantuvo oculto el encuentro del jueves pasado entre el socialista Santos Cerdán y el dirigente de Junts Jordi Turull, quien trasladó que su partido votaría en contra de los decretos.

Lo cierto es que en el PP lamentan la actitud del Gobierno, que se haya pasado de frenada porque hace dos semanas ignoraron a los populares cuando solicitaron un encuentro con las vicepresidentas primera y tercera del Gobierno, María Jesús Montero y Teresa Ribera, para hablar de los decretos e introducir mejoras. Sin embargo, ambas rechazaron el encuentro con los populares «de manera descortés», según fuentes del PP. «Ahora parece que las urgencias del Gobierno producen un repentino interés en la postura del Partido Popular», señalan los populares, quienes se han abierto a estudiar la posibilidad de salvar con una abstención uno de los tres decretos (el de medidas anticrisis), aunque han impuesto sus condiciones (introducir modificaciones para deflactar el IRPF y rebajar el IVA de luz, gas, carne, pescado y conservas).

La debilidad parlamentaria del nuevo Gobierno de coalición obliga a la negociación constante con sus principales aliados y ante la dificultad de poner de acuerdo a siete formaciones de ideologías distintas, los socialistas llevan desde finales de año poniendo en marcha una nueva estrategia, la de tratar de acercarse a los populares. De esta manera, vuelven a desempolvar la «teoría variable» que puso en marcha el propio Pedro Sánchez en la pasada legislatura cuando, todavía, los votos de Ciudadanos podían resultar clave para el Gobierno para sacar adelante su agenda legislativa.

Así, ante la posibilidad de que puedan decaer este miércoles los tres decretos –el de medidas anticrisis, el de la reforma del subsidio y el de la reforma de la Justicia, con el polémico punto sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil que Junts asegura que pone en peligro la aplicación de la amnistía–, el Gobierno ha movido ficha y se ha puesto en contacto con el PP. Lo socialistas reconocen así la necesidad de convalidar los decretos a toda costa y ponen el énfasis en el decreto anticrisis que prorroga medidas sociales y económicas para paliar la crisis inflacionista derivada de la guerra en Ucrania. «El PSOE hablará con quien tenga que hablar», se justifican ante la llamada a los populares. «No se puede castigar a los ciudadanos para castigar al Gobierno», defendió este lunes el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en rueda de prensa. El argumentario socialista pasa por «retratar» a quienes voten finalmente en contra del decreto ómnibus y es por eso que apelan a la «responsabilidad de todos los partidos». El número tres del PSOE pidió a quienes se oponen a convalidar los decretos que expliquen con qué medidas en concreto no están de acuerdo y qué es exactamente lo que «les molesta».

«No se trata de intentar perjudicar a este partido (PSOE) si votan en contra, no es el momento de cortoplacismos», advirtió. El PSOE, si finalmente no cuenta con los apoyos necesarios, no retirará sus decretos, según abundan fuentes socialistas. El objetivo del PSOE pasa así porque sean los populares, o el resto de sus socios, quienes deban explicar el porqué de tumbar el decreto. «¿Qué excusas van a dar a la gente?», cuestionó Santos Cerdán. Así, advierte que en caso de no llegar a un acuerdo, los que voten «no» tendrán que explicar en el pleno de esta semana por qué no quieren que las pensiones se revaloricen un 3,8%, entre otras medidas que recoge el decreto.

No es la primera vez en esta legislatura que los socialistas apelan tanto a su izquierda como a su derecha y en esta nueva cultura de presentarse como un actor de Gobierno que puede pactar en varias direcciones, los populares refuerzan con su llamada al PP esta vía, conscientes de su minoría parlamentaria. El primer pacto que llegó fue el de la reforma del artículo 49 de la Constitución en el Congreso de los Diputados para eliminar el término «disminuido». Ahora, con un verificador europeo, pretenden retomar los contactos para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva cinco años con su órgano caucado.

El PP, sin embargo, ya ha adelantado que votará en contra del decreto anticrisis salvo que el PSOE acepte sus condiciones y ve en los socialistas desesperación ante las tres llamadas de los ministros del Gobierno. «No estamos quí para salvarles la cara cuando pactan con sus socios cualquier ocurrencia o barbaridad», advertía el portavoz popular, Borja Sémper, desde Génova.