Juan Bravo (PP): "Hay margen para rebajar la presión fiscal y tener más actividad"

Desempeñó el cargo de consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía en la primera Legislatura del gobierno de Juanma Moreno. Luego fue elegido consejero de Hacienda y Financiación Europea, antes de venirse a Madrid a dirigir el área económica de Alberto Núñez Feijóo. Candidato al Congreso por Sevilla, aparece en todas las quinielas del nuevo equipo de Hacienda del Gobierno de Feijóo, si así lo deciden las urnas. En esta conversación, horas antes de que se cierre la campaña, mira al futuro y anticipa las principales líneas de las reformas económicas y los tres primeros «deberes» del futuro ministro de Hacienda.

Sumar ha acusado a Feijóo esta semana de ser un «mentiroso patológico» por sus propuestas económicas. ¿Qué responde?

Fíjese: le acusan de mentir, y sin embargo nos han copiado las medidas. En el IVA de la luz y el gas, en el IRPF, en el aval a los jóvenes para vivienda… Se están portando como el peor estudiante, que es el que copia en un examen y luego no da ni las gracias.

El laberinto en el que se han metido ustedes con las pensiones ha ayudado algo a la izquierda en esta recta final de la campaña.

No se lleve a engaño. Es una provocación que el PSOE haya mentido para confundir a la opinión pública. Lo que es una evidencia es que Sánchez votó a favor de congelar las pensiones con Zapatero, y que en el decreto de Escrivá, en la disposición adicional segunda, ha incluido la posibilidad de rebajar las pensiones. Por eso, Sánchez es un peligro para las pensiones. Y frente a los que dicen que las ha subido, es cierto que lo hicieron en 2009 y 2010, y luego las congelaron.

¿Mantendrán la ley que garantiza su revalorización conforme con el IPC?

Sí. Como hicimos en el Pacto de Toledo en 2021. Como votamos a favor en la propuesta en el Senado en 2022. Es lo que hemos dicho siempre en todo momento.

¿Se puede hacer sostenible nuestro sistema sin que pierdan poder adquisitivo los futuros pensionistas?

Por supuesto. Ése debe ser el objetivo. Lo hicimos con Aznar, y se hizo con Rajoy de 2013 a 2018. Lo que hacen falta son medidas que den sostenibilidad. Esas medidas pasan por generar más empleo, por hacer una economía más competitiva, apostar por la natalidad, y también por la captación de talento. Por ejemplo, en esos 2,1 millones de nómadas digitales que van a decidir, de aquí a 2025, dónde van a vivir… Y a partir de ahí, si somos capaces de ahorrar en el gasto público, cualquier recurso que obtengamos, deberá ir orientado a las pensiones.

El Gobierno sostiene que el balance de nuestra política económica es positivo. Ustedes dicen que España no va bien. ¡Aquí sí que no cuadran las cifras!

España no va bien por variables objetivas. Somos el país de la Unión Europea que más nos hemos endeudado, hasta 6.000 millones al mes. Los datos de deuda del Banco de España reflejan que Sánchez ha aumentado la deuda en 376.000 millones de euros. ¡Qué irresponsabilidad! Estamos entre los países con más inflación en el acumulado y, si cogemos la cesta de la compra, llevamos varios meses creciendo por encima del 10%. La luz, el gas y las hipotecas cuestan más a las familias. En déficit, nos podemos comparar con Portugal, que también está sufriendo los efectos de la guerra con Ucrania: y ellos están en el 0,4% y España, en el 4,8%. El Banco de España ya está advirtiendo de que falta inversión y de que el consumo está cayendo.

En esta campaña han insistido mucho en el problema de la deuda que tiene España. ¿Qué harían ustedes para recortarla?

España necesita un plan de eficiencia del gasto público. Se ha gastado dinero donde no hacía falta, se ha incrementado el gasto público de manera descontrolada, y la etapa de la pandemia ya se terminó, pero se ha seguido con ese gasto descontrolado. La Autoridad Fiscal ha dicho que en los PGE figuran 25.000 millones de euros que se podrían invertir mucho mejor. El Instituto de Estudios Económicos habla de 60.000 millones y la empresa familiar de 48.000. Nosotros haremos un plan de ajuste de la estructura del Gobierno que permitirá un ahorro de 5.000 millones de euros y también impulsaremos un plan de digitalización que acabe con la duplicidad actual de trámites, que tienen un enorme coste público.

