Dimisiones oportunas con trasfondo electoral

Los aires de fronda levantados en las comunidades de Asturias, Extremadura y Cantabria, con gobiernos socialistas o de coalición, a cuenta del lamentable estado de las infraestructuras ferroviarias regionales no pueden desligarse de la sensación instalada en la opinión pública de que los mayores esfuerzos inversores del Estado van dirigidos hacía aquellas autonomías nacionalistas, como Cataluña y el País Vasco, de las que depende en buena parte el sostenimiento de la mayoría de investidura.

Esta supuesta falta de equidad, que alcanza a otras comunidades regidas por la oposición popular –señaladamente, el caso de la red de cercanías de Madrid, ayuna de los fondos necesarios para su correcto mantenimiento–, fomenta la idea del agravio territorial, con independencia de la compleja realidad de unas políticas ferroviarias que han apostado fuerte por las líneas de alta velocidad, en detrimento de las redes regionales con baja ocupación.

Si, además, saltan a la palestra incomprensibles fiascos técnicos como el de los trenes que no caben por los túneles de vía estrecha de la cornisa cantábrica, el enfado ciudadano corre el riesgo de canalizarse hacia sus propios gobiernos autonómicos, lo que, en vísperas electorales y con los pronósticos de las encuestas muy ajustados, provoca esos sálvese quien pueda como el del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y la inevitable reclamación de responsabilidades ajenas que cubran las propias.

Por supuesto, con ello no queremos defender a los altos cargos del Ministerio de Transportes implicados en el entuerto y que, ayer, se vieron obligados a presentar la dimisión tras la fallida maniobra de destitución de dos funcionarios medios, elegidos como cabezas de turco y que ya estaban en el camino de la jubilación o del cambio de puesto.

En efecto, tanto al presidente de Renfe, Isaías Táboas, como a la secretaria de Estado y antigua responsable de Adif, Isabel Pardo de Vera, les alcanza la responsabilidad en el escándalo, pero es un hecho que sin la extemporánea y exagerada actuación del presidente Revilla, que llevó a la opinión pública a creer que se habían fabricado los dichosos trenes, la secuencia de los acontecimientos hubiera sido muy otra.

En primer lugar, porque el presidente cántabro, como el asturiano, el socialista Adrián Barbón, habían dejado pasar apaciblemente la legislatura sin denunciar, reclamar o exigir al Gobierno central que informara del estado del acuerdo de inversión en materia ferroviaria que se había adjudicado en 2020 y que, es de suponer, sería uno de los factores a tener en cuenta en las previsiones económicas y presupuestarias de ambos ejecutivos autonómicos. Queda una última reflexión que abona al sector socialista del Gobierno. Hay dimisiones ante graves yerros políticos que se antojan inevitables. Pero eso no reza con Podemos.