Los flancos abiertos del presidente Sánchez

Dos de los teóricos apoyos parlamentarios del Gobierno, Junts y Podemos, se muestran reticentes a la hora de convalidar tres reales decretos aprobados por el Ejecutivo, que se debatirán en el pleno extraordinario que, en contra de los usos de la Cámara, ha sido convocado para el próximo miércoles. Los nacionalistas catalanes rechazan uno de los puntos del denominado «decreto ómnibus» sobre medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, que incorpora un nuevo artículo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 43 bis, por entender que abre una puerta trasera a la aplicación efectiva de la amnistía.

Los podemitas, por su parte, pretenden dejar sin efecto una de las medidas del decreto ley de reforma del subsidio de desempleo, que establece la rebaja progresiva de la cotización de pensiones para mayores de 52 años que hayan cobrado esa prestación. Vaya por delante, debemos insistir en ello, en que las materias en discusión son lo suficientemente relevantes como para haber seguido los trámites parlamentarios de una ley ordinaria, cuestión que el actual Ejecutivo desprecia porque considera al Congreso como mera cámara de resonancia de su gestión.

En ambos casos –dando por descontado que la oposición no caerá en la incoherencia de apoyar una «cacicada» de La Moncloa, que se les presentaba como un trágala hace sólo un mes–, son necesarios los siete votos de Junts y los cinco de la facción de Podemos que lidera Ione Belarra para convalidar los decretos. Y, aquí, nos encontramos con dos planteamientos muy diferentes de la situación política. Por un lado, está el optimismo inveterado del portavoz socialista, Patxi López, que se muestra plenamente convencido de que los nacionalistas catalanes apoyarán unas medidas «que inciden directamente en el bienestar de los ciudadanos», y el del secretario general de Junts, Jordi Turull, que advierte de «un no gigante» de su formación si el Gobierno no retira la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Probablemente, el presidente Sánchez consideraba que acelerando los plazos para aprobar la proposición de la amnistía, cubriría ante la opinión pública la realidad de unos flancos políticos demasiado abiertos, pero no ha sido así.

Para los de Junts prima la situación personal de su líder, Carles Puigdemont, y los de Belarra, ninguneados con luz y taquígrafos por la vicepresidenta Yolanda Díaz, necesitan marcar territorio ante las próximas citas electorales, especialmente, la europea. En efecto, los problemas de la minoría parlamentaria del gobierno de coalición se han presentado antes de lo esperado, pero es a Pedro Sánchez, no a Núñez Feijóo, a quien le toca la responsabilidad de resolverlos.