Lluvia fina sobre la independencia judicial

La judicatura española está siendo objeto de una campaña de presión política que, como lluvia fina, empapa las actuaciones jurisdiccionales relacionadas con la intentona secesionista catalana, pero no solo. Y se hace muy difícil separar la construcción de un relato tóxico sobre las decisiones de jueces y magistrados, el famoso «lawfare», de las urgencias del Gobierno que preside Pedro Sánchez por sacar adelante una ley de amnistía que le garantice el apoyo parlamentario de las formaciones separatistas de la Cámara.

Si ya es de por sí muy grave que desde instancias gubernamentales se acuse a los jueces de manipular los tiempos procesales o que desde la tribuna del Congreso, ante la pasividad culposa de la Presidencia, se insulte a la magistratura tildándola de prevaricadora, empieza a ser preocupante el rosario de cambios de criterio de los fiscales en relación con las causas que afectan al procés en Cataluña o al entorno de los proetarras. Partimos del hecho de que el Ministerio Público obedece a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, pero, también, que se debe a los principios de legalidad e imparcialidad, es decir, que actúa con independencia, lo que no acaba de compadecerse con el hecho de que, al parecer, baste una conversación con el fiscal general del Estado, para que uno de sus subordinados cambie de opinión, casi siempre en la línea que más favorece a los intereses coyunturales del Gobierno.

Que el desempeño profesional obligue a adoptar posiciones «heroicas» a los funcionarios, con sus carreras en juego, es una anomalía inasumible para la función pública, más en el ámbito de la Justicia. Así, se hace muy cuesta arriba creer en las aseveraciones exculpatorias de un presidente, como Sánchez, que daba por sentado que la Fiscalía General del Estado debía obediencia al Ejecutivo y no tuvo empacho en nombrar a una ex ministra para el cargo, y es del todo imposible aceptar que la modificación propuesta por el inquilino de La Moncloa del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se haga en beneficio de la Justicia.

Más aún cuando ese artículo, que impone condiciones a los magistrados para prorrogar las investigaciones de un caso más allá de los doce meses, ya fue reformado en 2020. Lo que se pretende ahora sería dejar en manos de los fiscales la decisión de la prórroga, cuestión que limita la independencia de actuación del juez.

Por supuesto, hay que reconocer la constancia y la convicción del presidente del Gobierno a la hora de que salga adelante su ley de amnistía. También, la imaginación que despliega en la búsqueda de soluciones alternativas que puedan contentar al líder de Junts, Carles Puigdemont, que es principal beneficiario. Pero mucho nos tememos que la tarea va a dejar como víctima colateral la confianza de los españoles en la imparcialidad de la Justicia.