¿Sobra empleo público?

Entre el 35 y el 50% de los empleados públicos se jubilarán de aquí el año 2030, lo que facilita una ventana de oportunidad para reordenar la administración y dedicar los recursos a las áreas donde más falta hace, como es Sanidad o Política Social. Hay que adaptarnos además a los cambios que traerá la inteligencia artificial, que son una revolución social, pero llena de oportunidades.

¿Qué harán para conseguir una fiscalidad más atractiva y atraer inversiones, como en Portugal?

En España se suben los impuestos, en Portugal, los bajan. Para atraer inversiones hay que dejar de establecer impuestos que nuestro entorno no tiene porque son barreras de entrada. Si tenemos las cotizaciones sociales más altas que los demás, es una barrera de entrada. Si establecemos un impuesto sobre las grandes fortunas que no hay ni en Francia ni en Portugal ni en Italia ni en el resto de Europa, es otra barrera de entrada. Tenemos que hacer que la gente sienta que invertir en España es seguro, seguridad jurídica y seguridad fiscal, y eso no se consigue inventándose cada día un impuesto nuevo o subiéndolos 44 veces, como ha hecho este Gobierno.

Para cuadrar la rebaja de impuestos y el recorte de deuda hace falta crecimiento. Y las previsiones apuntan, sin embargo, a una ralentización en 2024.

En Andalucía bajamos los impuestos, aumentó la recaudación y aumentó el número de contribuyentes. Esto nos permitió tener más dinero para invertir en sanidad, educación y política social. Si lo hacemos bien, claro que hay capacidad de rebajar la presión fiscal para permitir que haya más actividad. En el resto de Europa hay algunos lugares, como Alemania, que están en recesión, pero Irlanda está creciendo al 30 por ciento desde la pandemia. Portugal también está creciendo.

España parece que será la que más crezca este año, un 1,9%.

Lo que debemos saber es que España rebotará en 2023 para recuperar los datos previos a la pandemia. Va a ser el penúltimo país en recuperar esos datos. Frente a eso, si cogemos los datos de EUROSTAT, Irlanda, por ejemplo, va a recuperar y además ganará un 27%. Esto es ver la botella medio llena, como ellos quieren, pero la realidad que debemos contarles a los ciudadanos es que España es de los últimos. Y de las potencias, la última.

Entonces, ¿de dónde saldrá el dinero que costará la rebaja fiscal que aplicarán si llegan a Moncloa?

España tiene más de 200.000 millones de euros para invertir de aquí el año 2027 de los fondos Next Generation. Si consiguiéramos inyectarlos al mercado, solamente con los impuestos que pueden generar entra mucho más que el coste de la rebaja fiscal que estamos planteando. Además, tenemos una oportunidad con las renovables, la fotovoltaica y la eólica, con el hidrógeno y su almacenamiento. Aquí lo importante no es lo que hagan los demás, sino lo que seamos capaces de hacer nosotros, aprovechando las oportunidades que se nos abren en el ámbito tecnológico y de transformación digital.

¿Cómo compensarán el dinero que también dejarán de recaudar con la supresión del nuevo impuesto a las grandes fortunas?

Primero vamos a ver cuánto se recauda porque, como hubo un error en el diseño, la cifra será muy inferior a la que anunció el Gobierno. Y vamos a valorar también cuánto frena como barrera de entrada a la inversión. Portugal o Francia no tienen ese impuesto, y nadie lo discute. En Europa no existe este impuesto. Tenemos que tener claro que nos podemos inventar todos los impuestos que queramos, pero si expulsan a inversores y a gente de nuestra economía, puede acabar perjudicando más que sumando al erario público. Nosotros no queremos expulsar a nadie, nosotros queremos que nos vean como un territorio amable, en el que se pagan impuestos, sí, pero sin convertirlos en una traba económica.

