El Gobierno no dirige la instrucción judicial

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una toma de posición con escasos precedentes en la democracia española, no sólo ha puesto en duda las garantías del proceso penal en el que está incursa la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, sino que ha dictado sentencia absolutoria frente a lo que considera una persecución inicua por parte de la actuación judicial.

Es cierto que desde las más diversas instancias gubernamentales se trata de sugerir la especie de que no existe base factual alguna para mantener a la señora Gómez en calidad de investigada, pero no se había llegado hasta el punto de que el propio ministro de Justicia hablara de «indefensión», amparándose en una mera formalidad del procedimiento, como hay tantas, que fue subsanada por el Instructor con el aplazamiento de su toma de declaración.

Nosotros somos los primeros que hemos reclamado en reiteradas ocasiones el respeto a la presunción de inocencia de Begoña Gómez y que hemos rechazado la indeseable práctica de la «pena del telediario» porque son derechos que amparan a todos los ciudadanos por igual, pero es evidente que no es el Ejecutivo quien dirige la instrucción judicial y que, como recordó en propio magistrado, la persona investigada no es una autoridad del Estado ni ejerce cargo público o electivo alguno que conlleve aforamiento, inmunidad o inviolabilidad.

Posiblemente, la futura redacción de un estatuto personal para el cónyuge del presidente del Gobierno permitirá enmarcar jurídicamente sus atribuciones y limitaciones, pero la realidad es la que es y, hoy por hoy, la señora Gómez está sujeta a las mismas leyes que el resto de los españoles. Por otra parte, existe una delgada línea entre proclamar la inocencia de una persona y atribuir intenciones aviesas al juez instructor de un caso, que es la que se está traspasando con el magistrado Juan Carlos Peinado, lo que ha obligado a varias asociaciones judiciales a salir en defensa de la independencia de la justicia.

Ya hemos señalado que hay pocos precedentes de una intromisión de tal calibre en una instrucción judicial por parte de miembros del Poder Ejecutivo y sería lamentable que ciertos desatinos declarativos no tuvieran otra razón de ser que el respaldo incondicional, sin matices de ningún tipo, a la figura del presidente del Gobierno, de cuya indignación personal por la peripecia que atraviesa su mujer ha tenido la opinión pública internacional puntual y extensa noticia. Si bien es comprensible expresar solidaridad con quien tiene en sus manos el poder de nombrar o destituir ministros, el límite debería estar en el respeto a las instituciones del Estado. De ahí que el «caso Gómez» sea reflejo de uno de los rasgos políticos que caracterizan al «sanchismo», como es la unanimidad en el respaldo a las actuaciones del presidente, aunque sean cambiantes.