Políticas de empleo que cronifican el paro

Tras una poco discreta batalla interna entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la exministra de Economía, Nadia Calviño, ganada por la primera, se va a hacer efectiva una nueva reforma del subsidio de desempleo, con el objetivo declarado de incentivar la búsqueda de trabajo de sus perceptores. Vaya por delante que, una vez más, nos hallamos enfrentados a un decreto ley, que ha sido la fórmula legislativa elegida, con lo que la norma adolece de los informes técnicos del Consejo de Estado y otros órganos consultivos del Estado, como si recurrir a la mayor experiencia de profesionales probados fuera un anatema para el gobierno de coalición social comunista.

Las prisas y el desprecio por la opinión ajena ya han provocado grandes fiascos gubernamentales, como sucedió con la ley del «sólo sí es sí», y es la mejor garantía para que siga sucediendo. Al menos, así puede ocurrir en el caso que nos ocupa, puesto que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), de reconocido prestigio en su campo, advierte en uno de sus últimos informes de que la reforma del subsidio aumentará el gasto público en 2.500 millones de euros al año, es decir, un 0,17 por ciento del PIB, dado que se incrementa la cuantía, el período de duración de la ayuda y, sobre todo, el número potencial de perceptores, sin seguridad alguna de que los cambios introducidos vayan a incentivar la búsqueda de empleo, especialmente, entre los parados de larga duración.

La idea de Trabajo que se basa en complementar el salario de quienes vuelvan al mercado laboral con un porcentaje del subsidio, que va descendiendo en función del número de meses que se haya percibido, choca con una realidad que la ideología de sus promotores no acaba de percibir. Y es que el sistema de ayudas sociales en los tres niveles de la Administración del Estado, municipal, autonómico y estatal, en muchas ocasiones sin coordinación alguna, actúan como desincentivadores de la búsqueda de empleo en un mercado laboral, es preciso decirlo, en el que muchos empresarios no tienen otra arma competitiva que los bajos salarios.

Si, además, como denuncia FEDEA, el Servicio Público de Empleo se muestra, desde toda evidencia, incapaz de trasladar las ofertas de trabajo existentes a los potenciales trabajadores, lo que este Gobierno conseguirá es estimular la cronificación del paro.

Por supuesto, no estamos contra la mejora del llamado «escudo social», mucho menos, cuando se destina a quienes han perdido su medio de vida, pero el mercado laboral español está sometido a una presión fiscal inaudita que no hace más que asfixiarlo. Difícilmente se conseguirá mejorar los salarios mientras sigan incrementándose los impuestos a empresas y trabajadores. Que España sea la campeona europea indiscutible en esfuerzo fiscal no es inocuo, pero no lo entiende la izquierda.