¿De verdad cree que los bancos y las eléctricas aportarán más voluntariamente?

La banca ya propuso al Gobierno un fondo. De la recaudación del impuesto a la banca, ¿cuánto dinero está llegando a las familias hipotecadas? Cero, porque el Gobierno sólo piensa en recaudar y en gastar en lo que cree que le da votos políticamente.

¿Qué harían ustedes para que llegaran mejor esas ayudas a las familias?

El Gobierno ha hecho un Código de Buenas Prácticas que no sirve. Nosotros propusimos actuar por la vía del IRPF con una ayuda para las rentas más bajas que reparta costes entre el Estado, los bancos y las propias familias. Es una medida que nos interesa como país porque necesitamos que no se incremente la morosidad. Las familias que pagan más por la luz y que pagan más por la cesta de la compra, necesitan que las ayudemos más, y eso es lo que esperan de nosotros.

¿Qué posición mantendrán si llegan al Gobierno con las nuevas reglas fiscales?

Es una pena que en un tema tan delicado el Gobierno no haya contado para nada con la oposición, y más sabiendo que hay elecciones y que, además, posiblemente no van a seguir en Moncloa.. Nosotros creemos en las reglas fiscales porque tenemos que ser creíbles como país. Lo hicimos con Aznar y Rajoy, y tenemos que volver a hacerlo ahora, con un proyecto de equilibrio presupuestario viable. Tenemos capacidad para hacerlo por las dos vías que comentamos antes, eliminando todo ese gasto superfluo político, que no es sanidad, que no es educación, que no son políticas sociales, que no es vivienda, que no es lo que realmente la gente necesita. Y, al mismo tiempo, aumentando los ingresos con actividad que genere empleo. Si subimos los ingresos y bajamos los gastos, el equilibrio presupuestario se puede conseguir sin tomar decisiones que perjudiquen a los ciudadanos. España es el país de la UE con más desempleo, y hay un millón de puestos de trabajos sin cubrir en ingeniería, en el sector de la construcción, en el sector tecnológico, en hostelería o en transporte, tanto de carretera o de autobús, donde están tan desesperados que están trayendo gente de Marruecos y Cabo Verde. E invertimos 20.000 millones de euros en políticas activas de empleo. Ahí es donde hay que actuar.

¿Cómo se corrige eso?

Los datos reflejan que no lo estamos haciendo bien. Falta formación y cualificación, y se necesita una apuesta más seria por una Formación dual que esté casada con el sector. Hay dos colectivos muy importantes, los jóvenes y los mayores de 45 años, que representan ahora mismo prácticamente el 57% de los desempleados, y hay que buscar una formación específica para poderlos vincular al mercado laboral. Además, este Gobierno ha diseñado un ingreso mínimo vital mal planteado porque debería ser un instrumento para llegar al empleo. no una fórmula de vida, porque las personas quieren la libertad de elegir su propia vida y poder trabajar.

¿A qué se refiere con lo de que es una «fórmula de vida»?

Hay que reformarlo para que no dificulte que la gente pueda trabajar. Si no puedes aceptar una oferta de trabajo de 3 días, de una semana o de un mes, porque luego te cuesta mucho volver a entrar en el sistema, es evidente que estamos generando un problema en vez de resolverlo. El Gobierno ha hecho un sistema que perjudica al que quiere trabajar.

¿Pero no decían que es el mismo que ya aplicaban las comunidades autónomas, también en las que gobierna el PP?

Lo que decimos es que en las CC AA ya existía una ayuda para las personas con mayores dificultades. Lo que ha pasado es que el Gobierno ha intervenido para centralizarla, y sin embargo sólo ha llegado a un tercio de las familias que pueden recibirla, según la Airef. En Andalucía, por ejemplo, ya se estaba trabajando en una fórmula que incrementaba la ayuda, pero con una ruta orientada hacia conseguir un puesto de trabajo, con una formación y unas prácticas posteriores que permitiesen conseguir lo que la gente quiere: un empleo. Hacia eso debe ir el Ingreso Mínimo Vital: ser un instrumento para conseguir un empleo. Debemos focalizarnos sobre todo en aquellos que quieren conseguir un trabajo, que tienen necesidad. Para eso estamos los políticos.

