Impugnación Real del «muro» sanchista

La solemne sesión de apertura de la XVª Legislatura, presidida por el Jefe del Estado, exhibió, una vez más, la anomalía democrática de unos diputados nacionalistas ausentes, pese a su condición de representantes del conjunto de la soberanía nacional, y, también, la falta de estilo de la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, que se descolgó con un insólito discurso partidista, más propio de un mitin electoral que de un acontecimiento político e institucional como es la inauguración del período de sesiones del Parlamento.

Poco tenemos que explicar sobre la actitud de los partidos separatistas, pero sí conviene recordar que esas formaciones que se declaran contrarias al vigente ordenamiento constitucional y a la Monarquía parlamentaria, que mantienen su voluntad expresa de romper la unidad de la Nación, en cuyo sistema democrático encuentran su legitimidad de origen, apenas representan al 6 por ciento de los electores, es decir, poco más de un millón de votos. Es cierto que el azar del modelo electoral español ha hecho que esos votos sean determinantes a la hora de conformar el Gobierno, pero se equivoca la presidenta del Congreso al traducir automáticamente la actual aritmética parlamentaria como expresión pura de la voluntad popular, puesto que se hurtó a los ciudadanos que acudieron a las urnas el pasado 23 de julio cuestiones como la amnistía o la ruptura de la solidaridad fiscal, que han sido las bases de la negociación de investidura de Pedro Sánchez.

Por supuesto, con esta apreciación no queremos restar un ápice de legitimidad al actual Ejecutivo, pero sí señalar que asisten suficientes razones a la opinión pública española para rechazar una ley de gracia que conculca el principio de igualdad de los españoles y supone una descarnada desautorización de los tribunales de Justicia. De ahí, que la proposición de ley de amnistía, combatida desde todos los estamentos de la sociedad civil, sobrevolara el Hemiciclo y que se esperara con expectación el discurso de Su Majestad, pese a la evidencia de que Don Felipe VI no podía entrar en un asunto que escapa a sus competencias.

Ahora bien, el discurso del Rey no defraudó a la inmensa mayoría de los representantes de la soberanía nacional, diputados y senadores, que acogieron con una sostenida ovación las palabras del Rey. Desde nuestra posición, entendemos que el Jefe del Estado impugnó la evocación sanchista de un «muro» entre españoles, al reafirmar los principios constitucionales y la obra política de la Transición, pero, fundamentalmente, al recalcar que el vínculo entre las Cortes Generales y la Corona se contiene en sus respectivas funciones, es decir, y en palabras textuales, «para las Cortes Generales, representar al pueblo español, titular de la soberanía nacional», y «para la Corona, simbolizar la unidad de España y su permanencia».

Estaríamos, pues, ante una distorsión ontológica, la de los pactos entre unos partidos que rechazan la realidad constitucional de España y el PSOE, pero que están amparados en la propia legalidad del sistema, siempre que no se ejecute un acto positivo, como fue el procés, contra el ordenamiento jurídico que se dieron los españoles hace 45 años. Así, Su Majestad reivindicó ayer una Constitución que establece la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como los valores que basan nuestra convivencia democrática y que no sólo no están anclados en el pasado, sino que deben proyectarse hacia el futuro. El Rey expresó claramente que nuestra obligación, la obligación de todas las instituciones es legar a los españoles más jóvenes, los de la generación de la Princesa de Asturias, presente en el acto de apertura, una España sólida y unida, sin divisiones y enfrentamientos. Una Nación, en definitiva, serena, ilusionada y confiada en su futuro.