Un promesa electoral sin «cobertura presupuestaria»

Era, según el propio Manuel Chaves, «uno de los ejes de la política del Gobierno» y la concesión de las ayudas sociolaborales a empresas en crisis –que terminó generando un fraude de casi 680 millones de euros de dinero público– figuraba además entre los compromisos electorales del PSOE andaluz. Y la Audiencia de Sevilla tiene claro cuál fue el origen del «déficit arrastrado por el programa presupuestario utilizado para la concesión de las ayudas». La forma en que se generó dicho déficit, recalcan los magistrados en la sentencia, «no fue otra que la adquisición de compromisos por parte de la Consejería de Empleo por encima de la cobertura presupuestaria». Es decir, que en los presupuestos del departamento andaluz de Trabajo no había dinero suficiente para cumplir esa promesa electoral. La solución por la que optó la Junta presidida por Chaves, según concluye la Sala, «solo fue posible porque los compromisos de pago se contraían al margen de la disponibilidad presupuestaria», enmascarados a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para eludir cualquier tipo de control previo de la Intervención.

En la sentencia se hace hincapié en que la intervención del Consejo de Gobierno andaluz en la concesión de las ayudas fue «nula» pese a su elevada cuantía, porque «la opacidad del sistema exigía» que «no tuviera participación alguna». Resulta «paradójico», dicen los magistrados, que pese a que la decisión política partió del Ejecutivo de Chaves y de «las grandes cantidades de dinero que salían de las arcas públicas andaluzas», la Junta «no tuviera conocimiento ni tuviera la última palabra» en su concesión.

Pero ese alegado «desconocimiento» no le vale al tribunal, que insiste en que «no puede beneficiar a quienes voluntariamente aceptan no deliberar sobre determinadas cuestiones cuya aprobación tienen legalmente atribuida».

Los «intrusos»

En total, 680 millones de euros que deberían haber sido utilizados para ayudar a empresas en crisis y trabajadores que perdían sus puestos de trabajo y que, en cambio, fueron desviados a fines que no tenían nada que ver. Ayudas sociolaborales que se «convirtieron» en pagos a intermediarios, despachos de abogados, sindicatos e «intrusos», aquellas personas que no tenían relación alguna con empresas en crisis y que aparecieron en las listas de quienes iban a recibir esas ayudas. A estos «intrusos» hace referencia la sentencia cuando alude a la inclusión de beneficiarios en pólizas colectivas, derivadas de expedientes de regulación de empleo, «de personas ajenas totalmente a la actividad de la empresa, lo que se ha venido denominado “intrusos”».

Y, junto a ello, la resolución lanza un duro reproche a los gobernantes entonces de la Junta de Andalucía por no mover un ápice para recuperar el dinero malversado. En un párrafo más que significativo se resume la constatación del Tribunal al respecto: «Las consecuencias económicas par los fondos públicos de la Junta de Andalucía fueron claros e importantes, y con independencia de la decisión adoptada por ésta de no realizar ningún expediente de revisión o reintegro con respecto a las empresas por las denominadas ayudas sociolaborales, limitándose a los denominados “intrusos” o irregulares», y a determinadas compensaciones. De esa forma, existió una «imposibilidad de poder, ni siquiera, incoar expedientes de revisión» para lograr recuperar para el erario público parte de dinero malversado.

Los pasos del «sistema»

Todo estaba perfectamente diseñado para que funcionara un sistema perfectamente engranado, pero el mismo fue detectado por la Intervención y, a partir de ahí, se pudo tirar del hilo hasta sacar a luz como funcionaba el mismo y cómo se alimentó el «fondo de reptiles».

De la investigación se desprende hasta siete etapas en ese sistema que culminó en un fraude millonario y un perjuicio más que notable para el interés y el dinero público. Éstas eran las siete etapas:

1.- Una empresa en crisis planteaba un Expediente de Regulación de Empleo.

2.- Se produce una negociación entre la empresa, los sindicatos y los intermediarios.

3.- El acuerdo se entregaba a una consultora.

4.- Se incluye a los «intrusos» con la supuesta connivencia de la Dirección General de Trabajo y la consultora.

5.- Se aprobaba el ERE por la Dirección General de Trabajo, del que era máximo responsable Francisco Javier Guerrero, y la consultora en cuestión.

6.- El pago se realizaba a través de aseguradoras y consultoras.

7.- Las consultoras transferían el dinero a los intermediarios, despachos de abogados y a los sindicatos.

Aquí tenía un papel relevante los responsables de la consejería de Empleo, a favor de la cual se incrementaban los créditos necesarios. Esas modificaciones pasaban por el Departamento de Hacienda y, finalmente, el Consejo de Gobierno de la Junta las aprobaba. Y vuelta a empezar.