La otra «sede» del Congreso español

La proposición de ley de amnistía sigue su acelerado trámite parlamentario, merced de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a un Gobierno urgido por los acuerdos de investidura con el separatismo catalán, sin que, como era de esperar, la Comisión de Justicia se hay sentido concernida lo más mínimo por el demoledor informe de los letrados de la Cámara, en el que se advierte no sólo de su palmaria inconstitucionalidad, sino de que puede colisionar con el Derecho de la UE, del que España es tributaria.

Es más, la pretensión de Junts y ERC de que se incluyan en la medida de gracia delitos con connotaciones terroristas, como los que investiga actualmente la Audiencia Nacional, que va contra la doctrina consolidada de los tribunales de justicia europeos, sigue viva, con sendas enmiendas que se debatirán la próxima semana y que buscan «blindar» la inmunidad del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Sin embargo, mucho nos tememos que la verdadera negociación de las enmiendas se producirá, sin luz ni taquígrafos, en la otra «sede» del Congreso, la que de hecho se encuentra en la ciudad suiza de Ginebra, donde los representantes del PSOE y de Junts tienen previsto reunirse antes de que termine enero, bajo la tutela de un observador extranjero.

Es una realidad, que sería inverosímil en cualquier democracia que se precie, pero que concuerda con una manera de entender el ejercicio de la política como si se tratara de un mercado persa, en el que la mera aritmética parlamentaria fuera la única fuente de la legitimidad democrática. No es sólo que desde el Ejecutivo se haya normalizado legislar a golpe de decreto ley, con esperpentos como el vivido recientemente en el Hemiciclo, es que la patente subordinación de la Presidencia de la Cámara a las necesidades del Ejecutivo, ejemplo canónico del uso del doble rasero, está convirtiendo la sede de la soberanía nacional en un mero apéndice del Poder Ejecutivo.

En este sentido, la opinión pública española debería ser consciente de que se están tramitando normas de gran trascendencia política y económica de manera que se puedan orillar los informes técnicos de los principales órganos consultivos del Estado. Se argüirá que no son vinculantes, pero en ellos no se busca trabar la labor del Ejecutivo, sino evitar errores palmarios, tanto los provocados por la mala técnica jurídica, como sucedió con la ley del «sólo sí es sí», como por las urgencias de un gobierno en minoría, siempre en el alambre. Porque, más allá de la polémica sobre la fecha de publicación del informe de los letrados, auspiciada por la manera partidaria con la que ejerce la presidenta Armengol, la mera existencia de ese informe, que será incluido en las conclusiones de la Comisión, invalidará cualquier relato elaborado en La Moncloa.