Entonces, ¿ustedes cómo lo reformarán?

Estableciendo un vínculo directo entre la ayuda y la opción para conseguir un puesto de trabajo. No tiene sentido que tengamos una ayuda que no lleve vinculada esa formación y esa oportunidad para que las personas que lo necesiten, que lo están deseando, puedan encontrar ese puesto de trabajo. Vincular ambos campos es nuestra obligación. Tenemos gente sin empleo, y cada vez más empleos sin gente. Debemos ser capaces de casar la oferta con la demanda.

¿El crecimiento es compatible con la economía sostenible?

El Gobierno ha tenido una visión medioambiental demasiado sesgada ideológicamente, y se le olvida que la sostenibilidad tiene que ser social, medioambiental y económica. Estamos desaprovechando los fondos para avanzar, por ejemplo, en la digitalización de nuestro campo. Holanda, con tecnología y con agua, produce más que nosotros con mucha menos superficie y tiene más gente trabajando en la agricultura que nosotros. Estamos ante una revolución social y económica y es el momento de que este país deje de crecer tan solo al 0,9% en productividad y competitividad cada año. ¿Cómo es posible que pongamos pegas a nuestros agricultores, les privemos del agua, pero se la mandemos a Portugal para que la embalsen y la almacenen? ¿Qué sentido tiene?

¿Hay que asumir que nos toca enfrentarnos a unos Presupuestos restrictivos?

El nuevo ministro de Hacienda tendrá tres deberes fundamentales nada más llegar, sea quien sea: hacer un presupuesto que nos ayude a tener credibilidad; el replanteamiento y la ejecución de los Next Generation; y, en tercer lugar, la reforma y transformación digital de la administración. Hay que volver a dotarla de un sistema de mérito, capacidad, y esfuerzo, que se puede medir. Tenemos que ser valientes en introducir también elementos de medición del trabajo de los trabajadores para poderles retribuir en función de ello.

Pero el modelo de Administración es el que dejó en herencia el Gobierno de Rajoy. Y su reforma fue uno de los grandes hitos que destacó en su balance. Estos problemas son estructurales, más que consecuencia de Sánchez, ¿no?

No es así. El modelo de Rajoy tenía dos cosas fundamentales. En primer lugar, fue el primero que acaparó la necesidad de reducir la temporalidad en la administración. ¿Qué ha hecho Sánchez? Incrementarla. En segundo lugar, Rajoy focalizó en la necesidad de simplificar, reducir trabas y hacer una administración más eficiente, todo lo contrario de lo que tenemos ahora. Frente a eso, Sánchez ha propuesto una Ley de Función Pública que contempla incorporar a la gente ‘a dedo’, en vez de potenciar los conocimientos y las nuevas habilidades en las promociones. Eso no es reformar la administración, es crear un problema. De aquí a 2030 se va a jubilar entre el 35 y el 50% de los empleados públicos, por eso decimos que es la auténtica gran oportunidad para reformar la administración, introducir la robótica, la IA, el Big Data... Es que además tenemos recursos de la UE para ello. Si no se hace ahora, no se hará nunca.

Comentó antes que hay que replantearse el sistema de los fondos. ¿Qué cambiarán ustedes?

En julio de 2021 ya empecé a ir a charlas sobre los Next Generation. Hemos mantenido muchas reuniones en los últimos días y la conclusión es que el primer cambio que hay que introducir es una cogobernanza real, en la que participen la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las Diputaciones, los ayuntamientos y el sector privado porque esto es un proyecto de país. En segundo lugar, hay que agilizar los trámites con incentivos, con deducciones fiscales que permitan que el proceso sea mucho más rápido. Y, por último, hace falta más transparencia porque nadie sabe cuánto dinero se ha invertido. Tenemos un equipo trabajando con dedicación exclusiva solamente en los Next Generation para intentar identificar dónde podemos ser más ágiles: estamos hablado con las grandes consultoras, con empresas, grandes y pequeñas, y tenemos bien identificados todos los problemas.