La obligación política de contar la verdad

En cualquier democracia normalizada la palabra del gobierno tiene la máxima presunción de veracidad... salvo en la España de hoy. Tal es así, que los reiterados desmentidos procedentes de fuentes gubernamentales –incluso, de ministros en funciones como Miquel Iceta–, ante las afirmaciones del líder de ERC, Oriol Junqueras, de que la concesión de la amnistía ya ha sido acordada con los socialistas, estén siendo recibidas por la opinión pública con un indisimulado escepticismo.

Porque, salvo que se haya producido un enorme malentendido, Junqueras insiste en que la medida de gracia, no importa la denominación que quiera dársele, estaba incluida entre las condiciones de los republicanos catalanes para permitir que la socialista Francina Armengol obtuviera la presidencia del Congreso.

De haberse producido tan temerario acuerdo, entre otras cuestiones, por las más que fundadas dudas sobre su constitucionalidad, lo menos que cabría esperar del partido del gobierno es que lo hubiera hecho público en toda su extensión o, en su defecto, que hubiera llevado al conocimiento de los ciudadanos las líneas generales de la pretendida amnistía. Toca, pues, al PSOE y, especialmente, a su secretario general, Pedro Sánchez, negar formalmente, sin circunspecciones ni evasivas, que tal acuerdo no ha existido. Forma parte de la más elemental obligación política el contar la verdad a los administrados, sobre todo cuando se trata de asuntos de profunda trascendencia institucional.

Es decir, si Junqueras dice o no la verdad cuando afirma que el PSOE se ha comprometido a «poner fin a la represión por todas las vías legales necesarias» y que «la amnistía es una vía legal y necesaria». No es, ni mucho menos, un asunto baladí admitir que la democracia española, con el Poder Judicial en primera línea, ejerció la represión política y conculcó las libertades ciudadanas en Cataluña, que es lo que realmente significa el otorgamiento de una amnistía a quienes, desde las propias instituciones, pretendieron saltarse la Constitución y el Estatuto de autonomía para romper la unidad de la Nación.

Resignarse a comulgar con las ruedas de molino del nacionalismo catalán abre, además, las puertas a la legitimación del derecho de autodeterminación, expresamente excluido en la Carta Magna, y da alas a la demanda de un referéndum de independencia, no solo en Cataluña. Tal vez, desde La Moncloa no se pretenda otra cosa que ganar tiempo hasta el previsible fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, con la esperanza de que la opinión pública olvide rápidamente el asunto y pase a otra cosa. Pero se trata de un error porque el acto en sí mismo encierra un potencial desestabilizador de tremendas consecuencias para la estabilidad de España, lo que nos lleva a insistir en la temeridad de sus autores.