Tacticismo con el miedo de los jubilados

La revalorización de las pensiones de acuerdo al índice del IPC forma parte de la legislación vigente y, por lo tanto, el Gobierno no tiene más opción que cumplir con lo que establece la ley. De ahí, que nos hallemos ante un claro caso de tacticismo político por parte de La Moncloa, aunque sea a costa de jugar con el miedo de los jubilados, sector que engloba a una población que, en su inmensa mayoría, ya no depende de sí misma, sino de que el Estado cumpla con los compromisos adquiridos. Con esta última reflexión queremos destacar que es muy fácil alarmar a los jubilados, asustarles, pero, también, que no es la primera vez que el PSOE azuza ese miedo con fines partidistas y electoralistas, como ya hiciera Felipe González en sus debates electorales con José María Aznar.

En este caso, la maniobra es aún más burda, por cuanto el Gobierno sabe que dispone de algún tiempo para arreglar el desaguisado del real decreto ómnibus, puesto que los pensionistas cobrarán sin problemas lo debido en el mes de enero. Tiempo que, por supuesto, Pedro Sánchez empleará para seguir demonizando al Partido Popular, que parece ser la única estrategia que han encontrado los asesores de comunicación gubernamentales para tratar de desviar la atención de la cruda realidad, que no es otra que la derrota parlamentaria de un Gobierno en minoría, incapaz de mantener los apoyos políticos que propiciaron la investidura del líder socialista.

Otra cuestión es conocer hasta qué punto puede tener éxito entre la opinión pública este tipo de propaganda, cuando las dos alternativas que están sobre la mesa, apoyar la proposición de ley del PP o elaborar un decreto específico sobre las pensiones, pueden cumplimentarse en menos de 15 días y ser votadas por la práctica unanimidad de la Cámara. Pero no. La Moncloa pretende volver a presentar el mismo engendro legislativo, el ómnibus, suponemos que con la esperanza de que mediante nuevas cesiones los nacionalistas de Junts cambien el sentido de su voto, lo que no parece probable.

Por otra parte, Sánchez tiene abierto un nuevo flanco frente a sus socios del Ejecutivo, por cuanto Podemos y Sumar habían hecho gala de introducir dos medidas en el «escudo social», como son la protección de los inquilinos frente a los desahucios y la bonificación del transporte público, que han decaído en el mismo decreto, que le obligará, en el caso de los desahucios, a afrontar nuevas problemáticas votaciones en el Congreso. Pero lo cierto es que, una vez más, Pedro Sánchez trata de eludir su responsabilidad actuando de oposición a la oposición, como si Alberto Núñez Feijóo estuviera obligado a secundar una manera de legislar que bordea la normativa parlamentaria –el real decreto nació como una figura extraordinaria para casos de emergencia– y, sobre todo, los intereses generales.